El diputado Arturo Zamora Jiménez (PRI) propuso al Pleno de la Comisión Permanente, exhortar al director general de Pemex a que presente un informe sobre las condiciones técnicas y operativas de los ductos que transportan hidrocarburos por toda la República, así como los Atlas de riesgo para cada una de las entidades federativas.

El punto de acuerdo plantea también que el funcionario informe sobre la identificación geográfica de los ductos, los riesgos para los habitantes de comunidades cercanas, así como los planes de prevención en materia de protección civil y de impacto en la ecología.

El legislador destacó que con motivo de los trágicos acontecimientos del pasado 19 de diciembre de 2010 ocurridos en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, es necesario modificar los métodos de control y prevención en la operación de los ductos del país, propiedad de Petróleos Mexicanos o también de particulares para el caso de la conducción de gas natural y de gas LP.

Es evidente, agregó, la vulnerabilidad en la que se encuentra la población civil, expuesta a explosiones o incendios en estos ductos; sobre todo por el fenómeno de las tomas clandestinas, que en el periodo de enero a octubre de 2010 se informa que se han detectado 614 puntos.

“Estos números son alarmantes porque estas tomas clandestinas que se han detectado suponen la existencia de 2 por día durante el año anterior y este panorama, por supuesto, a nadie nos puede parecer una situación que debamos omitir para evitar los accidentes que puedan seguir ocurriendo en las redes de los ductos del país”.

Ésa es la razón, abundó Zamora Jiménez, por la cual estamos muy interesados en solicitarle a Petróleos Mexicanos, que tiene una red de 37 mil 621 kilómetros de instalaciones de este tipo, que nos informe sobre las instalaciones, las redes que se encuentran diseminadas en el país, las que están en uso, las que están en desuso y qué tipo de elementos están transportándose en estos lugares.

Caso Marisela Escobedo

Por su parte, la diputada Magdalena Torres Abarca presentó un punto de acuerdo suscrito por las legisladoras Enoé Uranga Muñoz y Esthela Damián Peralta, del PRD, en relación con el feminicidio de Marisela Escobedo. En éste, solicitan a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua fijar plazos para dar avances de las investigaciones y que, en colaboración con el Poder Judicial de aquella entidad, admitan públicamente la responsabilidad que tienen respecto del asesinato de la activista.

Además, exhorta a la Procuraduría General de la República haga una evaluación seria respecto del desempeño de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Solicita también a la Secretaría de Relaciones Exteriores que otorgue todo el apoyo necesario a los familiares de Marisela Escobedo ante las autoridades de Estados Unidos para que reciban asilo.

Finalmente pide a la Secretaría de Seguridad Pública Federal que brinde todas las medidas de protección a fin de salvaguardar la integridad física y emocional a los familiares de la activista. Se turnó a la Primera Comisión de Trabajo.

Comisión Internacional de Límites y Aguas debe explicar acta 318

En tanto, el senador Adolfo Toledo Infanzón (PRI) presentó un punto de acuerdo por el que solicita la comparecencia del titular de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México-Estados Unidos, así como del secretario de la Sección Mexicana a fin de que expliquen las razones y posibles consecuencias del acta 318, firmada por los dos países el 17 de diciembre de 2010.

Dicha acta, explicó, está relacionada con el ajuste de calendario de entregas de agua del río Colorado a México, en el periodo comprendido de 2010 a 2013 con motivo de los daños en la infraestructura del distrito de riego 14 del río Colorado, ocasionados por los sismos ocurridos en el valle de Mexicali, en abril del año pasado.

Indicó que de acuerdo con datos de la Secretaría del Interior estadounidense, se estima que las reservas de la cuenca del río Bravo, principal fuente de agua para el estado de Baja California, han caído en un 55 por ciento desde el 2010. El punto de acuerdo se turnó a la Segunda Comisión de Trabajo.

Proponen comparecencia de secretario ejecutivo del SNSP

A su vez, el senador René Arce Círigo, del grupo parlamentario del PRD, propuso ante el Pleno, solicitar la comparecencia del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que informe sobre el avance en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales relativas a la prevención del delito, el índice de violencia y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

“Nos tendría que decir qué ha pasado con los más de 80 mil millones de pesos que se han invertido en los últimos 15 años. Más de 5 mil millones en promedio por año. También, por qué hay subejercicios en un asunto tan delicado como es la seguridad pública y, fundamentalmente, si lo que hay como estrategia ha dado resultados a partir de evaluaciones”. Se turnó a la Primera Comisión de Trabajo.

Concluidos los asuntos del orden del día, se levantó la sesión y se citó para la próxima que tendrá lugar el miércoles 12 de enero a las 11 horas.

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