Las armas y municiones aseguradas a la delincuencia y crimen organizado deben ser entregadas a los cuerpos policiales de las entidades federativas y municipios conforme a sus necesidades, carencia en el equipo e índices de criminalidad.

Así lo plantea el diputado Carlos Luis Meillón Johnston (PAN) en una iniciativa que reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde puntualiza que según la Secretaría de la Defensa Nacional, del 25 de agosto 2009 al 14 de enero 2010, se llevó a cabo el programa de destrucción de 79,074 armas de fuego de diferentes calibres, tipos y modelos.

El objeto de la reforma es corroborar las funciones de seguridad pública por parte de los estados, Distrito Federal y municipios, al asignarles armamento para sus cuerpos policiales asegurado por diversas instituciones, mismas que son destruidas por la Secretaría de la Defensa Nacional, aun las armas útiles, funcionales y con tiempo de vida considerable.

De esta forma las instituciones policiales, estatales o municipales, tendrán la posibilidad de dar un adecuado cumplimiento de sus obligaciones elementales.

La propuesta, turnada a la Comisión de Seguridad Pública, pretende que el Consejo Nacional de Seguridad, como instancia superior del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un plazo de 90 días determine a qué cuerpos policiales le serán asignadas aquellas armas aseguradas, útiles y funcionales,

Las autoridades competentes determinarán el tipo, calibre, funcionamiento y tiempo de utilidad de las armas y municiones aseguradas. Las que resulten funcionales y útiles serán asignadas a instituciones policiales estatales o municipales, siempre que cumplan con las disposiciones previstas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Lo anterior en atención a las estadísticas de criminalidad, número de fuerza del cuerpo policial y del registro de armamento reportado en las bases informáticas del sistema.

Meillón Johnston, manifestó que es necesaria la implementación de diversas medidas legislativas para reformar el marco jurídico nacional, a efecto de transformar las estructuras y operación de los cuerpos de seguridad pública.

“No es posible ocultar la visión de la sociedad sobre el clima de inseguridad en todo el territorio nacional, motivo suficiente para un reclamo justo y fundado hacia las autoridades; aunado al incremento de las estadísticas delictivas en determinadas zonas del país y enfatizado por los crímenes de alto impacto social ocasionados por la delincuencia organizada”, cita la iniciativa.

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