•Inseguridad pública no es una excusa válida para pretender justificar la vulneración de los derechos humanos, afirma

Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que preside el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, rindió su informe de actividades correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.

Al dar lectura al documento, Plascencia Villanueva afirmó que la inseguridad pública no es una excusa válida para pretender justificar la vulneración de los derechos humanos.

Por ello, subrayó que las estrategias en materia de seguridad pública requieren de una constante evaluación para determinar su funcionamiento y conveniencia. “El recuento de los logros y desatinos, permitirá rescatar lo positivo y enmendar las fallas”.

Explicó que durante 2010, la sociedad mexicana experimentó momentos difíciles de la vida nacional contemporánea, caracterizada por un enfrentamiento entre las autoridades encargadas de la seguridad pública y la delincuencia organizada, dando como resultado un incremento considerable de muertes violentas, el número más alto de los últimos años.

Esta situación, añadió, provocó una afectación en la esfera de los derechos humanos y las libertades de personas ajenas a la delincuencia, “el año pasado 111 personas inocentes no vinculadas con delito alguno perdieron la vida en operativos de seguridad pública, en la inmensa mayoría de los casos aún aguardan se haga justicia”.

Plascencia Villanueva enfatizó que otro de los problemas más complejos de superar, fue la resistencia manifiesta de algunos servidores públicos para reconocer las responsabilidades que se les atribuyen, en función de hechos concretos y verificados.

“Es lamentable el discurso de algunos que condenan la causa de los derechos humanos, como si el quebrantamiento del Estado de Derecho garantizara un mejor futuro para el país”, indicó.

Ante estas nuevas circunstancias, el ombudsman nacional agregó que varias de las autoridades gubernamentales todavía encuentran dificultades para una inmediata aceptación de las recomendaciones.

“Instituciones de gobierno acostumbradas a recibir sólo reconocimientos no aceptan fácilmente observaciones ni se muestran inclinadas a reconocer eventuales fallas, excesos o abusos en el ejercicio de la función pública; sin embargo, con estos retos hemos podido lograr avances”.

Plascencia Villanueva mencionó que las autoridades más frecuentemente señaladas fueron: las Secretarías de la Defensa Nacional; la de Seguridad Pública; la de Marina; el Instituto Mexicano del Seguro Social; la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de Migración.

Precisó que entre las autoridades que no aceptaron las recomendaciones emitidas son: las Secretarías de Marina; la de Seguridad Pública; la Comisión Nacional del Agua; Petróleos Mexicanos; los gobernadores de los estados de Chihuahua y San Luis Potosí; los congresos locales de Chiapas, Oaxaca y Veracruz; así como los ayuntamientos de Acatlán, Puebla; Metlatonoc y Chilpancingo de los Bravos, Guerrero; Guadalajara, Jalisco; San Juan Yatzona y Santa María Yalina, Oaxaca; San Juan Evangelista y Agua Dulce, Veracruz.

La CNDH recibió 16,066 quejas, de las cuales 6,916 fueron calificadas como presuntas violaciones a los derechos humanos; 4,604, orientaciones directas; 4,193 remisiones a otras instancias y 353 inconformidades, enfatizó.

Hizo un llamado a las autoridades y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno que no aceptaron las recomendaciones emitidas, para que asuman el mandato encomendado por la sociedad. El no aceptar las recomendaciones equivale a asumir una actitud de desprecio por la cultura de legalidad y de falta de interés por fortalecer los derechos humanos como valores de la democracia moderna, puntualizó.

El presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, informó que las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y la de Senadores, realizarán la evaluación correspondiente del informe del titular de la CNDH.

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