Diputados del PRI solicitaron al titular del ejecutivo Federal asegure las condiciones de seguridad para que en México las organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, puedan ejercer plenamente la promoción, difusión y defensa de las garantías fundamentales.

El integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Noé Fernando Garza Flores (PRI), expresó que la inseguridad se ha convertido en el principal problema para la sociedad, por lo que la participación de las organizaciones civiles en el diseño de estrategias y solución es determinante.

Indicó que las organizaciones no gubernamentales (ONG) han jugado un papel fundamental, y en México han adquirido gran importancia.

“El trabajo de estos organismos ha rendido frutos en diferentes aspectos en la vida política, económica y social. Es tan amplia su actividad que se puede afirmar que los beneficios que recibe la sociedad son muchos”, subrayó.

Detalló que la participación de estas organizaciones en México se ha concentrado en la defensa por los derechos humanos de la mujer, de los niños, de los indígenas, así como de la democracia a través del voto.

A pesar de ello, precisó, las actividades de las organizaciones se han visto afectadas, debido al clima de inseguridad que impera en el país y a la falta de garantías para realizar sus trabajos.

“Muchas de estas ONG están restringiendo sus actividades de apoyo comunitario, afectando con ello a miles de personas que viven bajo niveles de extrema pobreza, pues no sólo es la delincuencia organizada quien agrede y amenaza, sino agentes estatales, policías ministeriales y militares”, destacó.

De acuerdo con el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, el incremento de la violencia relacionada con el crimen organizado ha intensificado la vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos, por lo que la ausencia de un enfoque de derechos humanos en el diseño e implantación de algunas políticas de seguridad puede llegar a ocasionar restricciones de derechos indispensables para que ejerzan su labor.

Garza Flores manifestó que los defensores tienen que hacer frente a muchos de los prejuicios que aún subsisten en torno a los derechos humanos, ya que “no se han valorado las aportaciones que hacen con su actividad al fortalecimiento de la democracia, al combate de la impunidad, a la protección de los derechos de las víctimas, a generar espacios de diálogo y rendición de cuentas”.

Recordó que diversos medios de comunicación dan razón ya de la inseguridad que impera en al menos ocho regiones del país, que ha paralizado actividades sociales gratuitas que ofrecían asociaciones médicas y religiosas de Estados Unidos, sobre todo en ciudades fronterizas de Chihuahua y Tamaulipas.

“Organizaciones que tradicionalmente llevaban asistencia médica y legal, defensa de los derechos humanos, programas de desarrollo social y alimentos, suspendieron algunas de sus incursiones de campo y han adoptado protocolos de seguridad en previsión de agresiones”, agregó.

Por ello, pidió que ante las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan las ONG, el Ejecutivo implemente medidas para garantizar condiciones mínimas de seguridad para realizar sus actividades.

Suscriben el punto de acuerdo que analiza la Comisión de Seguridad Pública, los diputados Noé Fernando Garza Flores, Tereso Medina Ramírez, Melchor Sánchez de La Fuente, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Franco López, Hugo Héctor Martínez González, Francisco Saracho Navarro y Héctor Fernández Aguirre.

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