Ante la Primera Comisión de la Permanente, que preside el diputado Heliodoro Díaz Escárraga, compareció el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a fin de explicar las acciones realizadas para disminuir y combatir la violencia provocada por la delincuencia organizada, y de manera especial, la situación en Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Coahuila, Durango y Guerrero.

Diputados y senadores de los diversos grupos parlamentarios cuestionaron al funcionario sobre las vidas que se han perdido en la lucha contra el crimen organizado; los efectos de la estrategia del gobierno federal en las estructuras delincuenciales; y si se ha considerado actualizar o modificar el programa y la estrategia nacional de seguridad pública.

El presidente de la Primera Comisión (Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia), diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, dijo que es necesario plantear una estrategia en materia de seguridad pública porque la actual no da los resultados que el país requiere.

Indicó que se debe hacer de la seguridad una política de Estado que recoja todas las visiones y comprometa una participación responsable. “Si seguimos politizando la seguridad pública no vamos a poder conjuntar y potencializar todas las voluntades para construir una política de Estado en la materia”.

Subrayó que es preocupante el incremento de violencia registrado en el país en los primeros días del 2011, así como del número de muertos a causa del crimen organizado.

PRI

El diputado Héctor Guevara Ramírez señaló que en lo que va de este año ya son más de 990 los ejecutados. “La violencia se ha intensificado, no se ha estabilizado y no ha retrocedido”.

Preguntó qué resultados ha dado su política en función de los inocentes que han muerto en los enfrentamientos entre los grupos de narcotraficantes; quiénes y cuántos son esos inocentes.

El senador Renán Cleominio Zoreda Novelo refirió que según organizaciones internacionales, la situación de los derechos humanos en nuestro país pasa por uno de sus peores momentos, “detenciones ilegales, torturas y ataques a organizaciones civiles constituyen parte de la cotidianeidad”.

PAN

El diputado Arturo García Portillo preguntó cuáles son los compromisos por parte de las autoridades estatales y municipales para acompañar el combate a la inseguridad.

“Quisiéramos saber cuál ha sido el apoyo que la federación ha dado a los estados y municipios para modernizarse y adecuarse para completar las tareas que no pueden hacer ellos”, añadió.

En tanto, la diputada Paz Gutiérrez Cortina subrayó que falta colaboración entre las autoridades federales y municipales, “cada quien debe asumir su responsabilidad y debe haber un esfuerzo doble en coordinación.

PRD

El senador René Arce cuestionó “por qué no acompañar a esa política punitiva para acabar con la impunidad y la corrupción que permite que el 98 por ciento de los delitos no terminen ante el juez, por qué no acompañarla de una discusión sobre la posibilidad de la legalización de algunas drogas en este país; de la posibilidad de darle autonomía al Ministerio Público”.

Pidió datos sobre si realmente dentro de los rubros de esta estrategia hay algo que nos pueda decir que se avanzó en estos cuatros años, y los más importante si en los 18 meses que le falta al gobierno tenemos alguna esperanza de que las cosas realmente mejoren.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho expresó que a partir de los resultados es claro que la delincuencia ha rebasado a la autoridad. Preguntó si se ha considerado actualizar o modificar el programa y la estrategia nacional de seguridad pública.

PVEM

El diputado Rafael Pacchiano Alamán comentó que los homicidios en contra de mujeres se ha incrementado en más del 43 por ciento a nivel nacional del 2005 al 2009 según el INEGI y los estados con mayores problemas son Chihuahua con más de 13 homicidios por cada 100 mil habitantes; le siguen Baja California; Guerrero; Durango; Sinaloa; Sonora; Tamaulipas; Oaxaca y Michoacán.

Preguntó qué está haciendo la dependencia para terminar con este fenómeno, que sin lugar a duda es un agravante para el nivel nacional.
PT

El senador Ricardo Monreal Ávila pidió confirmar si la estrategia del gobierno seguirá aplicándose y cuántas vidas se han perdido en esta lucha contra la delincuencia organizada.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún manifestó que a pesar de los tres mil 383 millones de pesos destinados al programa Todos Somos Juárez, este no ha funcionado y no ha impactado en el combate a la violencia.

En respuesta, el secretario de Seguridad Pública señaló que México tiene un problema serio de adicciones, “el crecimiento en el consumo de drogas que se reporta en el país requiere un análisis profundo desde todas sus variables y de un debate pleno”.
Recalcó que en la Secretaría a su cargo se ha privilegiado una perspectiva permanente para fortalecer el esquema institucional, tanto en el orden federal como en los municipios. Un tema clave es la capacidad del Estado para recuperar la base social; ése es el verdadero reto a mediano y largo plazo.
Comentó que se dejó de invertir y de vigilar a los mismos cuerpos policiacos, “lo que generó una descomposición estructural y también de corrupción a nivel nacional”.

Informó que para evitar los actos de corrupción dentro del gobierno federal, se han fortalecido las capacidades de control de confianza pasando de 20 mil a doscientos treinta mil exámenes, incluyendo la parte patrimonial, psicológica y psicométrica de cada policía.

La ventaja operativa del crimen organizado se encuentra en la impunidad, lo cual lastima de forma directa en el seno de la sociedad, por lo que pidió que para ayudar a la erradicación de esto se constituya la propuesta de unificación de los mandos policiacos, con lo cual pasaría de dos mil quinientos en todo el país a solamente 32 mandos, mencionó.

Se mostró a favor de la creación de un órgano regulador del Estado que garantice la continuidad de los procesos de desarrollo y fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y que cuente con capacidad de supervisión y fiscalización, integrado por los tres Poderes de la Unión y representación ciudadana.

La incidencia de homicidios por cada cien mil habitantes, en el periodo 1999 a 2010, registró un descenso de dos puntos, mientras que los dolosos tuvieron un incremento de tres puntos. México tiene hoy un esquema de Registro Nacional de 18.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, dijo.

Precisó que los homicidios en Chihuahua, en particular Ciudad Juárez, representan un tercio de todo el país.

Indicó que México tiene un incremento importante de adicciones; prevalece un consumo de cocaína, estimulantes tipo anfetamina, éxtasis y mariguana. La parte más importante es el de mariguana, que casi se cuadruplicó de 1998 al 2008.

El consumo de cocaína es de más de 1.7 millones de personas; de marihuana, más de tres millones y de anfetaminas de 367 mil adictos. Mientras que el mercado de consumo para Estados Unidos se estima en 6 millones para cocaína y 25 millones para mariguana.

El promedio de rentabilidad o rendimiento de origen a destino de cocaína, expresó, fluctúa entre 90 mil y 100 mil dólares por kilogramo, es decir, la rentabilidad del negocio en drogas, sin duda, está en la cocaína.

En el delito de fuero común hay un mercado real, latente que se ha incrementado o delitos aparentemente menores que, sin embargo, tienen un alto impacto como la extorsión, el secuestro, robo de vehículos y el genérico.

Se han detenido a mil 405 secuestradores, lo cual han permitido desarticular 133 bandas del secuestro y liberado a casi mil personas.
Respecto a la población penitenciaria tanto de fuero común y federal, dijo que es de 222 mil 772 internos. En el Distrito Federal, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora se concentra casi el 50 por ciento de toda la población del país penitenciario.

Un tema clave es que esas entidades federativas del país no tienen el impacto vinculado con las fugas, ya que éstas no corresponden a sobrepoblación, sino a actividades de corrupción o las relacionadas con la delincuencia en ese apartado, puntualizó.

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