El diputado Humberto Benítez Treviño (PRI) presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales y de las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada; Orgánica de la Procuraduría General de la República; Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y la de Amparo, para regular, acotar y precisar la utilización de la figura del arraigo.

Lo anterior, con el fin de fortalecer la investigación ministerial y evitar violaciones a las garantías individuales de debido proceso, legalidad y seguridad jurídica.

El también presidente de la Comisión de Justicia se pronunció porque el arraigo sea “un instrumento de investigación”. Dijo que en este país se detiene para investigar en lugar de investigar para detener.

“Que el arraigo se convierta en elemento de juicio para la averiguación previa y no en castigo para los ciudadanos en los que se presume el principio vital de la presunción de inocencia”, subrayó.

Consideró que la utilización y el abuso del arraigo rompe con el principio de presunción de inocencia: una persona arraigada tiene que demostrar su no culpabilidad cuando debe prevalecer dicho principio.

Propuso diversas alternativas para regular esta figura: el arraigo domiciliario, la prohibición de salir de un lugar determinado, la prohibición de ir a una comunidad y la utilización de sistemas de localización electrónicas para monitorear a los imputados. Se turnó a la Comisión de Justicia.

Incorporar la perspectiva de género como figura jurídica

La diputada Laura Elena Estrada Rodríguez (PAN) propuso reformar diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Ley Federal de la Defensoría Pública y de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

Lo anterior, con el propósito de que se incorpore la perspectiva de género como figura jurídica inmersa en la legislación procesal penal que deberán atender las autoridades.

Dicha figura tendría por objeto establecer que la comisión de un delito estuvo motivada por cualquier acción u omisión basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico o sexual. Se turnó a las Comisiones de Justicia y a la de Seguridad Pública.

Fortalecer facultades del Congreso en política exterior

Con el objetivo de fortalecer las facultades del Congreso de la Unión en materia de política exterior y la celebración de tratados internacionales, el diputado Porfirio Muñoz Ledo (PT) planteó reformar los artículos 72, 73, 76, 88, 89, 126, 133 Y 134 de la Constitución Política.

Señaló que con las modificaciones se dará facultad al Congreso para analizar las labores de protección y promoción de los derechos de los migrantes mexicanos en el extranjero. La iniciativa propone que los principios de la política exterior no sea facultad exclusiva del Ejecutivo federal, sino de todo el Estado mexicano. Se envió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Puntos Constitucionales.

Estímulo fiscal para operaciones de maquila

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público se remitió la iniciativa del diputado Alejandro Cano Ricaud (PRI) que reforma la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a fin de adicionar un capítulo VIII de los Estímulos Fiscales para Operaciones de Maquila.

La reforma establece que el estímulo fiscal consistirá en acreditar contra el Impuesto Empresarial a Tasa Única del ejercicio a cargo del contribuyente, un monto equivalente al resultado que se obtenga de restar a la suma del Impuesto Empresarial a Tasa Única del ejercicio a cargo y del Impuesto Sobre la Renta propio del ejercicio, el monto que se obtenga de multiplicar el factor de 0.175 por la utilidad fiscal que se hubiese obtenido de aplicar las fracciones I, II o III del artículo 216-Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, según corresponda.

Delitos contra el patrimonio cultural

Se mandó a la Comisión de Justicia la propuesta de reforma del diputado Francisco Herrera Jiménez (PRI) que adiciona un título vigésimo séptimo al Código Penal Federal, con la finalidad de elevar al rango de delito los actos realizados en contra del patrimonio cultural de la nación.

Propuso que al que realice trabajos materiales de exploración arqueológica en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le imponga prisión de uno a diez años y multa de dos a doscientos días.

Al que valiéndose del cargo del INAH para la ejecución de trabajos disponga de un monumento arqueológico mueble, se le imponga prisión de uno a diez años y multa de sesenta a trescientos días; y se le destituirá por el doble del tiempo de la pena impuesta.

Reestructuración tarifaria

El diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (PRI) presentó una iniciativa que reforma los artículos 12, fracción VII, y 31, fracción II, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para la reestructuración tarifaria, tomando en consideración las temperaturas medidas en bulbo húmedo, conforme a las estaciones meteorológicas instaladas por la Comisión Federal de Electricidad.

El objetivo, dijo, es precisamente hacer conciencia de la necesidad de que la empresa sea más sensible a las carencias de los mexicanos más vulnerables, sobre todo de servicios públicos de calidad y con tarifas justas. Se canalizó a la Comisión de Energía.

Impulsar programas que fomenten educación e investigación

El diputado Jorge Arana Arana (PRI) propuso reformar diversas disposiciones de la Constitución Política; y de las Leyes General de Educación, de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de Ciencia y Tecnología, y Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Lo anterior, con el objetivo de que las autoridades implementen nuevos métodos y programas que fomenten la educación, la investigación y los resultados científicos nacionales, con el fin de que todos los sectores de la población alcancen una mejor calidad de vida. Se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Educación Pública y Servicios Educativos, de Gobernación y a la de Ciencia y Tecnología.

Exentar del pago de energía eléctrica al sistema educativo

El diputado José Alberto González Morales (PRI) presentó una iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a fin de exentar del pago por el servicio de consumo de energía eléctrica a los planteles e infraestructura que forme parte del sistema educativo nacional de carácter público.

La propuesta incluye todos los niveles y modalidades: preprimaria, primaria, secundaria, de capacitación para el trabajo, profesional técnico, bachillerato, media superior y superior. Se envió a la Comisión de Energía.

Ley Orgánica del Congreso General

Los diputados Alejandro Encinas Rodríguez y José Luis Jaime Correa (PRD) propusieron reformar artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General, con el objeto de facilitar los acuerdos y consensos para la gobernabilidad democrática de la Cámara de Diputados, y flexibilizar el precepto para la elección del presidente de la Mesa Directiva.

La iniciativa establece que se procurará que la presidencia de la Mesa Directiva la ejerza un diputado o diputada de distinto Grupo Parlamentario del que presida la Junta de Coordinación Política en el mismo año legislativo.

“La reforma busca honrar la palabra empeñada entre los coordinadores de los grupos parlamentarios de la presente legislatura, en un acuerdo para la gobernabilidad de la Cámara de Diputados”. Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

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