• Impulsar reformas para que no prescriban delito de omisión de derechos humanos por funcionarios

La presidenta de la Comisión Especial en relación a Feminicidios, diputada Teresa Incháustegui Romero (PRD), resaltó la importancia de que se tipifique como delito el feminicidio, a fin de sacarlo de la invisibilidad, exista penalmente y se le pueda nombrar en términos de registro y de formas especiales para su tratamiento.

De darse lo anterior, dijo, se avanzará en la construcción de un acto de jurisprudencia; es decir, se puedan considerar agravantes, circunstancias y otros elementos. Además de impulsar reformas para que no prescriban los actos de omisión de derechos humanos por funcionarios.

En entrevista, destacó que “hay varias propuestas que ya están en la panza legislativa, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores; estamos haciendo un estudio de cómo presentarlas. Lo importante es lograr consenso para sacarlas adelante”.

Recordó que el Estado mexicano no ha cumplido con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto al caso conocido como Campo Algodonero, por lo que llamó a funcionarios a que tengan un gran sentido de responsabilidad y cumplan con los compromisos internacionales.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que el Estado mexicano era responsable por no haber procurado justicia ni reparación del daño a las víctimas y sus familiares, por errores, fallas, omisiones e incluso, por actos de discriminación en la integración de los expedientes y en la averiguación de los casos”, externó.

El gobierno mexicano, afirmó, también es responsable por la falta de capacidad de las instituciones encargadas de procurar justicia y del clima sistemático de discriminación, misoginia y violencia en contra de las mujeres.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, agregó, fijó plazos para la indemnización inmediata a las víctimas, la construcción de un memorial para emblematizar la disculpa pública que el Estado mexicano y el gobierno estatal.

La parte medular de la sentencia –explicó- supone reponer las investigaciones para dar con los responsables y aprehenderlos y cumplir con el derecho a la verdad de los hechos, que es el primer elemento del derecho a la justicia.

Además, investigar a funcionarios que incurrieron en omisiones y en tropiezos deliberados en la investigación, así también a los que estuvieron hostilizando a los familiares de las víctimas, amenazándolos incluso durante el proceso de las visitas en el juicio de la sentencia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos plantea además una serie de medidas de política pública, como las recomendadas por la Comisión para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las autoridades competentes en Relación a los Feminicidios registrados en México.

La legisladora propuso crear un banco de datos de registros genéticos para que cada vez que haya el cuerpo de una niña o mujer que aparece muerta, esos datos se puedan cotejar con las muestras genéticas de sus familiares para hacer más rápida la búsqueda y la identificación.

Además del desarrollo de protocolos y manuales para conducir investigaciones forenses con perspectiva de género que consideren las circunstancias y características con las que se presentan los hechos violentos contra las mujeres y que tenga capacidad para registrar, tomar las muestras, preservarlas, cuidar el lugar y tener las evidencias logradas, detalló.

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