• Incluye dentro de los derechos de las víctimas y ofendidos por este ilícito, el resguardo de su identidad y datos personales

La Cámara de Diputados aprobó, con mayoría calificada por 378 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, el dictamen que reforma los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política, que faculta al Congreso de la Unión a expedir una Ley General en materia de Trata de Personas.

El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución, para que la trata de personas se incorpore a los delitos graves, en los cuales el juez declara oficiosamente la prisión preventiva, cuando el imputado esté siendo procesado, con fundamento en la afectación social que produce el ilícito y el riesgo de que el sujeto activo se sustraiga de la acción de la justicia.

La modificación a la fracción V del apartado C del artículo 20 de la Carta Magna, incluye dentro de los derechos de las víctimas y ofendidos por el delito de Trata de Personas, el resguardo de su identidad y datos personales, con el fin de que en el proceso penal se cumplan con las mínimas medidas de seguridad.

Se precisa que “la trata de personas requiere de un enfoque interdisciplinario y una participación más activa de los gobiernos e instituciones federales, estatales y municipales, conjuntamente con la participación de la sociedad civil”.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión, diputado Juventino Víctor Castro y Castro (PRD), expresó que la reforma estable con toda claridad el delito de trata de personas y otorga la posibilidad de crear una Ley General en la materia, en la que concurren en su combate los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal).

Sin la reforma constitucional, puntualizó, ninguna ley secundaria tendrá su fundamentación sólida. Agregó que actualmente privan ilícitos que pueden sujetar a los seres humanos a una restricción personal que es similar a la esclavitud, como el lenocinio, la trata y el comercio de personas.

Indicó que la tipificación legal para el castigo de los infractores que atenten contra la libertad personal está lejos de alcanzarse en su amplitud y debe procurarse perfeccionarla para beneficio de la sociedad y de sus componentes.

Posicionamientos

Al dar su posicionamiento, el diputado Humberto Benítez Treviño (PRI) explicó que con este dictamen se modifica el artículo 19 constitucional para obligar a los jueces a que en el momento en que dicten el auto de sujeción a proceso sometan a prisión preventiva.

Respecto del artículo 20 constitucional, se establece en el apartado C los derechos de las víctimas de los delitos para que se mantenga en secrecía sus datos personales y su identidad. Y la fracción XXI del artículo 73 establece las obligaciones del Congreso para legislar en materia de trata de personas, que obliga a expedir una ley general.

De Acción Nacional, Gustavo González Hernández dijo que de aprobarse la reforma se permitirá plasmar en la norma constitucional la facultad del Poder Legislativo de crear una ley general para prevenir y sancionar el delito de trata de personas.

El dictamen, agregó, permitirá elevar a rango constitucional las medidas mínimas de atención y protección a las víctimas de este delito y se estará en la posibilidad de salvaguardar la identidad de la víctima, así como las medidas para mantenerlas a salvo de quienes busquen tomar represalias.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho (PRD) indicó que no se puede permitir la venta y explotación sexual o laboral de seres humanos y “el macabro mercadeo” de órganos y de tejidos humanos.

“La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI que se globaliza con el capitalismo del libre mercado. “El ser humano se cosifica, adquiere un precio y se convierte en mercancía”. Agradeció el voto a favor a nombre de las 85 mil víctimas anuales, en su mayoría niños y niñas, que son utilizados para pornografía.

Por el PVEM, Guillermo Cuevas Sada señaló que más de 20 mil niños mexicanos son víctimas de la explotación sexual originada por la trata de personas cada año. “Seamos conscientes que contribuimos a estas cifras cuando desviamos la mirada a esta situación y no solidarizamos esfuerzos para evitarlos”.

Sin embargo, consideró que no es conveniente elevar a rango constitucional esta reforma, “ya que la vía más correcta debería ser establecer en la ley secundaria y exhortar a los legisladores locales a hacerlo en sus leyes, fortaleciendo su facultad de prevención, investigación y castigar a nivel local”.

La diputada Cora Pinedo Alonso (NA) consideró que la trata de personas exige una respuesta contundente enfrenta a la necesidad de garantizar la protección de quienes son víctimas de este delito.

Del PT, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia expresó que la trata de personas es un fenómeno muy grave, asociado y no exclusivamente al crimen organizado y al narcotráfico y que, dado que el delito se encuentra presente en la realidad del país, debe ser sancionado, reprimido y castigado.

Es necesario que se garanticen plenamente los derechos humanos de las víctimas o de los ofendidos y que se equilibren las competencias de la federación y de los estados. La reforma “no sólo sanciona sino previene y afronta el problema desde su integridad; es un dictamen holístico e incluye todas las formas, no sólo las sexuales”.

Al hablar a favor, el diputado Nazario Norberto Sánchez (PRD) señaló que es una reforma histórica y que la mayoría de las víctimas de trata de personas tiene entre 18 y 24 años de edad y se estima que al menos un millón 200 mil menores caen en manos de mafias internacionales. “La trata de personas es un fenómeno global, ya que más de 130 países han reportado estos casos”.

La diputada Rosi Orozco (PAN) expresó que el dictamen busca crear una Ley General para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, por la se dará pauta a señalar claramente las competencias, ámbitos de acción y la forma en que deberán coordinarse las distintas instituciones de Gobierno para su prevención, protección y atención a las víctimas de trata en aras de erradicar este fenómeno que hoy es una amenaza latente a la Seguridad Nacional.

Moción suspensiva

Fue rechazada una moción impulsada por la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (PRD), quien dijo que la reforma deja de manifiesto y como cheque en blanco, que nadie en este país se hará cargo de investigar el delito de trata de personas.

Votación en lo particular

En lo particular, se avaló con 355 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones, una reserva del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT), al artículo segundo transitorio, para que solamente el Congreso de la Unión emita en un plazo de 180 días siguientes a la entrada en vigor del decreto, una Ley General para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, excluyendo a los congresos locales como establecía el dictamen.

Se canalizó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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