• Impulsar a dichas agrupaciones permitirá elevar competitividad y crear empleos: diputado Guajardo Villarreal

Diputados, senadores y funcionarios coincidieron que la minuta que expide la Ley de Asociaciones Público-Privadas representa una gran oportunidad para el desarrollo del país, porque otorga certidumbre jurídica y eleva la competitividad.

En el foro “Asociaciones Público-Privadas” organizado por la Comisión de Economía, su presidente, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal (PRI), dijo que desde hace décadas este tipo de agrupaciones impulsan el desarrollo nacional.

No obstante, destacó, no cuentan con un marco de certidumbre que garantice su utilidad pública en el desarrollo del futuro de México, por lo que es necesario conferir certeza jurídica a lo que venía sucediendo en la vida, tanto a nivel federal como en algunos estados.

Detalló que uno de los elementos que más han influido en la pérdida de los niveles de competitividad, al bajar del lugar 42 al 62, es el rezago en la infraestructura necesaria para impulsar el desarrollo, de ahí la importancia de la Ley de Asociaciones Público-Privadas.

“Se trata de decir cómo se apoya los proyectos de inversión público-privadas; cómo se garantiza la rectoría del Estado y se protegen los sectores privilegiados; cómo se logra la canalización de recursos para poner a México en el siglo XXI en la competencia de infraestructura global”, cuestionó.

Al declarar inaugurado el foro, el diputado Francisco Rojas Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del PRI, recalcó que es una preocupación de su fracción contribuir al relanzamiento de la economía del país para atender las necesidades y las demandas de la gente.

Señaló que para afrontar las crisis es fundamental consolidar el mercado interno, crear y fortalecer condiciones que posibiliten la recuperación de los empleos perdidos y generar nuevos puestos de trabajo.

Enfatizó que se deben fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas; invertir en infraestructura y detonar la vocación productiva de estados y regiones para propiciar un desarrollo más equilibrado y justo.

Con la Ley de Asociaciones Público-Privadas, subrayó, se pretende dar certidumbre jurídica al desarrollo de proyectos mediante estas asociaciones para que hagan contratos de largo plazo para la prestación de servicios al sector público o al usuario final.

A su vez, el senador Eloy Cantú Segovia, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, explicó que la Ley de Asociaciones Público-Privadas, aprobada en 2010 en el Senado de la República, no abre espacios adicionales a la participación del sector privado, sino dice cómo hacerlo más eficiente.

Destacó que en la ley se acordó que toda información relativa a los proyectos de Asociaciones Público-Privadas (AAP) debería aparecer en el sistema de información de Compranet; que la infraestructura pública existente no podría transferirse al sector privado en esquemas de AAP y contempla un fondo para impulsar proyectos de innovación y desarrollo.

La ley, afirmó, tendría como principal objetivo permitir en la acción pública federal asociarse con particulares para el desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios de mediano y largo plazo que requieren de grande inversiones y que de otra manera tendrían que postergarse indefinidamente por la limitación que hay de los recursos públicos.

Con la aplicación de la ley, expresó, se podrá dotar una mayor certidumbre jurídica tanto al Estado como a los particulares en el esquema de APP; se establece la forma mediante la cual se podrían concretar importantes proyectos de inversión en obras que tenga un servicio de rentabilidad social para impulsar el crecimiento económico, generar más empleos y hacer de México una país más atractivo a la inversión.

El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gerardo Rodríguez Regordosa, refirió que existen muchos ejemplos de asociaciones que permiten acelerar la proveeduría de servicios públicos básicos, sin embargo, se han detectado elementos que no permiten desarrollar estos proyectos con la agilidad que se requieren.

Destacó que la Ley de Asociaciones Público-Privadas retoma todos esos elementos, a fin de darle un marco moderno de interacción entre las leyes específicas y una ley amplia para que estos proyectos se desarrollen de manera ágil, segura y con certidumbre jurídica para el gobierno federal y los privados.

La Ley, resaltó, contiene certeza jurídica ya que permite abarcar todo y dar claridad a los participantes. Señaló que el sector privado es el que está mejor capacitado para calcular los riegos, apostar, controlar costos, generar empleo y con eso detonar desarrollo económico en términos generales.

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