• Reforma que permite incrementar las oportunidades de los niños y jóvenes que aún no pueden incorporarse al sistema

Con 410 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó reformas al primer párrafo del artículo 25 de la Ley General de Educación, para que el presupuesto y/o recursos destinados al sector no sean menores, en términos reales, al asignado en el ejercicio fiscal anterior.

En el dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos se precisa que debido a las deficiencias y a los problemas existentes en el ramo, implica la necesidad de destinar mayores recursos, a efecto de incrementar las oportunidades de los niños y jóvenes que aún no pueden incorporarse al sistema.

Se añade que hay necesidad de recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura educativa, los salarios de los docentes, los programas de capacitación y actualización, así como para los apoyos de los niños y de los jóvenes que presentan amplias desventajas socioeconómicas.

En México, se destaca en el documento, la mayor parte del gasto nacional en educación se aplica a salarios (93.6 por ciento), destinando sólo 6.4 por ciento al gasto de capital para aplicarlo al mejoramiento de la infraestructura indispensable para el proceso educativo.

Se menciona que el gasto público en educación, como porcentaje del PIB, se encuentra casi 50 por ciento por debajo de lo establecido en la Ley General de Educación. El gasto público en el sector para 2006 fue de 3.44 por ciento del PIB; en 2007, de 3.48; en 2008, de 3.56; y en 2010, de 3.80.

“Durante los últimos cinco años el gasto educativo no ha mostrado un crecimiento significativo: presenta casi nulo crecimiento”, se precisa en el dictamen.

Se indica que pese a la voluntad que ha mostrado el Poder Legislativo para incrementar los recursos del sector público, es urgente encontrar mecanismos que sean respetados por quienes tienen injerencia directa en la determinación del presupuesto educativo.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI) dijo que mientras la educación se enfrenta a serios problemas, el presupuesto asignado a la Secretaría de Educación Pública disminuye en términos reales de un año para otro.

Tal situación, resaltó, va en contra de lo manifestado por la Organización de las Naciones Unidas, que señala que países como México deben destinar como mínimo el 8 por ciento de su Producto Interno Bruto a la educación, con el objetivo de asegurar plenamente la cobertura a todos los ciudadanos.

El diputado Onésimo Mariscales Delgadillo (PRI) resaltó que es de suma importancia que el Estado asegure los recursos suficientes al sector educativo para su funcionamiento y con ello ampliar las oportunidades educativas de la población.

Por Acción Nacional, el diputado Alejandro Bahena Flores (PAN) mencionó que con la reforma se permitirá garantizar que el sector educativo reciba los recursos públicos necesarios para que el Estado pueda cumplir con su responsabilidad en la materia.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (PRD) indicó que si no se fortalece a la educación pública, a través de una inversión que alcance el 8 por ciento de Producto Interno Bruto, se estará condenado a seguir por una ruta y un callejón sin salida, pues la enseñanza debe ser el faro que guíe a esta nación.

Los diputados Mario Alberto Di Costanzo Armenta y Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT), celebraron que los recursos para el sector tengan que ser incrementados año con año y expresaron la necesidad de poner candados evitar discrecionalidad en el ejercicio.

Abundaron que es necesario que el Congreso de la Unión fortalezca a la educación pública, a través de iniciativas que permitan calidad, transparentar al sindicato y resolver el problema de los 7.5 millones de jóvenes que no estudian.

Por Nueva Alianza, la diputada Elsa María Martínez Peña expresó que pese a los esfuerzos realizados por los legisladores, no se ha logrado cumplir lo que la Ley General de Educación establece en su artículo 25, que el monto anual que el Estado, Federación, entidades federativas y municipios, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor al 8 por ciento del producto interno bruto del país.

A su vez, el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar (Independiente) expresó que tan sólo para el ejercicio fiscal 2011 se aprobaron 520 mil millones de pesos para la educación, lo cual representó apenas el 4.7 por ciento del PIB.

“Estamos tres puntos porcentuales por debajo a lo que estamos obligados a aprobar; ya no es suficiente plantearnos incrementos presupuestales en función de las condiciones macroeconómicas del país, sino en indicadores de cobertura, objetivos, eficiencia, equidad, pero sobre todo de resultados”.

Aprobadas las reformas en lo general y particular, el dictamen se canalizó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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