El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputado Alfonso Navarrete Prida (PRI), enfatizó la necesidad de hacer modificaciones a la Ley General de Población, con el fin de generar una política pública de protección al migrante.

“Lo que ha estado ocurriendo con violaciones de derechos humanos de los migrantes, tanto por autoridades como por grupos que pertenecen al crimen organizado, denotan que en el país padecemos de deficiencias graves en materia migratoria” subrayó.

Indicó que México requiere hacer modificaciones profundas a sus leyes y sobre todo aplicar políticas públicas efectivas de protección a los migrantes.

Con estas modificaciones, explicó, el gobierno mexicano gozará de legitimidad y voz firme frente a su homólogo estadounidense en relación al trato que le dan a nuestros connacionales en su territorio.

“Nosotros tendríamos la capacidad para hacerlo, si somos ejemplo en el trato que damos a los migrantes centroamericanos, sino lo que ocurre es que criticamos lo que nosotros hacemos y aquí sucede peor que en Estados Unidos”.

Aclaró que no se está solicitando que se deje de aplicar la política migratoria, sino la correcta aplicación de los derechos fundamentales con los que todo individuo cuenta, permitiendo así que en caso de deportación por no contar con papeles o documentos migratorios, esta sea apegada a la ley.

“Si hay un tránsito de migrantes deben contar con las garantías que da la constitución a cualquier mexicano y cualquier individuo que se encuentre dentro de nuestro territorio”.

Explicó que a pesar de que esto existe dentro de la Ley General de Población y en tratados internacionales firmados por México, no se han hecho valer.

Navarrete Prida advirtió que cotidianamente hay una extorsión permanente a los migrantes para no ser entregados a las autoridades, de lo contrario, son objeto de vejaciones, además de recibir tratos inhumanos en el camino a Estados Unidos lo cual pone en riesgo su vida, aunado a ello se suma el riesgo por los ataques, de los que son víctimas, por parte del crimen organizado.

“Esa es la situación actual de migrantes centroamericanos y mexicanos hacia los Estados Unidos”.

Señaló que los derechos de los migrantes que se internan a territorio nacional están protegidos por el artículo 1º de la Constitución Política, la cual establece que todo individuo que pise territorio nacional, goza de la protección de todas las garantías constitucionales que la ley marca.

Precisó que la Ley General de Población no criminaliza la migración, sino que establece con claridad los criterios necesarios para que haya una migración ordenada y legal, lo cual se encuentra entre las garantías que la Constitución otorga, lo cual ayuda a una democracia real.

-- ooOoo --