La Cámara de Diputados acordó, con 259 votos a favor, 95 en contra y 5 abstenciones, enviar un escrito al presidente municipal de Ensenada, Baja California, con el que le manifiestan su respaldo para que se revisen los permisos otorgados por anteriores ayuntamientos a la empresa Energía Costa Azul, propiedad de Sempra Energy, para el funcionamiento de la terminal de gas natural licuado.

A través de un punto de acuerdo, impulsado por el diputado José Narro Céspedes (PRD), se le pide a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que una subcomisión de la misma, se traslade a Ensenada para reunirse con las autoridades y conocer a detalle la situación relacionada con los permisos de operación de la empresa.

De igual forma, verifique documentalmente el cumplimiento de toda la legislación, reglamentación y normas oficiales mexicanas, estatales y municipales aplicables en la construcción y operación de la planta regasificadora.

Investigue en qué forma, bajo qué criterios, en cuánto tiempo y por quiénes fueron otorgados los permisos, licencias y documentos necesarios, a fin de detectar si hubo irregularidades, incumplimientos u omisiones al respecto.

Se exhorta al ejecutivo a que gire instrucciones al secretario de la Defensa Nacional para que las fuerzas armadas de la zona militar que resguardan Ensenada se abstengan de intervenir en problemas de carácter legal.

El diputado José Narro Céspedes destacó que la empresa, desde la adquisición de los terrenos, ha estado plagada de una serie de irregularidades, pues cuando el ayuntamiento revisó los permisos que se habían otorgado, éstos se aprobaron en forma irregular porque el permiso tiene que ser avalado por el cabildo, tiene que estar en el acta y a partir de ahí el presidente municipal otorga el aval correspondiente.

Mencionó que el presidente municipal otorgó el permiso a título personal, sin el respaldo del ayuntamiento ni del cabildo, por lo cual carecía de total validez.

Por lo anterior la presidencia municipal, en el marco del acatamiento de este punto de acuerdo, procedió a la clausura de esta empresa que estaba funcionando en forma irregular.

Ante estos hechos, dijo, lo que sucedió fue que hubo un desplazamiento de elementos del Ejército y de la Policía Federal Preventiva, para abrir la planta, violentando una atribución que es del ayuntamiento.

“Tenemos que respetar la división de poderes y el federalismo. No es posible que se instale una regasificadora que no se ha instalado en Estados Unidos ni en Canadá porque es contaminante”, concluyó.

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