La diputada Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas, impulsa un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración a crear un registro nacional de repatriados, que determine fechas, flujo, frecuencia y estatus migratorio de las personas entregadas por autoridades americanas en los puntos fronterizos.

Refirió que de acuerdo al Departamento de Seguridad Interior del vecino país, en el año fiscal concluido en octubre de 2010 se repatriaron a más de 390 mil personas, de las cuales 195 mil eran criminales convictos, pero según las cifras de organizaciones civiles y autoridades mexicanas, son más de 720 mil repatriados.

Si bien dentro de este número de personas se encuentran las que se han dedicado al trabajo para mejorar su situación familiar, muchos de ellos se han integrado en organizaciones delictivas en territorio estadounidense y mexicano, agregó.

Destacó que se han detectado grupos del crimen organizado en México reclutando a los repatriados, debido a que un gran número de ellos ha tenido experiencia en el trasiego y venta de drogas, hablan inglés, tienen en su mayoría contactos en la unión americana y se encuentran en situación de vulnerabilidad, desesperados por encontrar empleo.

“Muchos casos de este hecho han sido constatados por autoridades de los tres niveles de gobierno en todo el territorio mexicano. La policía local de Tijuana ha detectado a pandillas formadas por inmigrantes repatriados; en Ciudad Juárez las pandillas más violentas, como La Línea y Los Aztecas, tienen en sus filas a delincuentes repatriados; en el caso de la organización delictiva La Familia Michoacana se han detenido extorsionadores que habían permanecido presos en penales de California”, añadió.

El punto de acuerdo que analiza la Comisión de Gobernación, menciona que pesar de tener tratados internacionales con Estados Unidos, en ninguno de ellos se contempla la obligatoriedad para el país vecino de informar el motivo de la repatriación. Lo que genera que sólo en algunos puntos fronterizos se entreguen datos en formas simples, no especificadas, del nombre y en ocasiones sentencia purgada de los repatriados.

Estas relaciones de repatriados no contienen la información necesaria para consultar en ningún tipo de base de datos y los oficiales de migración del gobierno mexicano sólo cuentan con la experiencia para realizar mediante un cuestionario improvisado la detección de la nacionalidad de dichas personas.

“Pero la mayoría miente sobre su nacionalidad, expresando ser mexicano y a las autoridades americanas les es más fácil repatriar a México a todos y no enviarlos a sus diferentes países y a los migrantes les resulta conveniente que los dejen en puntos fronterizos”.

Por ello, subraya, se propone la creación de un registro de repatriados, mediante un sistema que integre los datos de dichas personas, y que la información contenida pueda compaginarse con el sistema Plataforma México.

La diputada también solicita que la Secretaría de Relaciones Exteriores revise los acuerdos binacionales de México-Estados Unidos en materia de repatriación a fin de incluir la obligatoriedad de las partes a informar, en algún documento creado para tal efecto, de los motivos de repatriación, así como lo datos personales y biométricos de dichas personas.

Finalizó que este tipo de sistema facilitará el trabajo del personal del INM y se podrá proteger a la ciudadanía afectada por la lucha contra la delincuencia.

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