• No se trata de coartar la libertad de expresión sino de sancionar con claridad conductas que hoy son delitos, establece

La Cámara de Diputados aprobó, con 401 votos en pro, 0 en contra y 6 abstenciones, el dictamen que modifica diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, para castigar a quienes contraten publicidad y a las que publiquen anuncios encuadrados en conductas de este delito.

El presidente de la Comisión dictaminadora, diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (PRI), explicó que la modificación establece medidas legales para castigar a quienes promuevan la trata de personas a través de la publicidad y fijar medidas de prevención para que los anuncios que se difundan en los medios no fomenten esta práctica delictiva.

Indicó que el desarrollo de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ha facilitado el trabajo de las redes del crimen organizado que se dedican a la trata de personas, ya que se valen de publicidad o propaganda engañosa en medios impresos o electrónicos para contactar a sus víctimas que generalmente pertenecen a los grupos sociales más vulnerables o incluso a menores de edad.

Por ello, destacó, la reforma pretende castigar a quienes con fines de lucro o sin él contraten o publiquen mediante anuncios impresos o electrónicos en medios de comunicación publicidad o propaganda para promover la pornografía de personas menores de 18 años.

La reforma regula y sanciona las conductas para contratar publicidad por cualquier medio de comunicación y de publicar anuncios que se ajusten directa o indirectamente a las conductas típicas del delito; no se trata de coartar la libertad de expresión sino de sancionar con claridad conductas que hoy son delitos, precisa.

Asimismo, se propone que la Comisión Intersecretarial para Coordinar las Acciones en Materia de Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, tenga como nueva facultad la de monitorear y vigilar que los anuncios que se publiquen por cualquier medio no contravengan lo dispuesto en la misma.

La diputada Marcela Guerra Castillo (PRI) precisó que la trata de personas es un problema global al que ningún país es inmune y de orden público por su vinculación a los flujos migratorios.

“Nos comprometemos a seguir luchando para erradicar el problema, revisar con lupa todo aquello que lacere a la dignidad de las personas; no se trata de coartar la libertad de expresión sino de ir más allá, de buscar frenar todo aquello que se publicite y que se dé como si fuera en el comercio sexual un objeto”, refirió.

Por Acción Nacional, la legisladora Rosi Orozco destacó que la Comisión Especial de Lucha Contra la Trata de Personas recibió la denuncia de 62 víctimas, de las cuales, muchas de ellas fueron vendidas como objetos a través de estos medios publicitarios, por lo que es hora de actuar para ir erradicando estas perniciosas conductas.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (PRD) mencionó que se trata de evitar que quienes están usando a mujeres de manera delincuencial o las tienen atrapadas contra su voluntad sigan haciéndolas objeto de uso predominantemente de los hombres, ante la impunidad y falta de respuesta del ejecutivo, puesto que se ha incumplido con un diagnóstico de trata.

La legisladora Rosario Brindis Álvarez (PVEM) expresó que estos anuncios constituyen una forma de promoción, difusión y facilitación de la actuación de las redes del crimen organizado, pues utilizan los medios publicitarios a fin de llevar a cabo la práctica del delito de trata de personas, fomentar la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados y esclavitud.

De Nueva Alianza, Cora Pinedo Alonso indicó que la trata de personas con fines de explotación sexual es la esclavitud de nuestro tiempo, pues la demanda es una de las razones principales de su existencia; la pobreza, la falta de igualdad y el respeto por los derechos humanos; un nivel de educación bajo y el desempleo, son factores que hacen que las personas más fácilmente entren en contacto con la trata y la prostitución.

Al hablar en contra, los diputados del PT, Jaime Cárdenas Gracia y Gerardo Fernández Noroña mencionaron que su voto sería en abstención y señalaron que la reforma sí puede criminalizar la libertad de expresión y la libertad de imprenta, así como vulnerar el principio de proporcionalidad para los delitos y penas que establece el artículo 22 de la Constitución.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI) destacó que no se violenta la libertad de expresión, porque está claro que lo que se está vendiendo es el servicio, el cuerpo y demás; “la línea es muy delgadita y lo que estaríamos promoviendo sería la apología de la trata, y la apología de la trata es muy grave”.

Lucila del Carmen Gallegos Camarena (PAN) precisó que las causas de este tráfico son a menudo la pobreza, la discriminación, la desigualdad de género, la falta de oportunidades económicas, el desconocimiento, la promesa de beneficios materiales, la falta de educación y la vulnerabilidad, de ahí la importancia de la aprobación del dictamen.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (PRD) resaltó que con el dictamen se le da más respaldo y confianza a quienes más lo necesitan, sobre todo a las niñas, niños y mujeres.

Aprobado en lo general y particular se mandó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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