• Evidente privatización del sector eléctrico en beneficio de la empresa Iberdrola: César Augusto Santiago

El grupo de trabajo encargado de investigar las denuncias de corrupción que pesan sobre la Comisión Federal de Electricidad (CFE), determinó conformar una comisión de alto nivel, la cual estaría integrada por legisladores y funcionarios con capacidad resolutiva tanto de la paraestatal como de la Secretaría de Hacienda, a fin de dar solución al tema de los altos costos de las tarifas eléctricas.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez, presidente del órgano legislativo, señaló que la Cámara de Diputados ha recibido miles de denuncias en contra de la CFE por los cobros excesivos en el servicio de energía eléctrica, lo que obliga a dar una respuesta definitiva a los usuarios.

En la reunión de este miércoles, el grupo plural dio a conocer que en los próximos días presentará una iniciativa para reformar la Ley del Servicio Público de Energía encaminada, por un lado, a regular el cobro de las tarifas y a su vez establecer nuevas condiciones para la expedición de contratos de generación de energía a particulares.

Sobre este último tema, el diputado César Augusto Santiago Ramírez informó que en un oficio enviado por la Auditoría Superior de la Federación, se señala que la investigación de situación excepcional solicitada en torno a los presuntos actos de corrupción de la CFE, se encuentra en proceso como parte de las auditorías que llevará a cabo en relación con la Cuenta Pública 2010.

En tanto que las dos investigaciones de la evolución patrimonial del ingeniero Gustavo Alonso Salvador Torres, relacionado al mismo tema, la ASF determinó que está fuera del ámbito de su competencia.

Durante la sesión de trabajo, el titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de la Federación, Roberto Michel Padilla, se refirió a la situación que enfrenta la Comisión Federal de Electricidad.

Señaló que pese a que existe un mayor número de plantas generadoras, la CFE está produciendo menos energía, “es decir, hay una subutilización y los particulares, principalmente la empresa española Iberdrola, están utilizando de manera ilegal la infraestructura del país”.

En este sentido, subrayó que contrario al espíritu constitucional, hay un exceso de participación de los productores privados, y de no ponerse un freno la apertura del mercado se seguirá haciendo a costa de las finanzas de la CFE y en última instancia del Estado mexicano.

Dijo que de acuerdo con la Cuenta Pública 2009, la Comisión Reguladora de Energía otorgó de manera desordenada 768 permisos de generación e importación de energía eléctrica, de los cuales, 589 correspondieron a la modalidad de autoabastecimiento, 59 a cogeneración, 47 a usos propios continuos, 3 a la pequeña producción, 37 a la importación y 24 a la producción independiente, ésta con una capacidad de 13 mil 454 megawatts.

Es decir, abundó, en 2009 la Comisión Reguladora de Energía otorgó permisos a los productores independientes por una cantidad superior a la que ya estaba en operación y que era alrededor de 12 mil megawatts.

Advirtió que de ponerse en marcha esos 13 mil 454 megawatts, todo el sistema eléctrico, público y privado, entraría en una mayor situación de subutilización, toda vez que la demanda crece a un ritmo muy inferior al de la expansión, derivado de los permisos a independientes.

Michel Padilla agregó que la principal empresa que vende energía a CFE es Iberdrola, que la abastece con poco más de 5 mil gigawatts de los 12.5 del total que generan los productores de energía.

“En 2002 el pago de la CFE a productores privados por la compra de energía eléctrica fue por 6 mil 428.8 millones de pesos; en 2008 la cifra llegó a 70 mil 600 millones de pesos y en 2009 baja un poco”.

En los últimos años, añadió, se ha dado un empeoramiento financiero de la CFE al grado de que registra un déficit de 39 mil 800 millones de pesos y de sumarse los 42 mil 900 millones de pesos de insuficiencia tarifaria la cantidad es enorme.

Concluyó que los subsidios del gobierno a la CFE pasaron de 46 mil 600 millones de pesos en 2001 a 98 mil 300 millones de pesos en 2009, mismos que van a parar en su mayoría a la transnacional Iberdrola.

El diputado César Augusto Santiago dijo que es evidente la privatización desmedida del sector eléctrico y el desmantelamiento de la infraestructura de la CFE para beneficiar a Iberdrola, por lo que la única manera de frenar la situación es reformar la Ley del Servicio Público de Energía.

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