La Cámara de Diputados aprobó importantes reformas en materia de salud, educación, seguridad pública, derechos humanos, electoral y desarrollo rural sustentable, durante el periodo ordinario del 1 de septiembre al 15 de diciembre del presente año.

Como ha sido una constante en los últimos años, las actividades que los grupos parlamentarios impulsaron en consonancia con sus agendas legislativas, sumado a las responsabilidades legales de esta Soberanía, así como a los consensos logrados al interior de las comisiones, incrementaron considerablemente el ritmo de los trabajos legislativos, prueba de ello se refleja en la cantidad de asuntos presentados y de resoluciones adoptadas por el Pleno.

Entre ellas, se avaló la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, con lo que se establecen castigos de 40 a 70 años de prisión y de seis mil a 12 mil días multa si la víctima es privada de su vida por los raptores, además de castigar el secuestro exprés.

Del mismo modo, se aprobaron diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación nutricional y regulación de venta de alimentos y bebidas en los planteles escolares de nivel básico, así como las relativas al fomento de la enseñanza en materia de nutrición, educación física y práctica del deporte.

Otra reforma fue en torno a la educación media superior obligatoria. Mediante la modificación a los artículos 3 y 31 de la Constitución Política, se establece que tanto la Federación, como los estados, el Distrito Federal y municipios deben impartir de manera obligatoria la Educación Media Superior; asimismo, se efectuaron las modificaciones a los artículos 4 y 73 para que las decisiones del Estado garanticen los derechos de la niñez.

Los diputados también hicieron cambios a los artículos 406, 407 y 412 del Código Penal Federal, a fin de blindar los procesos electorales y sancionar con multa de cien a doscientos días y prisión de uno a seis años, al funcionario partidista o al candidato que obtenga o utilice, a sabiendas y en su calidad de precandidato por sí o por interpósita persona, fondos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas.

En el periodo ordinario el Pleno aprobó modificaciones al Capítulo I del Título Primero y a diversos artículos de la Carta Magna, por las que se elimina la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar casos graves de violación a los derechos humanos y ésta se le otorga a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La reforma aporta un amplio y vigoroso sistema de protección a los derechos humanos. Asimismo, acrecienta la competencia de la CNDH para conocer también de violaciones a los derechos laborales. Amplía sus facultades para interponer controversia constitucional contra tratados internacionales que limiten derechos humanos.

También hubo reformas a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable sobre la difusión de los programas y beneficios económicos que se deriven de la aplicación del Programa Especial Concurrente (PEC) para el Desarrollo Rural Sustentable y a la Ley Agraria, referentes a ampliar la cobertura de unidades productivas para el desarrollo integral de la juventud.

Otra modificación fue a la Ley General de Salud, mediante la cual se regula la venta de las llamadas bebidas energizantes o adicionadas con cafeína. En ésta, se prohíbe la venta o suministro de las bebidas referidas a menores de edad, mujeres embarazadas, personas hipersensibles a la cafeína y con padecimientos cardiovasculares.

Las bebidas no podrán ser adicionadas con vitaminas ni minerales y en ningún caso y de ninguna forma se podrán expender o suministrar mezclas que contengan bebidas alcohólicas y energéticas adicionadas con cafeína al mismo tiempo. Precisa que en la etiqueta se deberá señalar que no se podrá consumir más de 500 mililitros al día y especificar: “Este producto contiene cafeína. El consumo elevado puede provocar intoxicación, insomnio, alteraciones cardiovasculares y neurológicas”.

Por otra parte, con la aprobación del Reglamento de la Cámara de Diputados, efectuada en el Primer Periodo del Segundo Año de Ejercicio de la LXI Legislatura, se permitirá abatir el rezago legislativo.

Se norma la actividad parlamentaria y define los procedimientos internos que harán más eficiente su estructura y funcionamiento.

El Reglamento establece los derechos y obligaciones de los diputados y diputadas para el cumplimiento de sus funciones, tanto en el Pleno como en comisiones. Se precisan las discusiones plenarias y se regula el plazo para dictaminar las iniciativas.

Además, se norman las comparecencias de los funcionarios del ejecutivo Federal ante comisiones y se reglamenta la pregunta parlamentaria como un método de obtención de información.

En este periodo de sesiones se acordaron reformas a Leyes de los institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Seguro Social, a fin de eliminar términos que se consideran discriminatorios, a la Ley del IMSS se le hicieron cambios para dar certidumbre jurídica al monto de las pensiones de los trabajadores.

Se aprobó la creación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; la expedición de normas para la protección a refugiados, la Ley de Cooperación Internacional y se hicieron reformas para el otorgamiento de vales de medicinas.

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