A fin de fortalecer la capacidad de las corporaciones de seguridad pública en su lucha contra el crimen organizado, el diputado Sergio Arturo Torres Santos (PAN), impulsa una iniciativa para que las armas decomisadas al narcotráfico no sean destruidas sino donadas a las fuerzas policiales municipales y estatales.

Afirmó que con la destrucción del armamento incautado se desaprovecha la oportunidad de dotar de equipo a ayuntamientos que no cuentan con los recursos financieros suficientes.

“Uno de los mayores problemas a que se enfrentan los cuerpos de seguridad es el armamento, que resulta en ocasiones antiguo, en malas condiciones de uso, de bajo calibre o inexistente”, subrayó.

Precisó que según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se han decomisado al crimen organizado alrededor de 180 mil armas en los últimos tres años, y que a la fecha hay 160 mil a disposición de los jueces federales, a la espera de ser destruidas. “Sólo el cinco por ciento de las armas incautadas a grupos criminales son rescatadas porque tienen un valor histórico, económico o académico”.

En este sentido, precisó que las policías estatales y municipales que integran a 91.3 por ciento de los elementos que hay en el país, sólo han adquirido armamento nuevo suficiente para dotar a 20 por ciento de sus 390 mil 657 elementos en los últimos tres años.

“Es necesario implementar acciones, estrategias y medidas para hacer frente a la delincuencia organizada y sus efectos nocivos, entre ellos la creciente violencia que ha ocasionado miles de muertos”, indicó.

La iniciativa que reforma la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de armas de fuego, se turnó a la Comisión de Defensa Nacional y a la de Gobernación.

Establece que en el caso de que sean las Fuerzas Armadas quienes efectúen la incautación de armamento, este material se destine a los cuerpos policiacos locales que tengan mayor rezago en su armamento, aclarando que sólo se trata de armas cortas y largas que puedan ser utilizadas para las labores policiales de seguridad pública.

Subrayó que existe un abismo enorme entre el total de armas adquiridas, que ascienden a 79 mil 498, contra las 300 mil que ingresan ilegalmente cada año al país provenientes de Estados Unidos, entre las que se encuentran ametralladoras, subametralladoras, granadas, lanzacohetes y municiones antitanque.

“Por tal motivo, se debe pensar en mecanismos más avanzados, decididos e institucionales para abatir este problema, ya que es la autoridad municipal quien debe realizar acciones para garantizar la tranquilidad, paz y protección de la población”, concluyó.

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