Ante la Tercera Comisión de Trabajo de la Permanente, compareció Juan Rafael Elvira Quesada, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a fin de explicar las consideraciones que tuvo esa dependencia para autorizar la instalación y operación de la planta regasificadora de gas LP de la empresa Z Gas del Pacífico dentro del ejido de Campos, en contravención con el ordenamiento ecológico territorial de la subcuenca de la laguna de Cuyutlán.

Asimismo por qué se autorizó el cambio de uso de suelo autorizado referente a 98.05 hectáreas de manglar, incluyendo 30 hectáreas de manglar para la ejecución del proyecto de ampliación portuaria del puerto de Manzanillo, en la laguna de San Pedrito.

El diputado Francisco Javier Orduño Valdez, presidente de la Tercera Comisión Permanente (Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas), dijo que es importante saber las consideraciones que tuvo SEMARNAT para autorizar diversas obras y acciones, las cuales, afirmó, son un riesgo para los ecosistemas de la nación.

El presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, diputado Cruz López Aguilar (PRI), aclaró que no se trata de ponerse en contra del desarrollo empresarial ni enfrentar las empresas con el medio ambiente, aunque explicó que las empresas anteponen sus intereses sobre los del cuidado, desarrollo y preservación del medio ambiente.

Resaltó la importancia en el cuidado de los manglares, ya que son hogar de una importante biodiversidad, aunque expresó que la recuperación, en el caso de la laguna de Cuyutlán, no es suficiente, en este sentido solicitó saber si dentro del proyecto de recuperación de esta laguna está considerado el desarrollo turístico rural.

El senador Jesús Dueñas Llerenas (PAN) preguntó cómo se ocupa la Semarnat en el mangle de la laguna de Cuyutlán, ya que ayudaría como un ejemplo de las posibilidades de recuperar la naturaleza que ha sido explotada.

Por su parte, la diputada Magdalena Torres Abarca (PRD) subrayó que hay una preocupación por la laguna de Cuyutlán, a causa de la omisión de la legislación ambiental, ya que a pesar de los beneficios que traerá la instalación de una planta regasificadora habrá un deterioro en áreas ecológicas importantes.

En tanto, el diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (PVEM) pidió al titular de la dependencia su posición respecto a la planta regasificadora Costa Azul, situada en el estado de Baja California, ya que en países como Estados Unidos y Canadá se prohíbe la instalación de plantas de energía en zonas costeras del pacífico, porque generan efectos nocivos para los ecosistemas.
Informó que esta empresa cuenta con una demanda en E.U., además que arroja cloro al agua, tiene modos de operar irregulares y no respeta la zona de intermedia de amortiguamiento que marca el artículo quinto de zona de residencias.

Elvira Quesada respondió que en el caso de la planta de energía Costa Azul es necesario un cuidado en torno a la legislación vigente, además de buscar un acercamiento con la empresa para que haya un cumplimiento de la ley.

Explicó que este tipo de plantas genera beneficios en materia ambiental, pero explicó que Profepa realizó 5 visitas de inspección en las cuales hizo diversas observaciones que fueron resarcidas por la empresa.

En cuanto a las acciones sobre la recuperación de Cuyutlán y sus manglares, explicó que para el desarrollo integral de Manzanillo hay una inversión, no oficial, cerca de mil quinientos millones de pesos en saneamiento de aguas, recuperación de ecosistema, apertura y desazolve de canales y reforestación de mangles.

Mencionó que en cuanto a la recuperación del mangle se realizan acciones sociales, junto con el gobierno estatal, para que los grupos que se dedicaban a la recuperación de sal sobre la laguna seca hoy se dediquen a la pesca con la recuperación de la laguna.

Informó que La Comisión de Bioenergéticas integrada por Sener, Sagarpa y Semarnat, busca que antes de que termine el sexenio se logre una participación del 1 por ciento a nivel nacional en la sustitución de MTBE ( Metil Tert Butil Eter) por etanol.

“Queremos demostrar que es factible que el sector agrícola puede ser un aliado importante y empezar a reducir impactos ambientales negativos que causa el MTBE; independientemente de que los precios serían más caros, que los precios del etanol fluctúan, que hay diferencias en los meses del año, que los precios internacionales varían”.

La senadora María del Socorro García Quiroz (PRI) preguntó sobre los cambios de uso de suelo en el cuarto humedal de 200 hectáreas de manglar en la zona de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, que no se ha recuperado ya que hay instalaciones de concreto, se pretenden construir muelles y patios de carga.

Toda esta infraestructura es buena para el estado de Colima, pero también si no conservamos el medio ambiente, generamos un problema, estimó la legisladora.

La senadora Minerva Hernández Ramos, consideró que existe un pendiente en materia de educación ambiental.

Al respecto, el titular de la Semarnat, dijo que en los cuatro años del sexenio se logró junto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) cambiar la información, actualizarla, modernizarla y reestructurarla en todos los libros de texto gratuito de la primaria con respecto a educación ambiental.

Este año se logrará liberar libros para secundaria con la misma información, señaló.

El diputado Orduño Valdez, presidente de la Tercera Comisión de la Permanente, concluyó diciendo que es necesario cambiar la cultura ambiental, realizando un desarrollo sustentable y buscando alternativas que permitan fortalecer a las autoridades ambientales de los ámbitos federal local para evitar que se reproduzcan actos negativos que dañen el ambiente.

Dijo que en el caso de la planta de ECOLTEC, situado en Apasco, aloja más de 3 mil 600 toneladas de residuos que representan un riesgo a la población de la localidad y al medio ambiente, por lo que solicito a la PROFEPA desalojar los residuos peligrosos que quedaron atrapados.

En su intervención inicial Juan Rafael Elvira Quesada explicó que en relación a la Laguna de Cuyutlán, ésta ha venido perdiendo su capacidad debido a asentamientos humanos, actividades agrícolas, ganaderas, deforestación, desmonte, impactos por infraestructura crecimiento urbano, deslaves, falta de aportes de agua de mar; por lo que advirtió que si no se atiende a tiempo en 30 años se destruirá. Por lo que se debe mantener un sistema de flujos de agua.

En cuanto al permiso otorgado en la Administración Portuaria Integral al Puerto de Manzanillo para cambio de uso de suelo en 98 hectáreas, detalló que las condicionantes para la entrega del mismo fueron: Recuperar la laguna de San Pedrito, lograr su desazolve, así como en la Laguna de las Garzas, ya que, dijo, que estos ecosistemas tardan más de 100 años en recuperarse. Anunció que en la actualidad hay una recuperación del medio pero las labores tienen que continuar.

Con relación al permiso otorgado al cambio de la Planta de Suministro de Gas LP, informó que el Gobierno del estado de Colima realizó la modificación el 12 de junio del 2004, cambiando el uso de suelo del área forestal a reserva urbana y en el Ejido de Campos pasó de turístico-ecológico a industria pesada de alto impacto y riesgo, lo que permitió que la autorización pudiera realizarse.

“Esta planta regasificadora sustituirá el uso de otros combustibles por gas natural en la zona de Guadalajara y el Bajío, reduce emisiones de la termoeléctrica por 1.1 millones de toneladas de bióxido de Carbono, genera una inversión de 29 mil millones de pesos, un ahorro por transportación del 9 por ciento y ha generado hasta 15 mil empleos y creará 6 mil permanentes”, precisó.

La Planta de Eco-Procesamiento ECOLTEC, explicó, se le fueron otorgando permisos desde el año 2002, hasta el acopio solicitado en noviembre del 2010, pendiente debido a que la empresa no está laborando. Sin embargo, informó que se han realizado acuerdos a petición de PROFEPA para la participación en muestreos de residuos y una comisión integrada por los miembros de la comunidad.

En cuanto a la instalación de la empresa regasificadora de Energía Costa Azul en Baja California, precisó que se generó una autorización de impacto ambiental en donde se determinó que era una terminal para recibir, almacenar y regasificar gas natural licuado que sirve para el desempeño y desarrollo de la industria local y del estado.

Las condicionantes para tal autorización fueron establecer una zona de amortiguamiento para garantizar la seguridad de los asentamientos humanos, debiendo comprar los terrenos aledaños en esa zona y destinarlos exclusivamente para conservación y protección de especies de flora y fauna, que debido a la reubicación de los tanques de almacenamiento ésta condicionante se extinguió.

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