• Haría que las investigaciones fueran más rápidas: Incháustegui Romero

La Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las autoridades competentes en Relación a los Feminicidios Registrados en México, presentará una iniciativa para tipificar como delito grave este ilícito y establecer las bases para su investigación con la debida diligencia.

La presidenta de dicho órgano, diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (PRD), explicó que la propuesta plantea la inclusión de un capítulo en el Código Penal Federal sobre el delito de feminicidio.

Subrayó que el feminicidio es la culminación de una serie de violaciones y agresiones en contra de las mujeres que pueden ser de manera emocional, psicológica y de maltrato en diversas modalidades como lesiones físicas, trata y privación de vida, entre otras.

Por lo que resaltó que es necesario enfocar el asesinato de las mujeres desde la perspectiva del homicidio calificado en el que solamente están los tres elementos como agravantes: la premeditación, la alevosía y la ventaja, y en el cual, se deja de lado y sin castigar todas esas violaciones contra las mujeres.

Con la reforma, puntualizó, se visibilizan todas esas agresiones y se da entrada para incrementar las penas de quien incurra en este tipo de actos, “que victimizan a mujeres de todas las edades; desde los cero a los cinco años y hasta edad avanzada”.

Precisó que las reformas a los Código Penal Federal y al de Procedimientos Penales, así como a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, retoma una serie de recomendaciones internacionales, entre las que destaca un banco de información genética que permitirá la identificación de los cuerpos de las niñas y mujeres que están desaparecidas.

Incháustegui Romero dijo que las características de los homicidios de mujeres son muy importantes, pues los hombres y mujeres que fallecen por muertes violentas o presuntos homicidios, no tienen su origen en las mismas circunstancias.

En el caso de los hombres, precisó, más del 60 por ciento de las muertes se produce en los espacios públicos y por armas de fuego. En el caso de las mujeres, es contrario, dado que la mayor parte de los crímenes es en el ámbito privado y los medios para quitarles la vida “están caracterizados por una brutalidad y una serie de otro tipo de armas, en las cuales, las de fuego tienen una menor incidencia”.

Se trata normalmente, abundó, de fuerza física aplicada en forma de estrangulamiento, ahorcamiento, sofocación y en muchas ocasiones, de laceraciones del cuerpo, violación sexual, mutilaciones, “en fin, el tema es la crueldad y la brutalidad con que se producen los asesinatos”.

En conferencia de prensa, la diputada Sofía Castro Ríos (PRI) resaltó la importancia que tiene legislar ante uno de los flagelos más difíciles que las mujeres han vivido en los últimos diez años. “Dado que no se ha legislado el feminicidio, la mayoría de las procuradurías estatales hablan de los homicidios de mujeres por diversas razones”.

Al tipificarlo, mencionó, no sólo se permite al juzgador tomar decisiones con mayor claridad, sino darle una herramienta para que aplique la ley apegado a la legalidad y se detenga el flagelo de la violencia contra las mujeres.

De la Comisión de Equidad y Género, su presidenta diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (PRD), expresó que una asignatura pendiente sigue siendo el acceso a la justicia a las mujeres.

“Estamos muy por debajo de los acuerdos internacionales, por lo que la iniciativa contribuye a que se abatan las estadísticas y la impunidad que caracteriza a la procuración e impartición de justicia del país; es importante que esta reforma y otras contribuyan a que se realice la justicia para las mujeres”.

Por su parte, Marcela Lagarde y de los Ríos, presidenta de la Red Nacional de Investigadoras por la Vida, la Seguridad y los Derechos de las Mujeres, resaltó que en una década han sido asesinadas de esta manera feminicida, más de 15 mil mujeres en el país.

México, agregó, es una nación en la que vida de las mujeres se encuentra en riesgo. “No hay derecho a vivir una vida libre de violencia aunque tengamos una Ley en la materia, por lo que la tarea es cambiar las instituciones, las mentalidades de quienes se encargan de los asuntos públicos que hoy lo hacen de manera discriminatoria y actúan generando impunidad”.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (PRD) dijo que las reformas consideran como obligaciones del Ministerio Público que durante la integración de la averiguación previa: promueva regularmente información a las víctimas sobre los avances de las investigaciones y evite elementos de discriminación que puedan dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima.

Se impulsa la creación de un registro público de los delitos contra mujeres que concentre la información de todo el país; protocolos especializados con perspectiva de género para la búsqueda inmediata de niñas y mujeres desaparecidas; investigación de los feminicidios y violencia sexual; la creación del banco nacional de datos genéticos.

Informó que la propuesta podría presentarse ante el Pleno Camaral, el miércoles 9 de marzo.

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