Determinar los precios de las gasolinas y el diesel representa un esquema complejo, porque la metodología no brinda un margen significativo de recaudación a las entidades, dado que no considera factores geográficos que pudieran incidir en el valor de los energéticos.

Así lo señala el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, en el documento “Determinación de los precios de las gasolinas y el diesel en México”.

Indica que la continuidad de la política de alzas en los precios de los combustibles, así como la realidad de un repunte económico en el presente año y la perspectiva de un 2011 de menor impacto, exigen un mayor análisis sobre el marco jurídico que acoge los posibles cambios en la metodología y la definición de los responsables para su determinación.

Puntualiza que el fortalecimiento de la transparencia obedece a la necesidad de esclarecer los factores que contiene la metodología inherente al mercado, los que inciden en los consumidores y aquellos que afectan las finanzas públicas.

En ese sentido, abunda el documento, una aproximación teórica a la administración pública del sector de los energéticos resulta pertinente, ya que a través de ella se delimitan los roles del Estado y del mercado, a fin de desarrollar esquemas de precios donde el primero actúe eficazmente permitiendo el desarrollo del segundo con una orientación social.

Subraya que el sector energético, además de concebirse como un mercado incompleto, se puede considerar un monopolio natural que se caracteriza por altas rentas económicas, actividades de riesgo elevado y operación a gran escala, así como por la importancia que tiene en diferentes ámbitos: hacienda pública, efectos inflacionarios, distributivos y de soberanía.

De ahí, menciona, el interés de reformular los esquemas para la determinación de precios, dotándolos de selectividad y objetivos temporales precisos, con eficacia en el sentido de preservar los mecanismos de los precios y potenciar la expansión del mercado, así como la procuración de la estabilidad de los ambientes social, económico y político.

Resalta que la modificación de los precios de los combustibles sin una visión integral ni la participación plena de los responsables que están definidos en el marco legal, podría significar costos económicos para los individuos y falta de saneamiento en las finanzas públicas.

Además, con la intervención de otros actores se evita que una sola institución extralimite sus capacidades, lo que mejora la asignación de recursos y mejora la calidad y disponibilidad de información; de lo contrario, se crean mecanismos de decisión rígidos y centralizados que inhiben la participación de algunos grupos y favorecen a otros.

Enfatiza que Hacienda ejerce la función estatal al controlar los precios; Petróleos Mexicanos constituye el monopolio dentro del mercado, “lo que sitúa al país a un esquema como el venezolano de cierta rigidez, con acciones que no reflejan el comportamiento del mercado y más lejos del modelo brasileño, donde la empresa Petrobras aplica impuestos que fija el gobierno, reduce los impactos sociales de los costos de los derivados que se generan a través de su cotización internacional”.

Refiere que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la facultad de establecer, con base en análisis técnicos, los precios de las gasolinas y el diesel dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Respecto de la Secretaría de Economía y la Comisión Reguladora de Energía, la primera tiene la voz en la encomienda de establecer y revisar precios y tarifas; la segunda cuenta con la atribución de aprobar y expedir los términos y condiciones a que deberán sujetarse las ventas bajo esquemas donde no exista competencia efectiva. Mientras que la Comisión Federal de Competencia establece las condiciones que debe guardar el mercado de los energéticos.

El CESOP menciona que en esos mandatos legales “no existe la obligatoriedad para los responsables de transparentar las decisiones que se toman en la política de precios, ni de dar a conocer los análisis técnicos que sustentan las modificaciones que hasta la fecha ha concretado el gobierno federal, y tampoco hay reglas establecidas sobre cómo se desarrollarán futuros cambios en el valor de las gasolinas y el diesel”, finaliza.

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