La secretaria de la Comisión de Turismo, diputada Lizbeth García Coronado (PRD) se manifestó porque la Secretaría de Gobernación (Segob) continúe con el decomiso y retiro de máquinas tragamonedas, toda vez que se calcula existen en México 75 mil aparatos de apuesta.

Expresó que sólo 25 mil se encuentran en salas de juego de permisionarios autorizados por la Segob y las demás operan con acciones de amparo. Los grupos empresariales con mayor participación dentro del mercado legal: Caliente, Televisa, CIE y PRINGSA.

Indicó que mientras que las máquinas tragamonedas son el deshecho de los casinos norteamericanos, en México han proliferado a partir de 2005 por su costo reducido, facilidad de instalación y falta de una normatividad actualizada.

Durante los últimos años, destacó, en diversos establecimientos se localizan las máquinas tragamonedas, que además de ser un negocio ilegal, propician apuestas entre los jóvenes. “Estos juegos están al alcance de cualquier persona y se han convertido en un vicio en el que el usuario pasa varias horas al día apostando”.

García Coronado mencionó que también se pueden ver a niños depositando sus monedas en estos aparatos que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad, sin que las autoridades tomen las medidas correspondientes para regularlos.

Denunció que hay en distintas partes del país establecimientos ilegales en que se hacen pasar como casas de videojuego o maquinitas para obtener los permisos de las autoridades municipales, cuando en realidad tienen instaladas máquinas tragamonedas.

Agregó que la Segob ha reconocido que imprecisiones en la Ley Federal de Juegos y Sorteos impiden el combate a actividades ilegales, en especial para retirar las maquinas tragamonedas, pues para decomisarlas se requiere, como requisito indispensable, que se encuentren operando en el momento en que llega el supervisor.

La diputada del PRD, expuso que el gobierno federal mantiene un avance marginal en este combate y asegura que la operación de máquinas tragamonedas ocurre en pequeños establecimientos, como farmacias, tiendas de abarrotes o papelerías, pero no en las grandes cadenas de juego de apuestas y sorteo de números.

Manifestó que en los últimos años se han destruido máquinas tragamonedas que eran operadas de manera irregular, al no contar con los permisos respectivos para su funcionamiento en el mercado, así como con dispositivos de manufactura doméstica y componentes de importación, que no contaban con los permisos para operar.

Sin embargo, aseguró, se ha incrementado el número de maquinas tragamonedas y casinos ilegales en México, así como salas de juego piratas que rebasaron la capacidad de control del gobierno, “muchos de ellos probablemente ligados al crimen organizado”.

Por ello, presentó un punto de acuerdo que analiza la Junta de Coordinación Política, las Comisiones de Gobernación, de Economía y la de Hacienda y Crédito Público para que la Segob continúe con el decomiso y retiro de máquinas tragamonedas.

Asimismo que la Secretaría de Economía, particularmente la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), colabore en los operativos con la Segob, ante la multiplicación de las máquinas tragamonedas, principalmente en pequeños establecimientos donde han proliferado notoriamente.

De igual forma, pide a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público colabore detectando la importación de máquinas tragamonedas, ya sea de manera completa o en partes, con objeto de inhibir que cualquier ciudadano las pueda comprar.

Mientras que a los gobernadores de las entidades federativas y del jefe de gobierno del Distrito Federal, solicita su intervención para que impidan el juego ilegal fomentado a través de las máquinas tragamonedas.

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