La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó un dictamen a la minuta que adiciona un párrafo décimo al artículo 4 y reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Carta Magna, para que el Estado garantice el derecho a la cultura física y el deporte a través de su promoción, fomento y estímulo.

En el dictamen se argumenta que la práctica de actividades físicas y deportivas es un derecho vinculado a otros que son considerados fundamentales; no obstante, no se le ha dado un valor como tal.

Por ello, se debe reformular la regulación de estas actividades, previéndolas como parte importante de la política social y económica, buscando así su reconocimiento constitucional estableciendo en los poderes públicos su estímulo, fomento, protección y garantía de que se den mejores condiciones y se favorezcan los valores humanos.

En el documento se señala que el derecho al deporte debe ser incluido en la Constitución como garante del desarrollo personal de las personas y de la sociedad.

Destaca que el bienestar del individuo y de la sociedad en su conjunto se encuentra en crisis que debe ser atendida con urgencia; tal emergencia son los alarmantes índices de obesidad infantil.

Subraya que de acuerdo con la Secretaría de Salud se debe a dos factores principales: alimentación inadecuada y falta de actividad física asociadas al sedentarismo, producto de las condiciones de vida actuales, incluyendo la falta de programas gubernamentales que impulsen el desarrollo físico.

Ante tal motivo, se considera que la incorporación de las reformas propuestas, sin duda, enriquecerán el actual marco jurídico y consagrarán la existencia en la legislación mexicana de una materia hasta ahora inexistente, como la del derecho público al deporte.

Precisa que la adecuación de la fracción XXIX-J del artículo 73 permitirá la expedición de una nueva Ley Reglamentaria en la materia, de la que podrán emanar un determinado grupo de reglamentos que complementen materias como los deportistas de alto rendimiento, la disciplina deportiva y el reconocimiento de la formación y titulación de los técnicos y entrenadores deportivos.

Enfatiza que el reconocimiento constitucional del derecho a la cultura física y el deporte significará para los poderes del Estado la asunción definitiva de un compromiso encaminado al aseguramiento del bienestar social.

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