• Pretende que este delito sea de tipo federal para evitar impunidad

En México el robo al autotransporte ha presentado un notable incremento en los últimos 12 meses, debido a que el crimen organizado, al diversificar sus actividades delictivas, ha encontrado atractivas alternativas para aumentar sus recursos en este tipo de robo, señaló el diputado Juan José Guerra Abud (PVEM).

Dijo que datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), reportó que de enero a junio de 2007 fueron robados más de cinco mil 300 vehículos de carga que transportaban distintas mercancías, lo que equivale a 22 por ciento de todas las unidades robadas en el país; para el 2009 el incremento en el número de robos fue de 36 por ciento.

Las carreteras con mayor presencia del crimen organizado son: México-Nuevo Laredo, México-Guadalajara, México-Puebla y México-Veracruz.

El tipo de mercancía que concentró 82 por ciento del monto de los siniestros fue el de artículos para el hogar (36 por ciento); abarrotes (17 por ciento); automóviles, camiones, bicicletas (13 por ciento); maquinaria y equipo (4 por ciento); equipo electrónico (4 por ciento); farmacéuticos (3 por ciento); telas y textiles (3 por ciento) y equipo médico (2 por ciento).

Abundó que en términos generales, el costo de la inseguridad en México es muy alto, pues de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) se calcula que en el país este problema representa al año un costo de 770 dólares por habitante, lo que equivale al 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Por ello, Guerra Abud se manifestó por federalizar el delito de robo al autotransporte, estableciendo un catálogo en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para que se le considere como un delito grave que debe perseguirse de oficio y que cuando concurran diversas circunstancias que así lo determinen se castigue a sus perpetradores en términos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

En una iniciativa que presentó ante el Pleno Camaral y que analiza las Comisiones de Transportes y de Justicia, plantea una pena de 10 a 30 años de prisión y multa de hasta mil días, al que en caminos o carreteras, paradores o puentes de jurisdicción federal cometa el delito de robo en contra de los servicios de autotransporte de carga, pasajeros y turismo, sus servicios auxiliares y los servicios de paquetería y mensajería, así como al transporte privado.

En el documento se destaca que cuando el contrabando y la piratería aparecen vinculados al robo del transporte de carga la competencia desleal se desarrolla al momento de colocar las mercancías robadas en el mercado negro.

Se resalta que el robo al transporte de carga contribuye a la permanencia del mercado informal, ya que los robos recaen, en muchos casos, sobre productos consumibles y de fácil desplazamiento.

De ahí la importancia de que las acciones de tipo empresarial deban ser reforzadas con una política de Estado que evite que el robo al autotransporte llegue a representar la segunda actividad ilícita más lucrativa después del narcotráfico.

“En la mayoría de los casos, estos crímenes son cometidos por miembros de la delincuencia organizada, quienes valiéndose de falsos operativos, la utilización de armas de alto calibre, o en los momentos en que los operadores paran frente a una vía o cruce o para revisar una llanta o fallas mecánicas, aprovechan el estado de vulnerabilidad en que se encuentran para perpetrar los ilícitos que les permitirán apoderarse de las mercancías”.
Tales circunstancias, se destaca, justifican la necesidad de que sean las autoridades federales a quienes corresponda el combate a este flagelo, ya que actualmente su investigación y persecución corresponde a las instancias del fuero común, lo que dificulta su combate pues la mayoría de los casos trascienden los límites territoriales las entidades federativas, lo que propicia campos de impunidad que deben eliminarse.

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