La Primera Comisión de la Permanente (Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia) aprobó la comparecencia del secretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, para que exponga el panorama real de la seguridad pública en el país, y de manera especial, la situación del crimen organizado en Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Coahuila, Durango y Guerrero.

Asimismo, acordó que las comparecencias del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) y el secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública --avaladas por el Pleno de la Comisión Permanente el 12 de enero—se lleven a cabo el jueves 20 de enero, a las 10.00 y 14.30 horas, respectivamente.

Mediante un dictamen con punto de acuerdo, avalado en reunión de dicha comisión presidida por el diputado Heliodoro Díaz Escárraga, se indica que con la intervención del presidente de la Comisión Permanente se determinará la fecha y hora para la comparecencia del titular de la SSP.
En el documento se refiere que la mayoría de las fuentes arrojan una cifra de 10 mil ejecutados durante 2010, así como 10 mil migrantes secuestrados, en el periodo de abril a septiembre de ese año, de acuerdo a la CNDH.

Se subraya que es necesario realizar un análisis de las políticas implementadas en materia de seguridad pública, y que los distintos órdenes de gobierno brinden una adecuada protección a la integridad personal y patrimonial de la población.

Añade que es indispensable restablecer el orden, la seguridad y la paz social, en aquellas zonas que han sido azotadas por los efectos relacionados al combate del narcotráfico; en la urgencia de reducir los altos índices de violencia que se han presentado durante los últimos años, especialmente en el 2010, y establecer compromisos para una eficiente coordinación institucional.

“Es conveniente conocer las acciones que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, ha emprendido para mejorar la seguridad en el país, ofrecer protección a la integridad personal y patrimonial para disminuir y combatir la delincuencia provocada por la delincuencia organizada”, puntualiza.
Los temas a tratar con el titular del INM son las acciones emprendidas para garantizar el respeto de los derechos humanos y la debida protección y seguridad de los migrantes extranjeros, los avances en relación el secuestro de alrededor de cuarenta migrantes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, el 16 de diciembre de 2010.

Con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se abordarán las acciones coordinadas de los gobiernos estatales y municipales para garantizar los derechos y garantías de igualdad, libertad, libre tránsito, medidas para proteger la integridad personal de extranjeros con o sin documentos y la participación del gobierno federal en el operativo previo al secuestro de 40 migrantes ocurrido el 1 de diciembre del año pasado.

De igual forma, la Comisión aprobó exhortar al ejecutivo federal, a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que los tres niveles de gobierno, implementen y refuercen las políticas públicas dirigidas a eliminar o contrarrestar la participación de menores de edad en bandas de delincuencia organizada.

El punto de acuerdo precisa que con estas políticas públicas se busca mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales y derechos.

Menciona que la sociedad se encuentra cada día más expuesta a la inseguridad pública y la delincuencia se ha convertido en uno de los problemas de mayor efecto social, ya que uno de cada 90 menores de 18 años pertenece a algún grupo de delincuentes infanto-juveniles y el 35 por ciento de los detenidos por narcotráfico es menor de edad.

Se aprobó además un punto de acuerdo para exhortar al titular del ejecutivo federal para que establezca y refuerce las medidas que sean necesarias, a través de las dependencias federales correspondientes y se solicita a las autoridades estatales y municipales competentes, garanticen la seguridad de trabajadores, pacientes e instalaciones de clínicas y hospitales públicos del país, particularmente en situación de vulnerabilidad y riesgo ante la delincuencia organizada.

Este dictamen refiere que han existido casos de profesionistas y trabajadores de la salud que han sido asesinados, secuestrados o amenazados por la delincuencia, así como por situaciones terribles provocadas por la irrupción de criminales en las unidades de atención médica.

Además, se avaló exhortar a los titulares de las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, a fin de resolver la problemática en el predio el Divisadero de Tenacatita, municipio de la Huerta, Jalisco.

Otro exhorto fue para la Comisión Especial encargada de vigilar el correcto uso de los recursos federales, estatales y municipales en los procesos electorales, para que reinicie de inmediato los trabajos relativos a vigilar el correcto uso de los recursos públicos en los procesos electorales locales que se llevarán a cabo en el 2011.

La Comisión también aprobó un pronunciamiento a favor de la libertad de expresión periodística, del derecho a la información y de la transparencia; asimismo, reprueba cualquier acto o similar que atente contra los derechos ciudadanos.

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