Penalizar los delitos de trata de migrantes indocumentados; capacitar a los agentes migratorios y crear grupos estatales y municipales de protección de los derechos humanos de estas personas, son algunas de las principales propuestas de diputados para proteger las garantías de quienes se internan en México sin documentos legales.

Así lo señala el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, en el documento “Migración y derechos humanos. La migración indocumentada en México y algunas opiniones sobre la ley SB1070”.

Indica que en lo que va de la LXI Legislatura y hasta el 2 de diciembre de 2010, a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios le han sido turnadas 13 iniciativas, en las que se impulsa el respeto y protección de los derechos humanos de los extranjeros en las estaciones migratorias.

Se resalta que los abusos sufridos por inmigrantes indocumentados en el país, según la Federación Internacional de los Derechos Humanos, hacen necesario actualizar la legislación, considerando que México es un receptor, de tránsito y de expulsión de migrantes, y que uno de los desafíos del mundo es el diseño de políticas de desarrollo social en las regiones expulsoras de población conjuntamente con los receptores de migrantes.

Algunas investigaciones, refiere el documento, señalan que el endurecimiento de las políticas migratorias conlleva al incremento de los argumentos antiinmigrantes de los grupos que asocian la migración con el terrorismo, el crimen, la violencia y la pérdida de “valores” norteamericanos”, ante lo cual organizaciones y grupos de la sociedad civil han incrementado su activismo para apoyar y defender a los indocumentados.

Refiere que en la LXI Legislatura se aprobó una minuta que reforma la Ley General de Población para establecer que no se podrá negar o restringir a los extranjeros, cualquiera que sea su situación migratoria, la atención de quejas en materia de derechos humanos y la procuración de justicia en todos los niveles.

Además, los extranjeros tendrán derecho a ser auxiliados en el caso de desastres, así como a recibir la atención médica que requieran en enfermedades o accidentes que pongan en riesgo su vida, independientemente de su situación migratoria, y establece que los empleados de la Secretaría de Gobernación serán sancionados con suspensión de empleo hasta por treinta días o destitución en caso grave, cuando no expidan la Cédula de Identidad a la persona que se presente con los documentos requeridos o retengan indebidamente dicha Cédula una vez expedida.

El CESOP destaca en su estudio que la inmigración de indocumentados centroamericanos en México es un tipo de migración forzada, y en su trayecto se acompaña de atentados contra la seguridad y la vida misma de los migrantes, así como asaltos, violaciones, extorsiones, secuestros, detenciones, deportaciones, asesinatos, explotación laboral y sexual, así como inseguridad y exclusión.

Menciona que los instrumentos internacionales de protección obligan al Estado a proteger los derechos humanos básicos de “todos los individuos dentro de su territorio y sujetos a su jurisdicción", pero el problema reside en que la mayoría de los Estados no reconoce explícitamente su aplicabilidad a los no nacionales.

Tan sólo en los Estados Unidos, resalta, la Ley SB1070 de Arizona y otras similares que se han aprobado, son una respuesta local al fracaso de una reforma migratoria en el Congreso.

Destaca que la migración es uno de los fenómenos que caracterizan a la nueva sociedad global y que las migraciones, a pesar de los argumentos en contra, tienen beneficios tanto para los lugares de origen como los de destino.

Indica que la internación de extranjeros indocumentados a México se ha incrementado consistentemente. “Aunque no hay cifras precisas al respecto, debido a que los inmigrantes entran de forma clandestina, los datos disponibles son de las personas aseguradas en las estaciones migratorias detenidos por infringir la Ley General de Población, su Reglamento u otras disposiciones legales en México”.

Se destaca que la estadística de asegurados incluye a los menores de cualquier país, que por disposición legal se les realiza este proceso, a fin de garantizar la protección de sus derechos y los migrantes alojados acogidos a la repatriación voluntaria.

Refiere que en 2010, alrededor de 3 por ciento de la población mundial, es decir cerca de 214 millones de personas, residían en un país diferente al que nacieron, y que más de tres cuartas partes de los migrantes internacionales se dirigen a un país con un nivel de desarrollo humano superior al de su lugar de origen.

Abunda que en la actualidad, diez por ciento del total de mexicanos residen fuera del país y la mayor parte de ellos emigró hacia los Estados Unidos, siendo ésta la más importante de las migraciones en la escala mundial.

Subraya que México es uno de los principales países expulsores de mano de obra, así como una nación de transición migratoria de un importante flujo de personas, que tiene como destino final Estados Unidos.

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