• Principalmente en Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas

La Secretaría de Salud reconoció que la inseguridad y violencia que se vive en el país, principalmente en Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, afecta el trabajo de profesionales y centros de salud.

Al dar respuesta a un punto de acuerdo aprobado el 19 de enero, sobre la atención médica y seguridad de los pacientes en clínicas y hospitales públicos, la dependencia precisó que la inseguridad no ha afectado las líneas de acción de calidad en la atención y seguridad de los pacientes.

En el oficio 170/UCVPS/623/2011, suscrito por la titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, María de los Ángeles Fromow Rangel, se menciona que la dependencia comparte la preocupación de los legisladores, por lo que se proponen dictar medidas de control riguroso de acceso y circulaciones a los establecimientos médicos.

Entre ellas, por ejemplo, la exigencia de portar el gafete de identificación o documento que acredite el acceso, principalmente en las áreas de urgencias; prohibir llevar el uniforme o bata de trabajo fuera del recinto hospitalario o establecimiento médico.

La supresión en las páginas Web de los hospitales en los estados afectados por la violencia, así como el directorio de personal de la salud que integra el centro.

Asimismo extremar la vigilancia de las empresas de seguridad en los perímetros hospitalarios, estacionamientos y entradas de los establecimientos médicos, con los apoyos que se consideren convenientes con las autoridades competentes.

También, reforzar los medios de seguridad que se consideren convenientes en los supuestos de traslados de reos con problemas de salud que deban ser internados en un hospital.

Al respecto, el diputado Marco Antonio García Ayala (PRI), proponente del tema, señaló que en ciudades como Monterrey y Ciudad Juárez han sido asesinados, por lo menos, cinco médicos en los últimos meses, algunos de ellos secuestrados previamente y privados de su vida a pesar del pago del rescate exigido.

Los profesionistas de la salud que trabajan en hospitales públicos, dijo, no pueden tomar la decisión de cambiar de residencia porque su condición laboral no se los permite.

Recordó que en diversas entidades se han presentado graves sucesos donde criminales, por lo regular en grupos, han invadido consultorios, clínicas y hospitales, muchos de ellos de carácter público, para culminar el asesinato de rivales heridos o amenazar al personal de salud por la realización o no de actos médicos que afecten sus intereses.

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