• Hay en México un enorme rezago en acceso social a internet

En el marco del foro Internet, derecho ciudadano, dónde estamos, a dónde vamos, el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (PRD), anunció que en los próximos días presentará una iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho al Internet.

La propuesta, explicó, busca plasmar dentro de la parte dogmática de la Constitución, uno de los derechos fundamentales que ha comenzado a ser reconocido con la categoría de la cuarta generación.

Dijo que la iniciativa pretende reformar el artículo 6 de la Carta Magna, a fin de que la Federación, los estados y el Distrito Federal permitan que el acceso a Internet sea asequible, gratuito y no discriminatorio.

Además, añadió, el Estado deberá garantizar el ejercicio de este derecho; pero el acceso a fuentes de información relativa a la vida privada y datos personales, será regulado en los términos que marca la ley, aclaró.

El legislador refirió que esta tendencia comienza a cobrar relevancia a nivel internacional y prueba de ello es que, desde el 1 de julio de 2010, en Finlandia se ha reconocido el derecho a Internet de banda ancha como un derecho fundamental.

Afirmó que en México tan sólo una cuarta parte de la población tiene computadora y una décima parte de ese universo cuenta con conexión a Internet; “el país ostenta un enorme rezago”.

Precisó que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al 2010 el 51.8 por ciento de los usuarios de Internet lo hacía desde fuera del hogar, “situación que podría explicarse por lo caro que resulta pagar por el servicio”.

Puntualizó que las diferencias en la tarifas y las capacidades de conexión existentes entre México y otros países son amplias, ya que mientras la conexión promedio en el país es de 1 megabit por segundo cuesta 400 pesos, en Japón la conexión es en promedio de 60 megabits por segundo y cada uno se paga a cuatro pesos; en Finlandia por una conexión de 24 megabits por segundo hay que pagar 200 al mes.

En tanto, el diputado Rodrigo Pérez-Alonso González (PVEM), presidente de la Comisión Especial de Acceso Digital, expresó que hace falta alinear políticas públicas bajo una misma visión, así como estimular la competencia en el mercado; “se necesita garantizar el derecho a las telecomunicaciones”.

Indicó que México tiene la velocidad más baja de la OCDE y las más caras y que la brecha digital se reflejan en sólo 32 millones de usuarios de Internet y únicamente el 10 por ciento cuentan con la banda ancha, pero “estamos por debajo de Turquía y de otros países mucho más pequeños”.

En su oportunidad, Julio Téllez Valdez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, manifestó que se debe legislar de manera adecuada, a fin de que el acceso a Internet sea considerado de forma Constitucional como un derecho fundamental.

Puntualizó que se debe presionar al gobierno para llevar a cabo esta legislación “se requiere de una sinergia entre las empresas, las academias y el gobierno para concretar un trabajo adecuado en esta materia”.

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