El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, compareció ante diputados y senadores de la Primera Comisión de la Permanente, para abordar las acciones coordinadas que realizan con los gobiernos estatales y municipales para garantizar los derechos y garantías de igualdad, libertad y libre tránsito, así como medidas para proteger la integridad personal de los extranjeros con o sin documento.

Informó que por el carácter irregular de los movimientos migratorios no hay estadísticas exactas sobre el número de migrantes. Sin embargo, se calcula que de enero a agosto de 2010, 51 mil 361 extranjeros fueron detenidos por el Instituto Nacional de Migración de los cuales 47 mil 688 procedían de Centroamérica.

Subrayó que los principales problemas son que la instalación temporal de los migrantes en los espacios públicos genera rechazo de las poblaciones locales; sobre todo porque hay algunos grupos criminales que también se establecen en estos lugares y que no solamente extorsionan o abusan de los migrantes sino que generan un ambiente de miedo e inseguridad.

Además, agregó, que las bandas del crimen organizado lucran con migrantes y cooptan o amedrentan a autoridades y fragilizan la gobernabilidad municipal. Asimismo, la marginación socio-económica puede convertirse en un nicho de oportunidad para que los grupos criminales consoliden sus actividades de extorsión y secuestro en contra de migrantes.

Enfatizó que existen 25 focos rojos en las cuatro rutas ferroviarias del Golfo de México y las puertas de entrada en Chiapas hacia la ruta del tren, las cuales se concentran en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, Estado de México, Tabasco, San Luis Potosí, Coahuila y Tamaulipas.

Explicó que se ha elaborado una estrategia nacional para abordar desde una perspectiva de prevención social la garantía, promoción y protección de los derechos humanos de los inmigrantes provenientes de Centroamérica con independencia en su situación legal.

La cual, añadió, tiene como objetivos analizar la complejidad de la situación legal, política y social de la migración irregular en nuestro país; proponer acciones articuladas en los diferentes niveles de gobierno, para generar una estrategia nacional de prevención social en torno a los flujos migratorios sur-norte; y priorizar las acciones.

Precisó que las líneas de acción son tres: una campaña de sensibilización en contra de la discriminación y de información de los derechos humanos de los inmigrantes; un Protocolo de rutas, con mecanismos de coordinación intergubernamental, así como de cooperación de los gobiernos locales con las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales para visualizar y atender la problemática de los flujos migratorios irregulares. Además, diseñar un modelo de prevención social integral en algunos centros urbanos receptores de los flujos migratorios en la frontera sur.

El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, presidente de la Comisión, afirmó que “hay ausencia de definiciones para contar con corporaciones mejor preparadas, equipadas y unificadas en términos de su capacidad de profesionalismo y den respuesta al crimen organizado”.

Enfatizó que los principales programas en prevención del delito deben estar enfocados a los jóvenes, ya que uno de cada 90 están incorporados en hechos delictivos y el 35 por ciento se encuentran en problemas del crimen organizado, por lo que hay una gran vulnerabilidad en ese sector.

Propuso crear programas que tengan el objetivo de atacar las causas en las se generan las condiciones que llevan a los jóvenes a inmiscuirse en el delito.
El diputado Arturo Zamora Jiménez (PRI) precisó que según el informe del resultado de la Fiscalización Superior, se detectó un sub ejercicio de 3 mil 603 millones de pesos, que se debe a causas internas como el retraso en la autorización de los anexos técnicos de los convenios de coordinación, por parte del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública.

Así como retrasos en licitaciones, liberación tardía de recursos; retraso en los procesos de instalación de interconexión de sitios; indefinición por parte del sistema nacional sobre las frecuencias autorizadas para el trasporte de información de la Plataforma México.

Dijo que hay una contradicción entre el cuarto Informe de Gobierno del ejercicio 2010 donde se establece un promedio de 386 denuncias diarias por delitos federales, con lo que aparece en la página del sistema del Secretariado Ejecutivo en la que se informa que el promedio de delitos denunciados fue de 367, “esto representa que entre una cifra y otra se ocultaron más de 2 mil 500 delitos por lo que se refiere al año anterior”, puntualizó.

“Queremos saber si estas cifras obedecen a falta de comunicación entre las distintas instancias o pueden tener un interés de maquillar el resultado delictivo en el país”.

El diputado Héctor Guevara Ramírez (PRI) comentó que los más pobres del país son los que mueren en “esta espiral de violencia y que son llamados daños colaterales. Casi 28 mexicanos mueren diariamente en acciones vinculadas a la violencia y esto se concentra en los estados del norte”, agregó.

Los legisladores, dijo, estamos en contra del crimen organizado, estamos a favor de dar seguridad a los ciudadanos de toda la nación para que puedan tener en su familia y vida seguridad pública.

El diputado Arturo García Portillo (PAN) pregunto el tipo de delitos que ocurren en torno al problema migratorio y cuáles de estos se persiguen o deben ser perseguidos por la vía del fuero común y local.

“¿Cómo podemos hacer para resolver los delitos que ocurren pero que no son denunciados? ¿Cuál sería el enfoque de la autoridad respecto de la diferencia de criterio en el manejo de cifras?

El senador René Arce (PRD) refirió que según un estudio de la Universidad de Heidelberg en Alemania, revela que México es el sexto lugar del mundo en violencia, con niveles similares a los de países como Somalia, Sudan, Irán, Afganistán y Paquistán, “según este estudio, los índices de violencia que se registran en estos 6 países son tan altos que entran en la categoría de guerra”.

Dijo que 2010 ha sido el año más violento del sexenio al registrarse 15 mil 273 homicidios vinculados al crimen organizado, sumados a los de cuatro años anteriores suman un total de 34 mil 612 en lo que va del sexenio.

“¿Cual es exactamente la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y que resultados concretos en cuanto a disminución de la violencia de los homicidios dolosos del tráfico de estupefacientes y del consumo de drogas puede presentar? ¿Cuál es el registro de tipo de delitos cometidos?”.

El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (PVEM) expresó que en materia de inseguridad en el país no hay un flujo de cifras oportuno, exacto, ni coherente y que ayude a la sociedad a entender la magnitud del problema y a las autoridades a tener una conducción en el diseño de política pública.

“Quisiera conocer su postura en torno al diseño de nuevas prácticas para la construcción de cifras en la materia, así como su visión entorno a los efectos colaterales que puede generar el fenómeno delictivo, como la banalización de la violencia y la percepción de miedo”.

Por su parte, la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (PT) dijo que en este sexenio 12 estados del país tienen niveles de violencia de países donde hay guerra, 4 municipios concentran casi el 40 por ciento de todas las ejecuciones, “el control territorial se está perdiendo por parte del Estado”.

Manifestó que para el 2011 se otorgaron más de 35 mil millones de pesos para la seguridad, 6 veces más que en el 2001, “y sin embargo hay más 12 veces más ejecuciones que ese mismo año, es decir, sigue creciendo el costo de la violencia y ni siquiera se ha reducido”.

Al dar respuesta el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, dijo que el tema de la seguridad pública es un problema que tiene que verse desde la perspectiva de la corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno.

Ya que del 100 por ciento de la incidencia delictiva el 93 por ciento es competencia de los ministerios públicos del fuero común de las procuradurías estatales y el 7 por ciento es competencia de la PGR, es decir es del fuero federal.

“Es a través de una perspectiva nacional como se pueden alinear los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno para reducir los índices de incidencia delictiva y poder recuperar niveles aceptables en escalas internacionales de paz y de tranquilidad y de respeto a las personas en cuanto a la posesión de sus bienes”, recalcó.

Respecto a las variables de la eficacia, dijo que por primera vez el Consejo de Seguridad Pública acordó que los fondos que van a los estados las reconozcan, castigando a los estados que presenten subejercicios y que no han avanzado en la conformación y sustentos de control de confianza.

“Esta evaluación permitirá premiar a los que bajen la incidencia delictiva y castigar o no premiar a quienes no la estén bajando”, agregó.

Respecto al subejercicio, está previsto que se entregue en 10 parcialidades entre el mes de enero y el mes de octubre, sin ningún condicionamiento y ninguna necesidad de aprobar el destino, con independencia del grado de avance o no avance de los estados y los compromisos que tienen, señaló.

Dijo que los delitos que enfrentan los migrantes son principalmente el secuestro, la extorsión, agresiones sexuales y éstos son delitos competencia del fuero común.

Comentó que se ha formado un grupo técnico de especialistas que en próximos días va a publicar en el Diario Oficial de la Federación para que especialistas definan mecanismos para el acopio de información, fuentes de información y se pueda dar respuesta a esta exigencia.

Respecto al Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), precisó, en el Presupuesto se definió que se destinara el 10 por ciento para programas de prevención social de la violencia y del delito, y se trabaja en ella a través del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

Afirmó que hasta el 2008 estuvo bajando la incidencia delictiva, pero a partir del 2008, 2009 y 2010 la incidencia del delito de homicidio doloso ha crecido dramáticamente. “Pero la incidencia de homicidios en nuestro país es inferior a Brasil, Colombia y El Salvador, claro por cada cien mil habitantes, no esto y hablando de números absolutos sino de números relativos”.

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