El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río Madrid, compareció ante diputados y senadores de la Primera Comisión de la Permanente, para informar de las acciones emprendidas para garantizar el respeto de los derechos humanos, la protección y seguridad de los migrantes extranjeros que transitan por territorio mexicano y para prevenir la comisión de delitos en contra de éstos.

El presidente de dicha instancia, diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, afirmó que la política migratoria del país es incongruente, toda vez que “los diversos niveles de gobierno y corporaciones, no parecen tener capacidad de respuesta para acotar el secuestro de migrantes, ni para inhibir los hechos delictivos del crimen organizado”, manifestó.

Según datos de Amnistía Internacional, se han registrado 20 mil migrantes han sido secuestrados, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos registra 10 mil los casos; en tanto que el INM solamente detectó 222 privaciones ilegales.

Díaz Escárraga afirmó que los niveles de coordinación entre las diversas instancias de gobierno, se han vuelto la puerta de entrada para que los elementos del propio instituto o de diversas corporaciones policíacas, extorsionen y lastimen los derechos humanos de los migrantes.

En este sentido, dijo que la presencia de bandas del crimen organizado han hecho que quienes tienen necesidad de buscar alternativas de vida y de trabajo, sean objeto de secuestros, trata de personas, extorsión y presión para someterlos al tránsito de drogas o de armas por territorio mexicano.

“Es preocupación de esta presidencia saber exactamente el estado que guarda la implementación de nuestra política migratoria, ya que México no puede eludir el cumplimiento con un respeto absoluto los derechos humanos de los migrantes”.

La senadora María del Socorro García Quiroz (PRI) destacó el esfuerzo de parte de los legisladores para ayudar a garantizar los derechos y la seguridad de los migrantes por su paso en el país, los cuales constantemente sufren lesiones en su trayecto en ferrocarril y son enviados posteriormente a las estaciones migratorias.

Solicitó al titular de la dependencia informe con base en qué análisis se solicita el presupuesto para el instituto, así como su distribución y manejo.

Por su parte la diputada Paz Gutiérrez Cortina (PAN) señaló que a pesar del empeño de los tres niveles de gobierno hay una falta clara de coordinación y comunicación entre estas, por lo que solicitó se explique cómo se plantea la implementación de la Red de Atención a Migrantes, aprobada por en la Comisión Permanente, así como conocer a la persona responsable en la coordinación de la misma.

Pidió que para el ejercicio de las funciones de esta red se tome en cuente la opinión de las organizaciones relacionadas a este tema, ya que sin su participación no podrá resolverse el problema.

En su turno, la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (PT) criticó la necesidad de múltiples reuniones y foros en el tema de migración para poder tener estrategias de trabajo, así como el uso de presupuesto para adquisición de terrenos construcción de nuevas instalaciones del INM.

Mencionó que el tema de vejaciones y violaciones a los derechos humanos de los migrantes no se limitan a un solo evento, como el sucedido en Tamaulipas en diciembre del año pasado, por lo preguntó ¿cuál ha sido el avance para dar con los responsables de este hecho y que acciones se llevan a cabo para evitar otra masacre?

El diputado Arturo Zamora Jiménez (PRI) puntualizó que poco más de 20 mil personas al año son extorsionadas o secuestradas y que tienen condición de migrantes. “No es suficiente la suscripción de protocolos, y mucho menos, cuando se distribuyen cargas de responsabilidad a autoridades de otros niveles de gobierno”.

Dijo que la problemática no es una responsabilidad, en este momento, del titular de esta dependencia, sino que es una cadena de errores y omisiones que se han venido dando por falta de previsión y por falta de visión en políticas públicas en materia migratoria.

La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez Norma Leticia Salazar Vázquez (PAN) manifestó que la búsqueda de soluciones a esta compleja problemática, sólo puede ser resultado de un trabajo en conjunto entre las distintas dependencias de la administración pública federal, de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia involucradas.

La legisladora exigió al INM y demás autoridades competentes, que se dé una pronta respuesta a todos y cada uno de los casos en que fueron vulnerados los derechos humanos de los migrantes, “no resulta suficiente la buena voluntad de las autoridades para frenar sistemáticamente violaciones en contra de los migrantes, que y que no solamente es por parte del crimen organizado, sino también por parte de servidores públicos corruptos de los tres niveles de gobierno”.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (PT) precisó que según la CNDH, al año hay aproximadamente 20 mil secuestros de migrantes, mientras que el INM precisa que son alrededor de 200, 250 reconocidos. “¿Cómo dos instituciones nacionales, que se suponen tienen acceso a información, tienen tan dispares datos?”, cuestionó.

En respuesta, el comisionado del INM precisó que actualmente se cuenta con 16 grupos beta para la atención y auxilio de migrantes, conformado por 173 integrantes conformados, los cuales cuentan con capacitación para rescates y asistencia en primeros auxilios.

Mencionó que como parte del ejercicio de los 66 millones de pesos del presupuesto asignado se tiene complementado la compra del equipo necesario para mantener funcionando a los grupos beta.

Informó que durante el 2010 el Instituto Nacional de Migración realizó más de 4 mil rescates, brindo asistencia jurídica a 44 migrantes, además de otorgar atención psicológica a niños migrantes subrayando que de los 4 mil quinientos menores repatriados 2 mil 264 no contaban con la compañía de un adulto.

En el caso de los niños mexicanos repatriados de Estados Unidos a México estos ascienden a poco más de 20 mil, informó.

El comisionado Beltrán del Río Madrid informó que en el transcurso del 2007 al 2010 el instituto ha recibido mil 247 quejas; 81 de ellas han sido sobre violación de derechos humanos, cada una de ellas han sido atendidas y en más del 90 por ciento de los casos no se comprobó que hubiera violación de derechos humanos, al menos por parte de agentes o funcionarios del INM.

Mencionó que a nivel federal hay un gran esfuerzo que se está haciendo en capacitación de funcionarios, del INM, pero también de otras dependencias y sobre todo de seguridad pública, con respecto al trato respetuoso que se les debe de dar a los migrantes y sobre todo, migrantes indocumentados que son más vulnerables.

Dijo que el instituto trabaja sobre el tema de combate al secuestro de migrantes a través de la prevención y la asistencia migratoria. “En cada estación migratoria hay un folleto que se le entrega al migrante en cuanto llega, que es un folleto en siete idiomas, con los derechos que tienen, sobre qué ayuda se les puede proporcionar”.

Dijo que se formalizó con la firma de un Convenio entre distintas instancias del gobierno federal, concretamente la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el titular de la Secretaría de Gobernación, y con la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Entre las acciones de la estrategia se encuentra la instalación de un grupo de trabajo y un grupo técnico de apoyo, que llevan a cabo campañas de difusión y de advertencia sobre la problemática de la vulnerabilidad y de los riesgos que enfrentan los migrantes al atravesar de manera indocumentada por nuestro país y lo vulnerable que se vuelven en estas circunstancias.

Asimismo, trabajan en la capacitación y sensibilización de los servidores públicos en materia del respeto a los derechos humanos de los migrantes, también en el mediano plazo el establecimiento de mecanismos de intercambio de información.

Destacó la celebración de convenios específicos con los gobiernos de Chiapas, Campeche y Tabasco, que permitan la coordinación de las autoridades estatales y municipales, particularmente en materia de seguridad, a fin de dar la debida atención a la problemática que se está viviendo.

-- ooOoo --