• El contralor Gregorio Guerrero afirmó que la transferencia es contraria a la ley

Diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación se reunieron con el contralor general del Instituto Federal Electoral, Gregorio Guerrero Pozas, para conocer lo relacionado al destino de 348 millones de pesos para la adquisición de inmobiliario.

En la reunión de trabajo, los legisladores demandaron turnar el caso a la Auditoría Superior de la Federación para poner fin al alegato y evitar el debilitamiento del instituto electoral con miras a los próximos procesos electorales, en particular, el de 2012.

La diputada Marcela Guerra indicó que su partido, el PRI, desea un IFE fuerte, con legitimidad, que sea un gran árbitro electoral y que no tenga ningún tipo de cuestionamientos que vengan a empañar su imagen, “para que pueda seguir al frente de una organización decorosa de los procesos electorales”.

En este sentido, dijo que hay un alegato público que no ayuda en nada a la democratización del país.

El IFE, abundó, trae una urgencia legítima que lo ha llevado a gastar más de mil millones de pesos a lo largo de cinco años para abatir las rentas más caras y por eso tiene una prioridad y una urgencia. “Queremos que el instituto haga frente a esa necesidad, pero apegado a la ley”. Marcela Guerra pidió al IFE clarificar esta cuestión.

Por su parte, los diputados Agustín Castilla Marroquín, Manuel Clouthier Carrillo y Gastón Luken Garza, del PAN, coincidieron en que a partir de que se conoció la existencia de este fondo de modernización inmobiliaria en el IFE se ha desatado una polémica que ha llegado a extremos delicados, como es la sugerencia por parte de algunas voces que debe darse la destitución de los consejeros.

“Debemos ser muy cuidadosos en el análisis de este particular, porque es nuestra responsabilidad contribuir al fortalecimiento de la máxima autoridad electoral, particularmente con miras al proceso electoral federal de 2012, que inicia en unos meses”, indicó Agustín Castilla.

La diputada Esthela Damián Peralta, del PRD y presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación cuestionó en torno a cuál sería la alternativa para el IFE a fin de generar ingresos que le permitan comprar inmuebles y satisfacer una necesidad real.

Por su parte, José Narro Céspedes reconoció que existen vacíos legales para determinar si hubo o no exceso en el uso de recursos excedentes, por lo que se pronunció a favor de una auditoría y en tanto, los recursos que no se utilizaron al 31 de enero se reintegren a la Tesorería de la Federación.

El diputado Pablo Escudero Morales, del PVEM, manifestó que las irregularidades administrativas planteadas por la contraloría del IFE se encuentran fundamentadas y motivadas.

El espíritu del legislativo, dijo, es que no se procediera a la adquisición de inmuebles o nuevos arrendamientos de oficinas públicas y quedó plasmado en el Decreto de Presupuesto. La fortaleza de las instituciones, bundó, no es una graciosa concesión, se las da su transparencia, su rendición de cuentas y el estricto apego a la ley y cómo se conduce y usted está para hacer cumplir la ley.

“Esta Cámara hizo un recorte de 600 millones de pesos y ahora nos enteramos que además de ese recorte les sobraron 348 millones, es decir, estamos hablando que el instituto podía haber operado con 948 millones menos de lo que pidieron”.

En tanto, el diputado Mario di Costanzo, del PT, preguntó al contralor cuándo se fincarían responsabilidades a los directores o consejeros del IFE, por hacer uso indebido de los 348 millones de pesos y destinarlos al fondo de modernización inmobiliaria.

Citó como ejemplo de transparencia y aplicación de la ley a la Auditoría Superior de la Federación, donde se han suspendido a funcionarios que están bajo una investigación. “¿No se puede hacer lo mismo en el caso del IFE, aunque sea el consejero presidente o los directores ejecutivos?”

Ante el cuestionamiento de diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el contralor general del Instituto Federal Electoral, Gregorio Guerrero Pozas, señaló que la reasignación de 348 millones 346 mil pesos al Fondo de Modernización Inmobiliaria fue violatorio de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo que el instituto debe valorar el razonamiento y reintegrar esos recursos a la Tesorería de la Federación.

Asimismo, se comprometió a recabar la documentación correspondiente e iniciar una auditoría la próxima semana, cuyos resultados serán entregados a la Cámara de Diputados y en su caso se fincarán las responsabilidades correspondientes.

“La situación que puedo y debo hacer tiene sus límites legales. Puedo sancionar a funcionarios a nivel de director y presentaría una propuesta de sanción al Consejo del IFE en el caso de que así fuera, pero en relación a los consejeros, la sanción debe plantearse ante la Cámara de Diputados, que es la que resolvería”, manifestó.

El contralor refirió que como cualquier otra institución, si requiere de mobiliario debe solicitarlo al Congreso a través del proyecto de presupuesto.

En su exposición destacó que la reasignación de 348 millones 346 mil pesos para el Fondo de Modernización Inmobiliaria fue indebida y se violó el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Gregorio Guerrero Pozas explicó que el 31 de enero del presente año, la Junta General Ejecutiva del IFE recibió de la Dirección Ejecutiva de Administración, un informe en el que daba cuenta de la reasignación de 348 millones de pesos al Fondo para la Modernización Inmobiliaria aprobado una semanas antes del 20 de diciembre de 2010, provenientes de lo que a su consideración se trata de ahorros, economías, e ingresos excedentes del propio 2010.

La Contraloría, dijo, manifestó su desacuerdo con dicha reasignación, generando un amplio debate sobre este asunto, tanto al interior de la institución como en la opinión pública y en el Poder Legislativo.

Expuso que actualmente la Contraloría difiere sobre la viabilidad de dicha reasignación, así como de la argumentación que han esgrimido algunas autoridades del IFE.
“La Contraloría general considera que la reasignación de 348 millones al supuesto fondo de modernización inmobiliaria no es viable”.

El IFE, añadió, omite el hecho de que dichos ahorros fueron reasignados por la Junta General Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de Administración a otros capítulos y partidas del gasto. “Es decir, se dio cuenta de la reasignación de recursos a otros capítulos y partidas para ser ejercidos en nuevas encomiendas, por lo que no es posible aducir, al finalizar el año, que se trata de un ahorro, así como los recursos no ejercidos en partidas beneficiadas o reasignaciones de ahorros y economías de trimestres anteriores.

“Más aún, la contraloría difiere en el hecho de que la no ocupación de plazas pueda o deba considerarse estrictamente un ahorro, toda vez que ello permitiría que las instituciones presupuestaran en exceso en ese rubro ante la Cámara de Diputados, mismas que al no contratarse en todo el año generarían remanentes destinables a actividades totalmente distintas, como sería la adquisición de edificios en lugar de los sueldos originalmente autorizados en esa instancia”, concluyó.

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