Ante la situación de deuda pública que presentan algunas entidades federativas, la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN) propuso que la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se reúna con funcionarios de las secretarías del ramo de los tres niveles de gobierno, a fin de revisar esta situación.

“Debemos encontrar soluciones conjuntas que permitan racionalizar el incremento de la deuda, eficientar y transparentar el gasto público y mejorar la situación de las finanzas públicas a nivel local, buscando, en todo momento, su sustentabilidad, a fin de evitar la hipótesis de la detonación de una posible crisis fiscal local que asfixie las finanzas nacionales”, subrayó.

Díaz Lizama dijo que es motivo de gran preocupación la situación de las finanzas públicas de las entidades de la República, ya que año con año, la deuda ha mostrado un incremento promedio de aproximadamente un 15 por ciento, cuya garantía son las participaciones federales.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al mes de septiembre de 2010, el total de obligaciones financieras adquiridas por las 32 entidades federativas del país, ascendió a 278 mil 960.5 millones de pesos, superior en 14 mil 703.7 reales, respecto al ejercicio 2009.

“Es decir, se observa un crecimiento de la deuda de 5.2 por ciento en términos reales”, indicó la legislador.

Afirmó que el mayor crecimiento de la deuda sub-nacional fue observado durante enero 2009 - junio 2010 con un incremento real por encima del 26 por ciento, lo que implica que el crecimiento agregado de la deuda a nivel estatal ha pasado de representar el 1.6 por ciento del PIB en 2006, al 2.1 por ciento en junio de 2010.

La propuesta turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, señala que entre 2004 y 2009 el gasto corriente en los estados creció a una tasa promedio anual de 5.7 por ciento, las obligaciones financieras pasaron de representar el 50.3 por ciento de las participaciones en 2001 a 61 por ciento en junio de 2010.

La deuda, dijo, se acrecienta año con año con los compromisos inmediatos y a futuro para cubrir los incrementos de gasto corriente entre los que se incluye el pago pensiones, la falta de generación de ingresos propios y la poca transparencia y fiscalización en el gasto y el uso de los recursos públicos.

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