• Comparecen ante legisladores integrantes de la Tercera Comisión de la Permanente

Ante la Tercera Comisión de la Permanente, comparecieron los secretarios de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, y de Economía, Bruno Ferrari, quienes informaron a diputados y senadores sobre los objetivos que persigue el ejecutivo federal con la publicación de los denominados Acuerdos de Equivalencia en materia de aparatos eléctricos, electrónicos y de procesamiento de datos, así como los dispositivos médicos.
Asimismo, los legisladores cuestionaron al titular de Economía sobre el alza en los precios de la canasta básica.

La senadora María del Socorro García Quiroz (PRI) criticó la postura del ejecutivo federal a los publicar Acuerdos de Equivalencia, sin que se tome en cuenta la controversia constitucional en proceso. Aunado a esto, mencionó, se encuentra la posición en contra de algunas de las cámaras empresariales del país.

Subrayó que no se está incentivando a la industria nacional para que pueda realizar sus propios insumos médicos.

La senadora Minerva Hernández Ramos (PAN) exigió al secretario Ferrari que fijara cuál es la postura de la dependencia a su cargo, respecto a este acuerdo, ya que, precisó, a pesar de las bondades que pueda ofrecer establecimiento de este convenio es necesario conocer más al respecto.

De igual forma pidió al secretario especifique ante qué normas mexicanas, estadounidense o canadiense, los fabricantes, exportadores e importadores tendrían que certificarse.

En su turno, la diputada Magdalena Torres Abarca (PRD) dijo que si este acuerdo busca el desarrollo económico del país, es necesario que exista un equilibrio ante la apertura económica, a través de la protección e impulso de industria nacional otorgando igualdad de competencia frente a las compañías estadunidenses y canadienses.
Asimismo, solicitó a la Secretaría de Salud se abstenga de la publicación de nuevos Acuerdos de Equivalencia, hasta que la SCJN resuelva la controversia constitucional generada por este hecho.

El diputado Alberto Cinta Martínez (PVEM) señaló la importancia de la velocidad para atender la necesidad de nuevas tecnologías que puedan salvar vidas, así como el efecto positivo a los precios que pueda causar una mejor competencia provocado por el Acuerdo de Equivalencia.
Pidió se aclaré cuál será la facultad de las secretarías de Salud y de Economía para establecer la equivalencias, regulación de comercio y el control sanitario, antes de que la corte declaré su validez jurídica, además de que haya una igualdad de circunstancias entre empresas para una mejor competitividad sin descuidar a la planta productiva del país.
“Aquí se dicen de repente muchas cosas por quienes se sienten afectados, pero hay que ser muy claros; no se eliminaron las normas mexicanas; las normas mexicanas siguen vigentes, es una opción de quién quiere utilizar la certificación, ya sea en Estados Unidos o en México para no hacerlo dos veces”, explicó.

Informó que la Secretaría de Economía respetará cada resolución de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera que ésta sea, aclarando que la controversia sólo versa sobre uno de ellos, que es el de los electrónicos.

Destacó los beneficios que se pudieran obtener con este Acuerdo de Equivalencias, no sólo empresarialmente, sino para el ahorro económico de millones de mexicanos.

Y concretamente en lo que se refiere a la reducción de costos innecesarios en el cumplimiento de normatividades son 2 mil 024 millones de pesos; el de manufacturas eléctricas, televisiones, etcétera, con 441 millones de pesos de ahorro; el de manufacturas eléctricas, televisiones, etcétera, son 441 millones de pesos; el de etiquetado de productos electrónicos son 503 millones de pesos; el que se refiere a los dispositivos médicos es de 14 mil 930 millones de pesos, y la simplificación de los requerimientos para el registro de medicamentos es de 319 millones de pesos.

El comisionado Miguel Ángel Toscano Velasco pidió una mayor atención a los recursos que se le asignan a la Cofepris, ya que está institución es la encargada, particularmente, al tema de los dispositivos médicos incluidos en el acuerdo, el cual pasó de 50 millones a 17 millones de pesos en 5 años.

“El nivel de responsabilidad de Cofepris es enorme, porque no nada más es todo lo que bebemos, olemos, nos untamos y comemos todos los mexicanos, y dentro de todo lo que nos ponemos también todos los mexicanos está esta vertiente de los dispositivos médicos, y cuando tenemos 15 personas para atender todos los dispositivos médicos de este país y tiempos de 30 días para autorizar clase 1, que son los de menos riesgo; 60 para clase 3; 45 para clase 2, y vemos lo que sucede en otros países del mundo, por ejemplo Mercosur trae 180 días, en promedio”.

La senadora María del Socorro García Quiroz (PRI) indicó que existen comentarios de que los mexicanos no tienen el mismo trato con los países a los que se les dieron estos acuerdos de equivalencia, “México tiene también dispositivos médicos pero que no existe la misma equivalencia, ni el mismo trato en cuanto al tiempo ni al registro de los productos y está dañando considerablemente a la industria nacional”.

¿Qué acciones está tomando la secretaría de economía en el control del precio a los combustibles y que avances se tuvieron con el proyecto de “Mi tortilla”?, cuestionó.

La diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (PAN) pidió al comisionado precisar cuántas personas desde la instauración de la promulgación del acuerdo han sido beneficiadas por algún dispositivo médico cuyo registro sanitario haya sido conseguido en esos términos.

En tanto, la diputada Magdalena Torres Abarca (PRD) pidió al secretario de Economía no bajar los brazos en el tema del alza de precios de los productos de la canasta básica y seguir implementando acciones y políticas necesarias para lograr el desarrollo y beneficio económico de los ciudadanos.

Cuestionó cuáles son las medidas, políticas y acciones que se llevan a cabo para mejorar la situación de los precios en la canasta básica.

El diputado Alberto Cinta Martínez (PVEM) preguntó respecto a la delantera que nos lleva sin lugar a dudas la institución equivalente en EU por la tradición que tiene por las economías escala. ¿Qué opinaría de que las empresas mexicanas se vayan a certificar allá en vez de darle un mayor presupuesto a la Cofepris y qué parte de la normatividad es más estricta de la de EU o México?

En respuesta el secretario Ferrari señaló que en el tema de los precios la inflación general a finales del año tuvo un ligero repunte para ubicarse en 4.4. Esta alza se atribuye al aumento de algunas frutas, verduras y sobre todo los cigarros. “Al cierre de año la canasta básica tuvo un incremento anual de 4.2 por ciento, cifra inferior al aumento de la inflación general, que fue de 4.4 por ciento”.

De acuerdo con el Banco de México, añadió, el incremento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor durante la primera mitad de enero de 2011 fue de tan sólo 0.17 por ciento. “Este aumento es menor a lo que se esperaba y menor al que hubo en estas mismas fechas el año pasado, que fue de 0.75, y además uno de los tres más bajos que ha habido para una quincena del mes de enero, en los últimos 20 años”.

“Me llama mucho la atención que haya reacciones de este tipo, que no tienen que ver nada con la realidad e incuso se pretendan hacer hasta movimientos sociales o marchas, cuando estamos hablando de un 0.17. Me parece increíble y hasta irresponsable tratar de hacer de esto un asunto, cuando lo que está pasando está perfectamente bajo control”, resaltó.

Subrayó que es importante reconocer que de los energéticos: gasolinas, gas doméstico, electricidad, el precio de la gasolina de bajo octanaje, la Magna, se ha incrementado más que la inflación general debido a que éste se determina tomando como referencia sus cotizaciones internacionales.

Advirtió que incluso con el aumento, el precio de la gasolina Magna es de los menores en el mundo. Sólo hablaremos de precios inferiores y aquí ya lo tengo muy claro, en Bolivia, en Ecuador, en Kuwait, en Arabia Saudita y en Venezuela, solamente de todos los países del mundo.

No obstante, debido a que los precios de los energéticos se incrementan anualmente, sus aumentos no constituyen una sorpresa para nadie. “En todo caso es comprensible que a principios de año los productores hagan ajustes en sus precios, tomando como referencia los incrementos porcentuales, que es parte de lo que está pasando en los precios”, afirmó.

Al inicio de su intervención, el secretario de Economía, Bruno Ferrari García de Alba, señaló que a raíz de las 12 medidas de simplificación administrativa que anunció el presidente Calderón, se eliminaron las redundancias en las certificaciones a través de acuerdos de equivalencia para reducir costos innecesarios en el cumplimiento de algunos reglamentos técnicos, siempre y cuando estas normas satisfagan también los requisitos exigidos en nuestro país.

Mencionó que sin las medidas de equivalencia un dispositivo medico de última generación tardaba entre 10 y 24 meses en obtener el registro para entrar al país, ahora hemos logrado reducir esos tiempos a un mínimo de 30 días en beneficio de la salud y de la calidad de vida del paciente. Así facilitamos el comercio y de ninguna manera se relajaron las exigencias técnicas que seguirán garantizando la calidad, inocuidad y seguridad en los bienes que adquieren los mexicanos.

Enfatizó que si queremos ser un país moderno y competitivo se debe pensar en eliminar estos costos innecesarios para la gran mayoría de los pequeños, micro y grandes empresarios. “Tenemos que dejar de ser una economía de rentas para ser una economía de productos, el negocio no puede estar en la ineficiencia, tenemos que adaptarnos a una nueva era en la que ser más productivo es la única estrategia ganadora”.

Resaltó que en la Secretaría de Economía se tiene el compromiso de seguir trabajando en una reforma regulatoria que mejore el bienestar de los mexicanos.

Ferrari afirmó que las medidas de simplificación están teniendo un impacto positivo que debemos profundizar para generar una economía más competitiva, donde se eleve la productividad al reducir el tiempo y los recursos que se destinan al cumplimiento de la regulación.

“Una economía donde los pequeños, micro y medianos empresarios se beneficien de una regulación simple que no les exija incurrir en costos que sólo las grandes empresas han podido afrontar. Una economía donde la eficiencia de la regulación haga más atractivo el ingreso al sector formal. Una economía competitiva donde exista una relación fuerte y transparente entre gobiernos y ciudadanos”, puntualizó.

En tanto, el secretario de Salud dijo que el registro de dispositivos médicos por el reconocimiento de equivalencias no forma parte del Tratado de Libre Comercio. “Es un asunto en donde la motivación es que los trámites administrativos para los registros, en este caso, de dispositivos médicos se simplificaran”.

Dijo que de todos los dispositivos médicos que ingresan a México o que solicitan ser registrados, el 91 por ciento son importados y de éstos, 44 por ciento provienen de los Estados Unidos y Canadá, que tienen dentro de sus regulaciones, normas estrictas.

El objetivo es ir simplificando estos requisitos, sin perder jamás la visión de la garantía, de la calidad y de la seguridad de los pacientes, que es prioritario, antes de cualquier otra cosa “nosotros lo que tenemos que ver es garantizar la calidad de los insumos y de los dispositivos”.

Esto, aclaró, por el momento sólo aplica para dispositivos médicos y no para medicamentos.

-- ooOoo --