Ante diputados y senadores de la Tercera Comisión de la Permanente, compareció el director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Sergio Hidalgo Monroy Portillo, para informar sobre el uso y destino de los bienes de la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro.

El preside de dicha instancia, diputado Javier Orduño Valdez, subrayó que el proceso de extinción y liquidación es de trascendencia e interés público por sus efectos jurídicos, económicos y políticos; el cual tuvo como causa la prestación de un eficiente servicio público de suministro de energía eléctrica, con un principio de economía humana y servicio social.

Por tanto, dijo, la reunión es para analizar y discutir sobre el destino de los bienes públicos de la liquidación de un organismo descentralizado de la administración pública federal, “por lo que exige una observación que salvaguarde el destino de los bienes y recursos económicos de la extinta LyFC”.

El presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien estuvo presente en la reunión, externó su preocupación por el destino de los trabajadores que consideran que aún están pendientes sus derechos laborales y la solución definitiva con respecto a Luz y Fuerza del Centro.

“Es nuestra responsabilidad, lo seguiremos atendiendo, nos da gusto que pueda haber una respuesta clara y directa sobre qué está pasando con esos bienes; qué se está haciendo con absoluta transparencia con los bienes de Luz y Fuerza”, subrayó.

Reiteró que la Cámara de Diputados estará siempre dispuesta a recibir todas las sugerencias necesarias para mejorar el marco regulatorio. “Estoy seguro que es el ánimo de todas las fracciones”, aseguró.

Subrayó que la tarea de los diputados no termina en la exposición de los temas, sino en la revisión de todos los documentos que la acompañan, la soportan y la sustentan. “Creo que esta exposición demuestra que efectivamente hay un trabajo profesional; lo que nos toca hacer a los diputados ahora es examinar ese trabajo”.

En la primera ronda de preguntas, el diputado Cruz López Aguilar (PRI) cuestionó sobre las condiciones en que encontró los inventarios de la empresa, “al parecer había un desorden de administraciones anteriores; habrá algún fincamiento de responsabilidades a las administraciones que contribuyeron en tal desorden”, cuestionó el legislador.

“Me interesa conocer cuál es la relación que ha tenido el SAE con los trabajadores; porque los trabajadores están protegidos por la ley. Cómo ha sido la relación con los pensionados y trabajadores”, interrogó.

Por su parte, la senadora Minerva Hernández Ramos (PAN) se interesó en conocer el tema de las jubilaciones, de los derechos de los trabajadores y del costo anual que implica este proceso.

La diputada Magdalena Torres Abarca (PRD) cuestionó si se hizo un cálculo del impacto político y social que tendría la extinción de la compañía, porque existen más de 16 mil trabajadores afectados. “Cuáles son los ejes esenciales del plan estratégico para la desincorporación de LyFC”, señaló.

“Se aduce que las instalaciones e infraestructura son demasiado viejas u obsoletas y que es necesario que se destinen recursos suficientes para su mejora y desarrollar la red eléctrica para prestar un servicio de calidad, ¿no era mejor destinar los recursos suficientes para desarrollar la infraestructura eléctrica sin necesidad de extinguir LyFC?”, dijo.

El diputado Alberto Cinta Martínez (PVEM) preguntó cuántos bienes se han donado a partidos políticos y pidió abundar qué ha pasado con los extrabajadores que tenían derecho a su jubilación al momento de la liquidación.

En respuesta, el funcionario mencionó que sobre los ejes estratégicos de la liquidación, se tiene más del 97 por ciento del inventario de la empresa y faltan solo tres instalaciones.

“Tenemos el control de los bienes y lo que corresponde es vender, en este momento en la licitación de electrónica que llevamos a cabo se están vendiendo bienes que no son útiles para el servicio eléctrico. Esta subasta se lleva en línea y cada 15 días se da el resultado”.

Manifestó que los bienes, identificados en un cien por ciento, no se han puesto a disposición de ninguna empresa privada, y el valor de inventario es de 120 mil millones de pesos, donde el 80 por ciento del valor de los activos es de las subestaciones.

“No tenemos ningún problema de acordar un mecanismo para transparentar ante ustedes quiénes son los compradores de todo, aún de aquellos que vienen de procesos penales federales, compartiríamos esa información reservada para cuidar la integridad de las personas”.

En el plan estratégico hay dos decisiones fundamentales: cómo terminamos con estos bienes que son improductivos, cuándo terminaremos con la venta; y dos, qué vamos hacer con el pasivo de los jubilados, dijo.

“El SAE no tiene en sus arcas 300 mil millones de pesos; ni tiene los 11 mil millones que necesitamos para pagar la nómina de jubilados el próximo año, tenemos los recursos para este año”.

Dijo que en 2009 la junta de gobierno de LyFC estableció un programa para levantar inventarios en tres años y “nosotros en un año pudimos hacer lo que la empresa no pudo hacer en muchos años”.

De los extrabajadores que tenían derecho a jubilación, se ha tomado el control de los expedientes de personal y son más de 500 trabajadores que lograron acreditar que cumplían los requisitos y se han incorporado a la nómina de pensionados.

“Hay pensiones que alcanzan los 50 mil pesos, en promedio, y es una obligación del Estado, están entre los 50 y 60 años y el despacho actuarial sacó el cálculo de una obligación con los jubilados de más de 280 mil millones de pesos”, precisó.

Aclaró que la relación con extrabajadores se va a seguir atendiendo sus preocupaciones tanto a los que ya recibieron sus liquidaciones como a los que no. “Son más de 4 mil 500 millones de pesos que no se han pagado por liquidaciones porque los trabajadores no la han querido”.

Monroy Portillo recalcó que el SAE no ha donado ni un sólo bien de la extinta LyFC, todos los bienes han tenido sólo dos destinos: se han puesto a disposición del proveedor de electricidad a la CFE y los otros son los que se tendrán que vender y la venta de éstos serán para atender las obligaciones del SAE las cuales superan por mucho el valor de los bienes.

Al referirse a la disponibilidad presupuestal, mencionó que cuando LyFC entró en liquidación se separa el presupuesto que puede entregar la federación.

La cuenta de caja, informó es de 8 mil millones de pesos, el SAE tomó control absoluto de todas las cuentas de la empresa.

“Hemos solicitado recursos para dos propósitos incluidos en el decreto de extinción: para el pago de las indemnizaciones de los trabajadores, que para los 44 mil trabajadores sumaban 21 mil millones de pesos, la empresa no tenía los recursos para atender esa obligación y los 11 mil millones de pesos anuales que se van a requerir para el pago de jubilaciones”.

Monroy Portillo, dijo que hay transferencias presupuestales al liquidador pero en el marco del decreto, pero no en los mecanismos presupuestales que tenía LyFC en operación, expuso Hidalgo Monroy.

En la segunda ronda de preguntas, la diputada Esthela Damián Peralta (PRD) preguntó sobre las disponibilidades presupuestales que quedaron en el último trimestre del ejercicio 2009; cómo se aplicaron las partidas de LyFC como gasto corriente y que se le entregaron porque no se sabía que se iba a extinguir.

“Sabemos que el 25 por ciento de las partidas presupuestales no pudieron ser ejercidas; tenemos conocimiento que no se pagaron puntualmente prestaciones como aguinaldos a trabajadores y a otros no se les expidió”.

Agregó que existe la sospecha en la opinión pública de que se ha venido disponiendo de mobiliario y equipo en provecho de municipios.

Le cuestionó si el SAE ha enajenado bienes o encomendado servicios relacionados con la fibra óptica de LyFC y con qué partida se pagó en 2010 el mantenimiento y operación de la red eléctrica del centro.

A su vez, la diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (PAN) dijo que la sociedad tiene dudas, en qué condiciones encontró el SAE a LyFC. “¿Cuántas instituciones más se mueven con base a río revuelto ganancia de pescadores?”

Los bienes que tiene la empresa se van a tener que enajenar para obtener dinero fresco y poder pagar todas las obligaciones, quiero pensar –dijo- que existen muchas cuentas por cobrar por consumos de electricidad de casas y que no han tenido estricto control como tampoco sobre los bienes de LyFC.

El diputado Alberto Cinta Martínez (PVEM) consideró que es importante establecer una campaña de difusión, porque de forma innecesaria se está generando un clima social que se puede evitar; que las respuestas del director general del SAE han sido claras y si se pudieran presentar a la sociedad podría la población entender su labor y la de su equipo de trabajo, puesto que “ustedes son ejecutores no decididores”.

El senador Adolfo Toledo Infanzón (PRI) interrogó al director general del SAE si hay comunicación con dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, si han hecho peticiones de tipo laboral y de la situación de los trabajadores.

En el tema de activos de LyFC, el senador solicitó información de quienes han resultado ser los ganadores de las siete subastas que ya se han concretado.

“Teníamos duda si algunos de sus activos se habían donado o bien pidió al funcionario aclarar la confusión de que muchos de los bienes tuvieron un sesgo político a autoridades municipales de determinado partido.

Al inicio de su intervención, Sergio Hidalgo Monroy Portillo dijo el pasivo actuarial de la empresa LyFC es de aproximadamente 287 mil millones de pesos, en tanto que los activos son de 134 mil 346 millones de pesos, lo cual señala un déficit en el patrimonio de la institución de 225 mil 466 millones de pesos.

Añadió que la buena noticia es que “ya tenemos estados financieros y estamos en la tarea de que el auditor externo los revise, y espero en muy poco tiempo traer noticias de que ahora sí el auditor podrá hablar de que el registro que se tiene de los bienes corresponde con el estado físico del control de bienes que tenemos”.

En cuanto a la situación de los trabajadores, dijo que de los más 44 mil que laboraban en la empresa, 28 mil se inscribieron al proceso de liquidación voluntaria y hace falta liquidar a una parte importante más de 15 mil trabajadores.

“El SAE si no tiene los recursos los pedirá porque es parte de lo que instruye el decreto, para pagar en el momento en que se acerque cualquiera de los trabajadores y requiera su liquidación”.

Agregó que por lo que toca a los proveedores se les ha pagado a todos los que han demostrado que ya se les había contratado su entrega de materiales y suministro, tenemos una atención de más de 90 por ciento de pequeñas y medianas empresas que eran proveedores de la empresa.

“Todas estas obligaciones no se comparan con el pasivo actuarial, “Hemos logrado bancarizar a todos los jubilados, incrementamos las pensiones conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, realizado un ejercicio de supervivencia para comprobar que seguimos contando con la nómina de jubilados que tenemos que pagar. Es una obligación que vale más de 11 mil millones de pesos anuales.

Finalmente, dijo que se han incluido más de 500 a la nómina de jubilados que pudieron demostrar sus derechos.

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