• Con este dictamen se redunda en el beneficio de los millones de campesinos mexicanos que viven en extrema pobreza: García Barrón

La Cámara de Diputado aprobó, con 341 votos a favor, 43 en contra y 8 abstenciones, un dictamen que reforma el artículo 82 de Ley Agraria que establece que a partir de que las tierras dejen de ser ejidales, el dominio pleno se adquiere a título gratuito.

Al fundamentar el dictamen de la Comisión de la Reforma Agraria, su presidente diputado Óscar García Barrón (PRI), expresó que con este dictamen se redunda en el beneficio de los millones de campesinos mexicanos que viven en extrema pobreza.

Mencionó que los legisladores preocupados por esta situación, presentaron iniciativas que contribuyen a buscar soluciones, como lo es el dictamen que plantea la adopción del dominio pleno a título gratuito.

La reforma al artículo 82 de la Ley Agraria, dijo, elimina dudas de interpretación jurídica, por lo que queda: “a partir de la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Agrario Nacional, las tierras dejarán de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común, entendiéndose para todos los efectos legales que el dominio pleno se adquiere a título gratuito”.

En la discusión, el diputado Luis Carlos Campos Villegas (PRI) destacó que esta precisión resuelve problemas en la práctica cotidiana, que benefician a los adquirentes de esas parcelas, tanto en materia tributaria para ver cómo se va a pagar o no se va a pagar el Impuesto Sobre la Renta, el impuesto municipal de traslación de dominio; en los trámites catastrales, en los registrales y en el tema de la sociedad conyugal.

Manifestó que el dictamen resuelve un problema de interpretación señalando con claridad que el dominio pleno se adquiere a título gratuito.

Por Acción Nacional, el diputado José Marroquín Toledo indicó que si desde la Ley Agraria se aclara y precisa que el dominio pleno de las parcelas se adquiere a título gratuito, se facilita la aplicación del derecho común de los estados.

Puntualizó que el objeto de la reforma es para determinar con precisión la gratuidad de la adopción del dominio pleno de tierras que antes eran ejidales, por lo que se dota de seguridad jurídica al patrimonio familiar de los campesinos.

El diputado Avelino Méndez Rangel (PRD) manifestó su voto en contra y resaltó que el dictamen pretende privatizar, desaparecer la propiedad social y darle mayor énfasis a una ley secundaria que a la ley fundamental, que es la Constitución Política.

José Narro Céspedes (PRD) denunció que el dictamen no tiene como trasfondo ayudar a las viudas y a los ejidatarios, pues “es claro que lo que se está buscando es seguir perfeccionando esa estrategia de despojo. Lo que se alienta es seguir caminando hacia el esquema de la privatización”.

Del PT, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia expresó que la reforma tiene como propósito continuar la privatización del ejido mexicano, ya que transmite el pleno dominio al ejidatario, a título gratuito, para que después lo pueda transmitir a terceros. “Es decir, transformar la propiedad colectiva y la social en particular y en privada”.

Con la reforma, indicó, se trastocan los principios del constitucionalismo social mexicano; los orígenes y motivos de la Revolución Mexicana. “Por eso nos oponemos a aprobar una reforma que limita el sentido social del ejido, que lo privatiza y vulnera la Constitución en su artículo 27”.

El dictamen se mandó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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