La Comisión Especial de Seguimiento y Análisis del Daño Ecológico e Impacto Social y Económico generado por Petróleos Mexicanos (Pemex), se manifestó porque la paraestatal y las empresas subcontratadas por ella, se sujeten a las normatividades ambientales y se hagan cargo de los posibles daños civiles y ecológicos generados por la industria.

Por ello, adelantó, impulsará acciones legislativas que garanticen un desarrollo sustentable y equilibrado con políticas de prevención, protección ecológica y social, para preservar y acrecentar el bienestar.

Así se indica en el plan de trabajo de la Comisión Especial, presidida por el diputado Óscar Román Rosas González (PRI) y publicado en la Gaceta Parlamentaria, donde refiere que la utilización y explotación de los recursos naturales en el mundo ha sido pieza clave para el desarrollo industrial de las sociedades contemporáneas; pero también ha ocasionado la degradación de ecosistemas y formas de vida.

Precisa que en el caso de México, la industria petrolera es un ejemplo de ello, pues “sus actividades de exploración, producción, refinación, mantenimiento y distribución, generan riqueza y empleos; sin embargo, también ocasionan costos ambientales y sociales que no han sido compensados”.

La Comisión Especial destaca que ante ello, sus objetivos seguirán siendo dar puntual seguimiento y analizar el estado que guardan los pasivos ambientales generados por Pemex.

Además de mantener un diálogo abierto y comunicación recíproca con autoridades federales, estatales y municipales, con relación a los efectos producto de dicha actividad.

Entre otras acciones está la de promover foros, encuentros y reuniones con instituciones académicas, organizaciones civiles, sectores industriales y población afectada por la industria petrolera.

También impulsar, en las entidades federativas donde se asienten actividades petroleras, la creación de comisiones que investiguen el daño ecológico generado por Pemex.

De igual modo, impulsar iniciativas de ley y puntos de acuerdo que permitan resarcir los daños ambientales, sociales y económicos generados por Pemex; crear una base de datos técnicos y científicos, a fin de sistematizar la información generada por la comisión.

Formular propuestas de instrumentos y estrategias que hagan viable la transferencia de recursos para enfrentar los impactos negativos de la actividad petrolera en diversas regiones del país.

Además de plantear convenios de colaboración con institutos nacionales e internacionales especializados en temas ambientales, a fin de realizar estudios integrales del impacto ambiental generado por la industria petrolera y sus consecuencias sociales y económicas.

La líneas de acción y de trabajo, añade el documento, prevén reuniones con el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel; el procurador federal de Protección al Ambiente, Patricio Patrón Laviada, y el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada.

También solicitará datos técnicos de los proyectos, de los programas y de las medidas destinados a evitar y corregir fugas de hidrocarburos, gases, químicos que esté implantando Pemex en la presente administración; así como pedir información relativa a las zonas de riesgo y pasivos ambientales en todo el país.

Igualmente, realizar giras en terminales, estaciones de bombeo y zonas donde se han registrado fugas y derrames para proponer conjuntamente acciones preventivas y correctivas, así como recoger las demandas de comunidades, grupos sociales y ciudadanos afectados por la actividad.

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