El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 397 votos, reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que prohíbe vender a particulares su cartera vencida.

La reforma adiciona un cuarto párrafo al artículo 41 para establecer que en ningún caso, podrá el instituto ceder a título gratuito u oneroso, enajenar o transferir a particulares los créditos otorgados que, de acuerdo con los criterios y disposiciones emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se consideren vencidos.

También se modifica el artículo tercero, fracción I para que el instituto tenga por objeto administrar los recursos del fondo en beneficio de los trabajadores y sus familias.

En el dictamen de las Comisiones del Trabajo y Previsión Social y de la de Vivienda se señala que es importante establecer como regla principal para el instituto prohibir la privatización de la cartera vencida ya que conlleva al enriquecimiento de unas cuantas empresas y a la inevitable pérdida del patrimonio familiar.

Enfatiza que es necesario garantizar los mecanismos de protección al trabajador en el pago de sus obligaciones crediticias ante el Infonavit, debido al gran índice de desempleo que ha padecido el país en las últimas décadas, lo que ha repercutido directamente en el pago puntual de los trabajadores.

Asimismo, encontrar solución al problema de la morosidad que enfrenta el Instituto, sin que ello signifique el atropello de los derechos y garantías de los trabajadores.

Al fundamentar el dictamen, el diputado David Hernández Pérez (PRI), secretario de la Comisión de Vivienda, señaló que debido a las crisis económicas, los trabajadores al quedarse sin empleo caen en cartera vencida dentro del Infonavit, lo que ha sido utilizado por diversos sectores, ya que el instituto empezó a vender esa cartera vencida por miles de viviendas y el trabajador después se ve despojado de su patrimonio.

Por ello, dijo, el dictamen es muy importante, porque se va a imposibilitar al Infonavit que pueda vender la cartera vencida y de esta forma renegociar con los trabajadores y darles la oportunidad de sostener su vivienda y no que un despacho sin ningún compromiso vaya y lo despoje.

Al fijar su posicionamiento, el diputado el diputado José Óscar Aguilar González (PRI) refirió que se vendieron 52 mil 346 créditos solamente al 10 por ciento del costo que tenían los créditos, “lo que generó una gran inconformidad por el quebranto que representa para el patrimonio de los trabajadores, ya que el Infonavit opera con el 5 por ciento de las cuotas obrero-patronales y que con eso ha venido generando el mayor número de empleos y de viviendas para el país”.

Se pronunció porque exista un programa de rescate completo de la cartera que se ha vendido y que fue malbaratada, “porque hay operaciones de viviendas que costaban 500 mil pesos, la deuda era de 100 mil y solamente pagaron 10 mil pesos por la recuperación de una cartera; dónde está la diferencia de ese dinero”.

El diputado Juan Pablo Escobar Martínez (PAN) comentó que desde el 2005 el Consejo de Administración del Infonavit, adoptó como estrategia para depurar la cartera vencida del instituto la venta de créditos morosos poniendo en peligro el patrimonio de miles de familias.

Por lo que, dijo, es necesario reformar la ley vigente del instituto para no permitir que se continúe con esta práctica que beneficia únicamente a unas cuantas empresas y de esta manera apoyar a los trabajadores más necesitados del país.

Por su parte, el diputado Pablo Escudero Morales (PVEM) dijo que se tiene como fin evitar la pérdida del patrimonio de los trabajadores, los cuales, dijo, en ocasiones han sido amenazados por empresas que adquirieron los créditos con cobrar el adeudo a través de otros bienes, obligándolos a someterse a nuevas condiciones de crédito desfavorables.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez (PT) dijo que aprobar esta propuesta de modificación a la Ley del Infonavit, es una prueba de la ilegalidad de la venta de la cartera vencida a transnacionales, lo cual, subrayó, afectó a 500 mil personas.

Señaló que ha habido una ola de desalojos, lo que ha ocasionado una situación crítica al dejar a familias sin su vivienda, así como ocasionar un fenómeno de casas abandonadas; en el año 2005 se otorgaron 110 mil créditos, de los cuales 55 mil fueron vendidos a empresas transnacionales, en tan sólo el 20 por ciento de su valor, destacó.

En su turno, el diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta (PT) subrayó que el derecho de acceso a vivienda es una obligación del Estado, el cual, lamentó, ha sido comercializado, consideró

“Actualmente no se cuenta con créditos cuyo pago sea inferior a los 900 pesos mensuales”.

Se desechó la propuesta de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez (PT) para modificar el artículo 41, párrafo cuarto, el cual fue aprobado en términos del dictamen con 332 votos a favor, 14 en contra y 8 abstenciones.

Se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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