La presidenta de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas, Rosi Orozco (PAN), señaló que pese a que este flagelo tiene condiciones transnacionales y que esclaviza a millones de niñas, niños, hombres y mujeres, solo siete estados y el Distrito Federal cuentan con una ley para su combate.

En el marco de la conferencia magistral “Prevención y combate a la trata de personas en Colombia”, impartida por Ángela Ospina de Nicholls, la diputada Rosi Orozco agregó que es deprimentemente ver cómo, en comparación con el tamaño del problema, van a la baja los juicios en contra de este delito.

“En tanto sean mínimas las sentencias no sólo en México sino otras latitudes del mundo, se está enviando el mensaje de que la injusticia sufrida por las víctimas no es una prioridad nacional o internacional”.

En México, abundó, nos enfrentamos a la realidad de que de los 31 estados, 28 de ellos y el Distrito Federal, cuentan de alguna manera con un tipo penal de trata de personas que concuerda con los tratados internacionales que el país ha firmado.

Sin embargo, de esos 28, dijo, sólo siete: el Distrito Federal, Chiapas, Tlaxcala, Tabasco, Nuevo León, Hidalgo, Veracruz, Quintana Roo, cuentan con una ley especial de atención a víctimas del delito.

“Otros cuatro estados, Tamaulipas, Yucatán, Querétaro y Sinaloa, acaban de aprobar una ley al respecto, aunque no están promulgadas. En el resto de las entidades no está tipificado en sus legislaciones locales la trata, o bien, cometen el grave error de confundirlo con el lenocinio”, subrayó.
Por ello, manifestó que resulta trascendente que el país cuente con una ley general en la materia que permita homologar el delito y a su vez ponga especial interés en las víctimas.

“No se pretende limitar a la autoridad local en el uso de las herramientas especiales de investigación y persecución de la trata de personas, sino por el contrario, lograr una distribución de competencias entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para hacer un combate integral a este fenómeno que ataca a la población, su tranquilidad, nuestras instituciones y la estabilidad social, económica y política”.

La hermandad latinoamericana, añadió, permite que los pueblos se unan para conocer e intercambiar estrategias. “Celebramos la participación de dos sociedades amigas, dispuestas a luchar por una causa justa como es erradicar la trata de personas de nuestras naciones y regiones de influencia”.

Mencionó que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 56 por ciento de las víctimas de trata humana en el mundo son mujeres y niñas y ese número está creciendo.

“Las víctimas de la trata sufren abuso físico, psicológico y sexual, y es un delito tan grave como el homicidio, la violación sexual y el secuestro, que debe ser procesado legalmente”.

Recordó que a través de acuerdos, la Cámara de Diputados logró la expedición de una ley general en materia de secuestro y esos mismos acuerdos deben prevalecer para crear una ley general de trata de personas.

“Leyes y políticas públicas encaminadas a cumplir propósitos por encima de grupos y partidos, todo en un función de un bienestar social general. Las víctimas de la trata merecen ser protegidas; aprobar leyes sin hacerlas cumplir es ineficaz y la acción policial sola, sin la protección a las víctimas, es inadecuada”.

Por su parte, el diputado Arturo Santana Alfaro (PRD), presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, resaltó la importancia de contar con una ley de prevención y combate a la trata de personas.

Recordó que existen algunas propuestas al respecto, sin embargo, la experiencia de Colombia servirá para la concreción de un marco normativo en un futuro próximo, que sin lugar a dudas, va a regir, sancionar y penalizar a quienes se dediquen a este flagelo que ha lacerado a miles de niñas y niños en nuestro país.

A su vez, el diputado Leonardo Arturo Guillén Medina (PAN), presidente del grupo de amistad México-Colombia, refirió que ese país sudamericano es un ejemplo para el nuestro en el combate a la trata de personas y a la delincuencia organizada.

“Son un ejemplo exitoso de cómo poner orden en asuntos tan difíciles. Nosotros queremos no sólo compartir experiencias sino también aplicar lo que a ellos les ha dado resultados positivos”.

En su conferencia, Ángela Ospina de Nicholls, ex asesora del Ministerio Interior de Gobierno y ex presidenta del Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas en Colombia, comentó el proceso que dio pie a la integración de una ley sobre el flagelo en su país.

Destacó que la trata de personas es un tema que tiene raíz en las inequidades, injusticias y violación a la dignidad. “De ahí partimos y fue la motivación primera”.

Como ciudadanos y como diputados, abundó, debe ser de un interés alto, ser considerado como una agenda de gobierno y ciudadana. No podemos permitir que se sigan desarrollando inequidades, ni ser insensibles, insensatos e invisibilizar un tema de una gran magnitud.

Ante los legisladores mexicanos hizo hincapié en que al ingresar a este recinto legislativo, a la delegación colombiana les llamó la atención una palabras contenidas en Los Sentimientos de la Nación.

“Una frase que es un ejercicio fuerte para lo que la Comisión Especial pretende. Me explicaron que la frase está contenida en Los Sentimientos de la Nación y señala: Como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso, deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia: José María Morelos y Pavón”.

Precisamente por eso, dijo, “el esfuerzo que hace la Comisión Especial contra la trata de personas le va a llevar a su cometido y lograr esa ley nacional, porque aquí están las palabras que tienen como mandato los congresistas de esta nación”.

Al evento efectuado en el Salón de Protocolos del edificio “C” acudieron el coronel Jorge Octavio Vargas Méndez, agregado de policía y representante del embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio Isaza; María Lina Moreno de Uribe, ex primera dama de Colombia.

Asimismo, la diputada Araceli Vázquez Camacho (PRD), secretaria de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas; Carolina Bustamante García, presidenta del patronato DIF Tijuana; la psicóloga Lourdes Díaz Infante Altamirano, directora general del DIF Tijuana, Angélica Herrera Rivero, encargada de la Unidad de Tráfico de Menores y Órganos, de la SIEDO y Regina Larrea, de la Dirección de Equidad y Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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