El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, compareció ante diputados y senadores integrantes de la Tercera Comisión de la Permanente, para explicar las causas, circunstancias y consecuencias del siniestro ocurrido en San Martín Texmelucan, Puebla, el domingo 19 de diciembre.

El presidente de la instancia legislativa, diputado Francisco Javier Orduño Valdez (PAN) señaló que los hechos ocurridos en Puebla han generado una total indignación, lo que compromete y responsabiliza a combatir decididamente el crimen organizado.

Por ello, afirmó, seguirán impulsando reformas que fortalezcan la actividad petrolera del país, salvaguardando la soberanía nacional y los recursos de todos los mexicanos.

“Cuente con el apoyo del Congreso de la Unión para realizar los cambios legislativos necesarios para contrarrestar y erradicar el robo de combustibles”, destacó.

El diputado Arturo Zamora Jiménez y el senador Adolfo Toledo Infanzón (PRI) exigieron al director de Petróleos Mexicanos que informara puntualmente sobre las causas del accidente, y en torno al monto del robo de combustible, a fin de valorar a cuánto asciende el daño causado al patrimonio de los mexicanos.
Zamora Jiménez mencionó que de existir el delito de sabotaje se tiene que aplicar la ley, que establece una pena de 20 años de prisión a los responsables.

El senador Jesús Dueñas Llerenas (PAN) dijo que el robo de combustibles y el combate al crimen organizado no es un asunto que le competa exclusivamente al ejecutivo federal, sino que son responsables los tres órdenes de gobierno.

Por lo que preguntó, Pemex ¿qué mecanismos de coordinación ha adoptado con los gobiernos estatales y municipales para detener el robo de combustibles? “¿Qué hace falta, legislativamente hablando, para detener esta práctica de la delincuencia organizada?”.

El senador Rubén Fernando Velázquez López (PRD) cuestionó qué está cosechando Pemex de esta tragedia para prevenir daños futuros, sobre todo, porque los ductos atraviesan todo el territorio nacional, en grandes centros de población.

“Si no rescatamos alguna enseñanza de esta tragedia vamos a tener otras en el futuro. Tengo informes de que hay 37 mil kilómetros de ductos por todo el país”. En este sentido, preguntó qué tipo de mantenimiento se da a la red conductora de combustible.

Para el senador Ricardo Monreal Ávila (PT) que el siniestro en las cercanías del complejo petroquímico Independencia, se debe en parte al abandono y al descuido de ductos e instalaciones.

“El problema de Pemex es mucho más grave. La empresa está sometida a saqueos, robos y una insana cúpula sindical, de enorme corrupción, que junto con las políticas equivocadas y erráticas, han acabado con la paraestatal”.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (PRI) manifestó que la impunidad en este acontecimiento no puede seguir cuando se ha tenido la pérdida de vidas humanas, pues “la acción penal y la procuración de justicia tendrá que rendir cuentas a la sociedad sobre los culpables de la tragedia”.

Destacó que su partido estará al tanto de los 75 empleados de la empresa que están en proceso de investigación y solicitarán a la Auditoría Superior de la Federación que esté atenta en los temas de su competencia.

“Cuente con nuestra solidaridad para hacer un revisión integral al marco jurídico que nos permita hacer vinculatoria, moderna y mucho más eficaz la norma mexicana entorno a este tipo de circunstancias que debemos evitar, pero también sancionar”.

El diputado Cruz López Aguilar (PRI) expresó que la mayoría de los siniestros que se dan en el país son en algún predio rural y esta no es excepción. Agregó que la exploración y extracción del crudo se hace en zonas rurales, en propiedades de productores rurales y de campesinos mexicanos, y solicitó una mejor relación de la paraestatal con el campo, en cuanto a los fertilizantes.

La diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (PAN) mencionó que lo sucedido en San Martín Texmelucan es una catástrofe provocada por criminales, “cuya ambición los lleva a no tener consideración alguna de la vida y el bienestar de personas y familias inocentes que fueron víctimas de la extracción ilegal de hidrocarburos”.

Agregó que dichos acontecimientos obliga a los legisladores a intensificar políticas y acciones para combatir el crimen, pues se sabe que “en este momento se están operando tomas clandestinas en la red de Pemex y que hay complicidad de varios entes”.

Preguntó sobre las acciones que ha implementado la paraestatal para combatir el mercado ilícito de esos bienes y si hay colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales para la protección y vigilancia de la red de ductos.

A su vez, la diputada Esthela Damián Peralta (PRD) se manifestó por conocer en qué otra parte del país existen características similares a las de San Martín Texmelucan, que pudieran prevenirse y no lamentar cuando haya mexicanos muertos.

Dijo si es posible operar tomas clandestinas sin contar con la información respecto de horarios, sustancias y demás características de operación de los ductos, o los delincuentes, agregó cuentan con la información interna de la paraestatal para hacer las ordeñas.

Cuestionó porque la paraestatal se ha resistido a instalar mecanismos de detección de las ordeñas, como fibras, y en caso de que existan cuál es el motivo de su fracaso; y si los distribuidores de gasolina de Pemex están involucrados en la venta de naftas y que investigación se ha hecho de puntos de venta de combustibles procedentes de ordeñas.

Al responder a diputados y senadores, el director general de PEMEX reiteró que el siniestro fue por un incendio y no una explosión, y precisó que como resultado de los análisis hechos en el lugar, se originó en una toma clandestina fallida.

Dijo que se afectaron 140 inmuebles privados, 48 con daño total; se han pagado 32 indemnizaciones; 92 inmuebles tienen afectaciones menores, 66 ya fueron atendidos. Se han recibido 72 solicitudes por daños a los vehículos. En cuanto a los enseres domésticos, existen 78 reclamos.

Respecto a la propiedad pública, dos puentes fueron afectados, el de Atoyac tuvo daños parciales y el puente Rojo es pérdida total. La calle San Damián y las zonas aledañas ya están en proceso de repavimentación. Cinco canales de riego que ya están en normalizados al 100 por ciento.

Finalmente, el líder del grupo de análisis de integridad de ductos del Instituto Politécnico Nacional, Jorge Luis González Velázquez, explicó que de acuerdo con el análisis que se hizo, se observó que el ducto tenía una rotura, ya que muestra una deformación hacia el exterior y no se observa ningún daño visible por deterioro y no hay corrosión.

“Este tipo de roturas son generadas por la presión interna, lo que significa que de alguna manera la pared del tubo fue debilitada o sobre esforzada”, detalló el experto.
Resaltó que la velocidad del derrame fue muy alta, “estamos considerando prácticamente 15 minutos entre el momento del inicio de la fuga y en que se registran los primeros incendios”. Y afirmó que se estima que se derramó entre 60 y 120 barriles por minuto.
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