En la sesión de hoy, al abordar el tema de agenda política, diputados del PRD y PT manifestaron su rechazo en relación con los nuevos asesinatos registrados en Villa de Salvácar, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT), proponente del tema, refirió que después de instalarse el programa “Todos somos Juárez”, se incrementó en 25 por ciento el número de asesinatos. Al pasar de 2 mil 600 en 2009 a 3 mil 60 el año pasado.

Recordó que el 12 de marzo de 2010, un grupo armado llegó a un velorio y disparó contra los asistentes, murieron 8 personas, entre ellos un joven de 16 y uno de 28 años; el 3 de junio, cuatro jóvenes fueron asesinados; y el 22 de octubre del mismo año fue la masacre de los 14 jóvenes en la colonia Horizontes del Sur. Y el 23 enero de 2011, siete jóvenes fueron asesinados por un grupo armado mientras jugaban futbol.

“Así es que no se ha logrado dar seguridad y tranquilidad a la gente de Ciudad Juárez”, destacó.

Precisó que la gente desde las siete de la noche ya está en sus hogares porque no hay posibilidades de que tengan la seguridad de volver a su casa; “la vida nocturna prácticamente ha desaparecido y todo mundo está preocupado de que pueda ser asesinado, secuestrado o vulnerado en sus derechos más elementales”.

En tanto, el diputado Víctor Castro Cosío (PRD) señaló que la violencia en las calles es resultado de una política “no sólo fallida en seguridad pública sino de una política económica que ha generado más pobreza y desempleo. Millones de jóvenes no tienen un horizonte distinto más que sumarse a la guerra injusta”.

Sólo exigimos un cambio de estrategia en seguridad pública, mayor crecimiento económico y responsabilidad; que se acaben los privilegios insultantes, enfatizó.

En tribuna, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) señaló que se ha propuesto que la policía esté subordinada al Ministerio Público.
Dijo que se han presentado iniciativas para garantizar los derechos humanos de los habitantes, ampliar el acceso a la justicia y garantizar la independencia de los jueces. “No solamente hacemos señalamientos, sino hacemos propuestas y pedimos cambios urgentes, no más sangre y sí por la transformación del Estado de derecho en México”.

Por su parte, la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (PRD) puntualizó que la política de seguridad es fallida, “en lugar de que la presencia del Estado esté en las políticas sociales, en la promoción de la educación, en la promoción del desarrollo social, que combata realmente en el ámbito social la penetración de estas organizaciones, nuestra estrategia es tener a uniformados en las calles”.

Solicitó que se revise con seriedad esta política que está más allá de partidismos, “Hay un drama humano muy grande que está pasando enfrente de nosotros, de familias desgarradas de más de 50 mil huérfanos y jóvenes que están muriendo tanto por las adicciones como por el operar de las organizaciones criminales”.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el próximo martes 15 de febrero, a las 11:00 horas.

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