• Iniciativa Mérida, operativo “Rápido y Furioso” y soberanía, temas centrales en la reunión

Diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores se reunieron con el subsecretario para América del Norte de la SRE, Julián Ventura Valero, para intercambiar puntos de vista sobre el tráfico de armas, el operativo “Rápido y furioso”, y la Iniciativa Mérida.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputado Porfirio Muñoz Ledo (PT), expresó que los temas en la relación de México-América del Norte son extremadamente complejos, espinosos y graves.

Como mexicanos, dijo, se tiene el interés de corregir situaciones complicadas, así como dialogar, intercambiar opiniones y tratar de generar una corriente más amplia en defensa de los intereses nacionales.

La diputada Beatriz Paredes Rangel (PRI) señaló que se requiere de un esfuerzo de diplomacia parlamentaria multiplicado con Estados Unidos, pues se vive un momento muy delicado en las relaciones.

Se manifestó por que en las convenciones sobre derechos humanos se forme un activismo ante los organismos mundiales en torno a la xenofobia que se da con el país vecino del norte.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella (PRI) indicó que de ser ciertas las versiones de la operación encubierta “Rápido y furioso”, significaría que se ha vulnerado la soberanía de México, por lo que cuestionó sobre los resultados compartidos que se tienen con Estados Unidos en el objetivo de detener el tráfico de armas.

Por el PAN, la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez cuestionó qué le corresponde al Ejecutivo y al Legislativo respecto de las previsiones por las leyes locales que se están presentado como la SB1070 que endurecen las acciones antimigrantes.

Leonardo Arturo Guillén Medina (PAN) preguntó cuál es la evaluación que ha hecho la Cancillería a la situación política; “qué hacen para proteger los derechos e interés de las comunidades ante proyectos de leyes similares a la Ley SB1070 Arizona; y es importante, dijo, conocer la opinión de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores respecto de las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual.

El diputado José Luis Jaime Correa (PRD) señaló que es muy grave que el gobierno mexicano no tuviera conocimiento del operativo “Rápido y furioso” porque muestra una enorme ausencia de información. “Es una muestra clara de la desconfianza que tiene el gobierno de Estados Unidos hacia México y eso es muy lamentable porque se ha exhibido la incapacidad que existe en las instituciones de seguridad de este país”.

Martín García Avilés (PRD) consideró que la reacción de México ha sido tibia y muy lenta. Cuestionó qué acciones, en el marco del derecho internacional público, inicia nuestro país ante organismos internacionales, y exigió que los hechos violatorios de la soberanía nacional sean llevados ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

La diputada Caritina Sáenz Vargas (PVEM) pidió precisar qué acciones ha realizado el gobierno mexicano para exigir explicaciones con relación al contrabando de armas, del programa “Rápido y furioso”. “Delimitar responsabilidades y aplicar sanciones a los involucrados, porque de no hacerlo estaríamos permitiendo que se actúe como delincuentes”.

Pablo Escudero Morales (PVEM) mencionó que los operativos relativos al tráfico de armas son penosos, vergonzosos y terribles, pero sobre todo violan la soberanía del país. Preguntó dónde deben ser juzgados los funcionarios extranjeros que participaron en los delitos que fueron planeados desde Estados Unidos y consumados en México.

Jaime Álvarez Cisneros (Convergencia) precisó que el tráfico de armas alimenta a los grupos delictivos del crimen organizado, pues el poder de fuego que han alcanzado estas organizaciones les permite enfrentar directamente a la fuerza del Estado, atemorizar a la sociedad y luchar entre ellos por el mantenimiento de las rutas y los mercados. “El problema de fondo es la permanente desconfianza entre ambos países”.

El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Julián Ventura Valero, explicó que la política del gobierno de México ha consistido en reforzar las acciones contra del tráfico de armas hacia el país, incluyendo la cooperación bilateral basada en la responsabilidad compartida y el respeto mutuo.

Mencionó que se ha sido enfático en que debe detenerse el tráfico de armas, pues las denuncias hechas en medios sobre el operativo “Rápido y furioso” han suscitado gran preocupación en ambos países, dado que son graves y deben ser abordadas con rigor y seriedad.

El operativo, dijo, en los términos en que habría sido autorizado, buscaba permitir que intermediarios pudieran adquirir armas en Estados Unidos para detectar esquemas ilícitos de distribución y venta a terceros en territorio estadounidense, sin que se contemplara su trasiego transfronterizo controlado.

“Dicha práctica ilegal no hubiera sido aceptable para el gobierno de México, ni lo será, bajo ninguna circunstancia. Se requiere de plena transparencia entre ambos países ante casos como éste, para mantener el ambiente de cooperación que se ha generado”.

Resaltó que el gobierno de México solicitó inmediatamente información detallada a Estados Unidos; la PGR inició investigaciones encaminadas a sancionar cualquier delito que pudiese haber sido cometido en territorio mexicano. “Estamos actuando con seriedad y con responsabilidad”.

“El gobierno de México no avaló, ni participó en ningún operativo que pudiese contemplar el trasiego transfronterizo de armas; es un acto ilegal que no podría avalarse. Lo mismo ha señalado el gobierno estadounidense y por eso se ha iniciado una investigación para determinar con claridad cómo se dio este proceso a fin de que se puedan deslindar responsabilidades”.

Julián Ventura subrayó que la violencia fronteriza que afecta a nuestros nacionales ha sido un asunto de especial preocupación para el Gobierno de México. “El uso de fuerza letal por agentes estadounidenses contra ciudadanos mexicanos ha generado, con razón, preocupación y condena”.

La cooperación contra el crimen organizado, dijo, representa un elemento central de la relación en torno al cual se ha generado una intensa y legítima atención.

“Trabajamos en la consolidación de un cambio paradigmático en la cooperación, no exento de retos importantes. Tenemos la oportunidad de trabajar con un Ejecutivo estadounidense dispuesto a asumir explícitamente sus responsabilidades en materia de consumo de drogas, tráfico de armas y de dinero en efectivo”.

Respecto al asesinato de un agregado de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, expresó que ha propiciado un debate sobre la presencia y funciones de personal estadounidense en México.

Agregó que esta presencia representa una expresión de los intercambios cada vez más intensos entre contrapartes estadounidenses y mexicanas orientados a fortalecer la corresponsabilidad y las capacidades operativas mexicanas. “La importancia y seriedad del asunto no dan lugar a ambigüedades”.

Por lo que, detalló que el gobierno de México se apegará estrictamente a lo dispuesto en el marco legal vigente y a las normas en vigor desde 1992, que impiden que personal extranjero realice labores reservadas a las autoridades nacionales y, particularmente, que prohíben la portación de armas.

En cuanto a la Iniciativa Mérida, subrayó que representa el elemento más visible de esta nueva dinámica de cooperación, pues incluye el compromiso de cada país de realizar mayores acciones dentro de sus respectivas jurisdicciones, así como el aumento significativo de la cooperación entre Estados Unidos y México.

El subsecretario mencionó que existen aproximadamente en 17 estados de EU leyes que pudiesen guardar cierta similitud con la SB1070 bajo discusiones.

También participaron los diputados Carlos Flores Rico (PRI), Jesús Ramírez Rangel (PAN), así como María Dina Herrera Soto y José Luis Jaime Correa, del PRD.

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