La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) informó a la Cámara de Diputados de la necesidad de fortalecer la inspección en las entidades federativas receptoras de trabajadores temporales, como resultado de la aplicación de la Estrategia para la Atención de los Jornaleros Agrícolas y sus Familias.

Explicó que a través de la Inspección Federal del Trabajo y las Delegaciones Federales del Trabajo, se realizan visitas de supervisión laboral, seguridad e higiene y capacitación y adiestramiento, prestando especial atención en las empresas e industrias “donde se presume que hay un alto índice de trabajo infantil”.

Así se indica en el oficio que remite el subsecretario del Trabajo de la STyPS, Joaquín Blanes Casas, en respuesta a un punto de acuerdo aprobado por el Pleno el 28 de septiembre de 2010, relativo a la explotación laboral infantil en los campos agrícolas.

La comunicación que se dio a conocer en el Pleno de la Permanente fue remitida a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados para conocimiento.

En el documento se destaca que durante 2009 se practicaron 42 mil 502 visitas de inspección, de las cuales 10 mil 512 corresponden a la materia de Condiciones Generales de Trabajo (CGT); y hasta noviembre de 2010 se llevaron a cabo 46 mil 656 supervisiones, en las que 10 mil 910 se refieren a esta materia.

También se realizaron operativos especiales en campos agrícolas, minas subterráneas de carbón e industria de la construcción, “por ser consideradas de interés en el tema por la Organización Internacional del Trabajo”.

Como resultado de los mismos, y en el caso de los menores detectados en los citados operativos especiales, se dio parte a la autoridad laboral local para que procediera conforme a sus facultades, toda vez que en la actividad agrícola no se contempla en las ramas industriales y actividades económicas de competencia federal respecto a la vigilancia en materia de condiciones generales de trabajo, abunda el documento.

Precisa que dentro de las disposiciones que en materia de seguridad e higiene fueron verificadas, destacan por su importancia, prohibir que se realice carga manual de materiales con pesos de más de 35 kilogramos a trabajadores varones menores de 18 años; que se realice carga manual de materiales a mujeres con pesos de más de 20 kilogramos.

De igual forma, prohibir que los menores realicen actividades con plaguicidas y que laboren en el interior de las minas subterráneas de carbón. Además de otorgarles mejores servicios al personal y mayor prevención de medicina.

Refiere que en 2010 a 21 empresas agrícolas ubicadas en los estados de Baja California, Jalisco, Sinaloa y Sonora, se les otorgó el distintivo “Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil”, por haber adoptado una política de cuidado y protección a menores.

Por lo que se convirtieron en los primeros centros laborales del país en ser reconocidos por su práctica de responsabilidad social dirigida a la no contratación ni utilización de mano de obra infantil, además de establecer procesos para el desarrollo integral de las familias de los trabajadores, con particular atención en las niñas y niños.

En el documento se precisa que se solicitó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la realización de una tercera fase del Proyecto de Cooperación Técnica IPEC-OIT (Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil), así como su apoyo para iniciar un nuevo programa específico en relación con el trabajo infantil de los jornaleros agrícolas.

También se autorizó la ejecución del proyecto “Alto al Trabajo Infantil en la Agricultura”, con un presupuesto de cuatro millones 750 mil dólares, con el objetivo de fortalecer las estrategias nacionales y las políticas públicas para la atención del trabajo infantil agrícola, resultante de la migración interna y de la población infantil indígena.

El subsecretario Blanes Casas refiere que la estrategia “Enlaza”, que conjunta servicios y apoyos para establecer un vínculo de atención integral para la población jornalera agrícola, cuenta con cinco módulos e integra una base de datos con 176 regiones de atención en 27 estados que identifican a más de 1.7 millones de jornaleros, los cuales representan el 83 por ciento de la población potencial.

Destaca que el proyecto de acreditación de habilidades y certificación de competencias laborales para los jornaleros agrícolas se ejecuta en coordinación con el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA-Rural), asociación de participación estatal mayoritaria sectorizada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Con esta asociación estratégica, precisa, se certificaron en 2008 a 973 jornaleros agrícolas a través de 40 talleres de capacitación en la norma técnica de competencia laboral “cosecha de hortalizas”, en 16 empresas agrícolas de Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit y Sinaloa.

En 2009, finaliza la respuesta a diputados, resultaron competentes en la misma norma mil 599 jornaleros agrícolas en cinco entidades federativas: Colima, Michoacán, Morelos, Sinaloa y Sonora, mientras que en 2010 se acreditaron cinco mil 20 jornaleros agrícolas en habilidades laborales en cosecha de hortalizas de Baja California, Coahuila, Jalisco, Morelos, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas.

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