•Entre las modificaciones resalta el que se resguarde la identidad y datos personales de las víctimas

La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Juventino Castro y Castro (PRD), aprobó un dictamen que reforma los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política, en materia de trata de personas, ya que México se ubica entre los cinco primeros países con mayor incidencia y es un delito que crece exponencialmente.

En reunión plenaria del órgano legislativo se aprobó la reforma contenida en el párrafo segundo, de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General en Trata de Personas, con lo que se contará con un instrumento jurídico adecuado.

También quedó reformado el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución, para que la trata de personas se incorpore a los delitos en los cuales el Juez declara oficiosamente la prisión preventiva cuando el imputado esté siendo procesado.

Ello se fundamenta por la afectación social que produce el ilícito y por el riesgo de que el sujeto activo se sustraiga de la acción de la justicia.

Asimismo, se reformó la fracción V del apartado C del artículo 20 constitucional para incluir dentro de los derechos de las víctimas y ofendidos por el delito de Trata de Personas, el resguardo de su identidad y datos personales.

Dadas las características de este delito, resulta necesario proteger la identidad y datos de la víctima, con el fin de que en el proceso penal se cumplan con las mínimas medidas de seguridad, plantea el documento que contiene el proyecto de decreto que reforma los tres artículos de la Carta Magna, propuesto por la diputada Araceli Vázquez Camacho (PRD).

El diputado Castro y Castro subrayó que es importante que tengamos una base constitucional para contar con la ley secundaria e inclusive efectuar las reformas correspondientes al Código Penal.

Las modalidades de trata de personas no se habían considerado ahora podrán abordarse en leyes secundarias, apuntó.

Agregó que a “algunos estados se les ha olvidado o no han querido regular la trata de personas, por lo tanto, ahora con la reforma constitucional existe la obligación de todas las legislaturas de los estados de ver el problema y resolverlo”.

La diputada Rosi Orozco (PAN), presidenta de la Comisión Especial de la Lucha contra la Trata de Personas, agradeció la sensibilidad de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales para impulsar las reformas mencionadas.

Precisó que la posibilidad de contar con una Ley General de Trata de Personas mandata a la federación, estados y municipios ya que “hay gran cantidad de entidades que no tienen voluntad de contar con normas contra la trata de personas”.

La trata de personas no es una manifestación circunstancial que afecta a unas cuantas personas, sino que repercute en las estructuras de los estados, en el tejido social y económico; así como en las organizaciones de las sociedades, se señala en el texto.

La trata de personas violenta los derechos humanos del individuo, sobre todo de aquellos que tienen un status vulnerable, como las mujeres, los niños y los migrantes, esto porque adolecen de educación y oportunidades de trabajo, se agrega.

El documento indica que “estamos frente a un fenómeno socio- delictivo, que no ha sido frenado por la insuficiencia de los diversos ordenamientos jurídicos vigentes, por la agudización paulatina de la globalización y el desarrollo tecnológico, además de que convergen factores de carácter económico, social, migratorio, discriminatorio, de delincuencia organizada y corrupción”.
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