•El presidente de la Mesa Directiva recibió del gobernador de Chihuahua un proyecto de decreto del Congreso estatal en materia de prisión vitalicia a secuestradores y multi-homicidas

La violencia que se presenta en el país evolucionó de un asunto de seguridad pública a uno de seguridad nacional, consideró el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín.

Lo anterior, al recibir del gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, una iniciativa del Congreso estatal, ya aprobada por unanimidad por éste, en materia de prisión vitalicia a secuestradores y homicidas.
Ramírez Marín dio la bienvenida a la propuesta y dijo que recibirá el tratamiento legislativo correspondiente y, más allá, la especial atención que los grupos parlamentarios tienen sobre esta materia que preocupa a todos.

“La vamos a tratar con el espíritu plural y la intensidad necesaria para que todas las contribuciones a la solución del problema se den de una vez por todas”, subrayó el diputado presidente.

El gobernador de Chihuahua explicó que estos cambios parten a raíz de reformas establecidas en Chihuahua, como la prisión vitalicia a delitos como el secuestro agravado y a multi-homicidas, a quien prive de la vida a un periodista, a un miembro de las fuerzas armadas o cuerpos policiacos.

Consideró que con la aprobación de la Ley Federal Antisecuestros se pone en riesgo la prisión vitalicia que el Congreso de Chihuahua había aprobado. “Se tienen sentenciados a dos ciudadanos que han participado en secuestro y a cerca de 60 sujetos que está solicitando la fiscalía general del estado la misma pena”, agregó.

“Existe el temor de que al entrar en vigor, el 28 de febrero, la Ley Federal Antisecuestros genere beneficios a estos sujetos que han sido detenidos en flagrancia y que la coincidencia en Chihuahua es que las instituciones no podemos tolerar que delitos como éste pongan de nueva cuenta en peligro a la sociedad”, indicó.

El proyecto de decreto reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del Código Penal Federal; y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Por lo que solicitó que en la propuesta se establezca un acuerdo y ampliar la vacatio legis (una suspensión temporal de la entrada en vigor de la ley). “Nos parece elemental que sea un mecanismo utilizado en esta estrategia legislativa en la que pudiese encontrar la suma de las fuerzas políticas”.

En su intervención, el diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que es indispensable que se consideren diversas expresiones desde los estados, por lo que es oportuna la llegada de esta iniciativa, que está observando lo que lacera, lo que genera problemas, riesgos y peligros.

“Sin duda es una observación importante del estado de Chihuahua, para obtener una mejor legislación en materia de secuestro”, concluyó.

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