El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 382 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones, reformar la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para infraccionar a quienes produzcan, reproduzcan, almacenen, distribuyan, transporten o comercialicen copias cinematográficas y demás obras audiovisuales con fines de lucro.

En el dictamen de la Comisión de Cultura, se explica que la violación a los derechos de autor y de propiedad intelectual se ha convertido en uno de los grandes problemas sociales que atenta contra los derechos de carácter patrimonial y repercute en enormes pérdidas en la economía del país y en el erario público.

Se destaca que el fenómeno de la “piratería” se ha extendido cada vez más a diversos productos, incluso aquellos que se encuentran protegidos por los derechos de propiedad intelectual.

Refiere que según cifras de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, esta situación ha repercutido en la pérdida de 15 mil millones de pesos por la evasión al Impuesto al Valor Agregado (IVA); la economía informal es el principal mercado de este tipo de productos ya que se estima que de cada diez puestos ambulantes ocho comercian con productos piratas.

Resalta que en los últimos años, con la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación a quienes ejercen la piratería, las ventas de la industria fonográfica descendieron en un 18 por ciento en unidades en los últimos dos años, según datos de la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas, lo que representó una disminución en las ventas por 4 mil 960 millones de pesos.

Al hablar en contra del dictamen, el diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) consideró que con esta reforma no se va a combatir a los grandes criminales, a los que diseñan y planean la piratería artística, sino se va a criminalizar a los pequeños, aislados, individuales, personas que se dedican a esta piratería.
En pro del dictamen, el diputado Armando Jesús Báez Pinal (PRI) indicó que la carencia de esta precisión deja abierta la puerta para que la autoridad competente no actúe en contra de aquellos que violan flagantemente los derechos autorales de los creadores, productores, intérpretes y actores de las obras cinematográficas y de las obras audiovisuales.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) se manifestó en contra por considerar que “los ciudadanos son tratados como delincuentes y los delincuentes gobiernan este país”.

En su turno, el diputado Víctor Alejandro Balderas Vaquera (PAN) subrayó que con este dictamen se protegerá a la propiedad intelectual, en tanto que el derecho patrimonial tiene que ver con la capacidad creativa de la mente, especialmente cuando se trata de obras cinematográficas, artísticas y audiovisuales. “En ese sentido, los artistas se han visto afectados por el saqueo y crimen organizado, habitualmente nombrado piratería”.

El diputado Mario Di Costanzo Armenta (PT) dijo que es absurdo criminalizar a los vendedores ambulantes. “Es muy grave que a los delincuentes de cuello blanco nadie los persiga o se diga que la ley es imperfecta, que estén creciendo en sus hoteles y tengan 8 mil trabajadores en el abandono. Aquí a los únicos que han protegido son a los autores intelectuales de los crímenes financieros y de los crímenes que se han cometido contra el Estado mexicano”.

El diputado Avelino Méndez Rangel (PRD) se pronunció a favor “porque ya es tiempo de que uno de los tantos rezagos que tenemos en este país, que es cuidar a los creadores, la propiedad intelectual se dé”.
Se envió al Senado de la República para sus efectos Constitucionales.

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