En la sesión de hoy, en el tema de agenda política, diputados de los diferentes grupos parlamentarios expresaron sus comentarios relativos a los derechos humanos en el estado de Chihuahua.

La diputada Leticia Quezada Contreras (PRD), proponente del tema, señaló que Juárez es considerada la ciudad más violenta de México. Durante el primer mes de este año fueron asesinadas 210 personas; en los últimos años se han denunciado abusos de militares en Chihuahua y la desaparición forzada de personas a raíz de la guerra contra el narcotráfico.

Refirió que el programa Todos somos Juárez ha sido ineficaz y los resultados son malos. “No se puede hablar de avances cuando el número de homicidios aumentó 25 por ciento en 2010, a pesar de una inversión federal extraordinaria de 3 mil 200 millones de pesos, desgraciadamente este plan ha fallado”.

Exigió investigar a fondo los asesinatos y desapariciones de la familia Reyes Salazar, “ellos han denunciado los feminicidios en Ciudad Juárez, son activistas y defensores de derechos humanos”.

Por el PRI, el diputado Jaime Flores Castañeda comentó que un elemento más de la violencia que envuelve al país y agobia a las familias lo constituye la persecución y ataques a defensores de los derechos sociales y humanos en el país.

Por ello, dijo, es urgente exigir instituciones policiacas más efectivas y con mayor capacidad de respuesta en éstos y en todos los casos. “Sin una acción preventiva que resulte efectiva, sin la procuración de justicia, el abatimiento de la brutal tasa de impunidad en que vivimos los ciudadanos no será posible. Deberemos seguir enfrentándonos, en la indefensión, contra quienes atentan contra nuestra seguridad y paz”.

La diputada Adriana Terrazas Porras (PRI) dijo que es necesario tomar medidas de fondo para atender y resolver el clima de inseguridad. “La violencia en Chihuahua y en particular en Ciudad Juárez no es un fenómeno de geografía política o de discusiones partidistas, es un tema de gravedad que no admite posicionamientos combativos en tribuna, sino de enfrentar los datos duros, los hechos significativos con plena entereza y autocrítica”.

Por el PAN, la diputada María Antonieta Pérez Reyes dijo que resulta indispensable que el flagelo del narcotráfico y el crimen organizado se contrarreste con la fuerza del Estado mexicano. “Hay quienes en lugar de buscar de manera urgente un esquema jurídico que facilite la colaboración del Ejército con los gobiernos estatales, proponen que éstos con su experiencia, formación y disciplina, en lugar de estar al servicio de los mexicanos se mantengan ajenos a la problemática”.

Expresó que al crimen organizado no se le puede combatir con los cuerpos policiacos municipales o estatales, porque esas estructuras débiles, improvisadas y corrompidas, no están en posibilidades de apoyo a la comunidad.

La legisladora Yolanda del Carmen Montalvo López (PAN) expresó “la seguridad pública es una de las más altas prioridades, ya que una sociedad segura, alejada del crimen y de sus consecuencias, es más libre”.

En tanto, la diputada Florentina Rosario Morales (PRD) explicó que la familia Reyes Salazar es referente de la lucha social en el Valle de Juárez, “son pioneros en exigencia en el esclarecimiento de los feminicidios. La osadía de contrariar a los gobernantes se ha traducido en una ola de violaciones a sus derechos más elementales como el de la vida y la seguridad”.

Recalcó que es prioridad garantizar el derecho fundamental de la vida, la integridad física, mental, “no solamente a la familia Reyes Salazar, sino a todos y cada uno de los ciudadanos, principalmente a sus derechos humanos”.

Teresa del Carmen Incháustegui Romero (PRD) destacó que es necesario exhortar al ejecutivo federal y al local garantice la vida y la seguridad de las familias desplazadas y lleven a una revisión de la estrategia contra el crimen organizado en Ciudad Juárez.

En su turno, el diputado Pablo Escudero Morales (PVEM) mencionó que cada vez son más las violaciones a los derechos humanos, “se registra un ataque y persecución a los activistas en derechos humanos, a los defensores de la ciudadanía, a las ONG´s, a los que luchan sin interés alguno y su única misión es velar por los derechos humanos”.

Mencionó que según datos oficiales en 2010 hubo 15 mil 273 muertos, es decir, más de mil 200 asesinatos mensuales. Por lo que, dijo, “es necesario la implementación del mando único estatal sin temor alguno y de un sistema de evaluación certero que sirva para la medición y la toma de decisiones”.

Por su parte, la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (PT) subrayó que los más de 3 mil muertos en Ciudad Juárez en promedio es uno por cada millón de pesos que se gasta el gobierno federal en Juárez.

Exigió un alto a la militarización del país; la construcción de una estrategia de seguridad que con tenga como elementos fundamentales una política de desarrollo social integral; respeto a los derechos humanos; terminar con el fuero militar; la presentación con vida de la familia Reyes Salazar y de todos los secuestrados; el fin de la impunidad y el castigo a los responsables de quienes han ensagrentado a Chihuahua.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (PT) indicó que hace un año fue asesinada Josefina Reyes Salazar y no se ha hecho nada y sus familias se han tenido que desplazar hasta la Ciudad de México y hacer una huelga de hambre sólo para exigir justicia.

La diputada Cora Pinedo Alonso (NA) subrayó que Ciudad Juárez es el icono de la violencia como resultado de la guerra contra el crimen organizado. “La presencia de más policías y militares no ha logrado abatir la inestabilidad social, los más de tres mil asesinatos y los efectos colaterales de esta batalla son alarmantes”.

Enfatizó que los habitantes se encuentran entre la violencia relacionada con el tráfico de drogas y las violaciones a las garantías fundamentales cometidas por las fuerzas armadas, la mayoría de ellas impunes. La situación de inseguridad es tan alta que alrededor de 230 mil personas abandonaron la ciudad desde que se implementó el operativo conjunto Chihuahua.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (Convergencia) dijo que “no podemos permitir que todas las fuerzas del narcotráfico y de la delincuencia organizada sean simplemente parte de nuestro discurso; tampoco que todas las acciones y presupuestos sean destinados para ese problema; por qué no preocuparnos por la educación y el desarrollo económico”.

-- ooOoo --