• El auditor superior, Manuel Portal, pidió a legisladores acotar facultades de la SHCP en el manejo de ingresos excedentes

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior de la Federación, efectuaron este miércoles el análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, correspondiente al sector Hacienda y Crédito Público y Funciones de Gobierno.

Durante la reunión de trabajo, diputados del PRI, PRD y PT reprueban la Cuenta Pública de ese año, por considerar que causa un grave daño a los recursos presupuestales y al patrimonio nacional, además de que existen diversas situaciones que no han sido aclaradas, evidenciando opacidad, corrupción y discrecionalidad.

En su exposición, el auditor superior, Manuel Portal Martínez, demandó a la Cámara de Diputados acotar las facultades de la Secretaría de Hacienda en torno al manejo de los ingresos excedentes.

Destacó que de acuerdo con la Cuenta Pública 2009, se reportaron ingresos excedentes por 25 mil millones de pesos, de los cuales fueron distribuidos por la Secretaría de Hacienda, 23 mil millones a dependencias, mismas que destinaron el 75 por ciento a gasto corriente y el restante a subsidios e inversiones.

La diputada Marcela Guerra Castillo (PRI) indicó que en dicho periodo se registraron faltas graves en la contabilidad pública, por lo que urge mejorar el rumbo económico del país, además de que consideró como grave que el Ejecutivo contrate deuda y no genere fuentes de pago.

Manifestó que es preocupante que con respecto a la Cuenta Pública de 2009 Transparencia Internacional haya puesto a México una calificación de tres puntos en una escala del uno al diez. “Esto es muy delicado porque a pesar de que hemos avanzado en materia legislativa, con las acciones de la administración pública federal pareciera que vamos hacia atrás”.

Se refirió a la deuda pública y destacó que la Secretaría de Hacienda no puede estar por encima de la legalidad, toda vez que flagrantemente ha violado la Ley General de Deuda Pública.

A su vez, el diputado Manuel Clouthier Carrillo (PAN) señaló que el tema de deuda pública preocupa, sobre todo, porque se ha registrado un crecimiento importante a pesar de que en los últimos 10 años se obtuvieron ingresos petroleros sin precedente, mismos que se destinaron no sólo al gobierno federal, sino a los estados y municipios.

“Nunca había valido tanto el petróleo y fueron cuantiosos los recursos que se desparramaron a los diferentes niveles de gobierno, por lo tanto nadie puede argumentar que no tuvieron dinero como para que se haya incrementado tanto la deuda pública”.

Por su parte, el diputado Ramón Jiménez López (PRD) destacó que del Informe de la Cuenta Pública, la Secretaría de Hacienda registró seis auditorías dictaminadas de manera negativa que arrojaron irregularidades por 1 billón 786 mil 218 millones de pesos, más del 50 por ciento del Presupuesto Programado para ejercerse en 2009.

“En consecuencia, no tenemos que esperar al Pleno de la Cámara de Diputados para decir, con mucha claridad, que la Cuenta Pública ejercida en ese año está totalmente reprobada”.

Señaló también que es inadmisible que Petróleos Mexicanos haya comprometido hasta el 2018 parte de la factura por ingresos derivados de la exportación de crudo y dijo que si la ASF descubrió que en el 2009 la administración de la paraestatal hipotecó esos ingresos sin autorización del Congreso, se debe ampliar la información, a fin de detectar a detalle las irregularidades y actuar en consecuencia.

El diputado Pablo Escudero Morales (PVEM) señaló que en el informe de resultados de la Cuenta Pública 2009 se detectaron una serie de irregularidades en la Secretaría de la Función Pública, al grado de que la ASF reprobó a la dependencia.
Entre otras, dijo, la Secretaría de la Función Pública no tiene evidencia documental de la elaboración de un programa institucional acorde al marco jurídico que rige su funcionamiento, además de que no elaboró mapas de riesgo que permitieran cumplir con los objetivos y metas de los programas nacionales de rendición de cuentas, transparencia, combate a la corrupción y mejoras a la administración pública.

“Estas fallas se han mantenido hasta la fecha, lo que nos dice que esta institución no cumple con sus responsabilidades y no brinda resultados favorables, lo que es inadmisible. Estoy convencido de que México no se merece esta Secretaría de la Función pública; en 15 años que llevo trabajando en los órganos internos de control nunca había visto un trabajo tan desastroso”.

El diputado Mario di Costanzo (PT) destacó que entre 2003 y 2009, los ingresos excedentes ascendieron a 1 billón 380 mil millones de pesos, similar a la deuda del Fobaproa. Sin embargo, entre 2008 y 2009 el endeudamiento aumentó en casi 900 mil millones de pesos más las líneas de crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 77 mil millones de pesos.

Asimismo, se refirió al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el cual, dijo, en 2009 devolvió más de 226 mil millones de pesos, “y lo grave es que se redujo el número de juicios ganados, solamente 997 cuando en 2005 se ganaron 2 mil 745. Además de que fue omiso en la devolución del derecho de trámite aduanero al no enterar 530.8 millones de pesos.

Por lo que toca al IDE, subrayó, se devolvió el 32 por ciento de lo que se recaudó, equivalente a 5 mil 974 millones de pesos “y lo peor es que lo hizo únicamente a 17 contribuyentes que incluso tienen impuestos diferidos y que no son otros que las grandes empresas”.

Finalmente, el diputado Alejandro Gertz Manero (Convergencia), comentó que los resultados de la Cuenta Pública del 2009 confirman que la delincuencia organizada ha ganado terreno a los organismos encargados de imponer el orden y que se mantiene la corrupción.

Por ello, exhortó a los legisladores y a las autoridades correspondientes a tomar en cuenta los resultados de esta Cuenta Pública para diseñar de mejor manera los proyectos de inversión, a fin de tener un impacto positivo que beneficie a la población.

Al respecto, la diputada Esthela Damián Peralta (PRD) presidenta de la Comisión de Vigilancia, solicitó al auditor superior dar seguimiento puntual al tema de las aduanas, el cual está ligado con la Iniciativa Mérida y en particular, con el tráfico de armas.

Señaló que es preocupante la información vertida por la ASF en torno a que de las auditorías practicadas a las aduanas en tres dictámenes salieron limpias “cuando todos sabemos que éstas son extraordinariamente opacas e impera la corrupción”.

Lo peor de todo, abundó, es que este asunto tiene que ver con el tráfico de armas. Es delicado que no tengamos un mínimo control de lo que ingresa al país y sobre todo, que provoque que la delincuencia organizada ingrese de contrabando o de manera legal, equipos que superan a los de las fuerzas de seguridad del país.

“En la Comisión de Defensa Nacional hemos solicitado la comparecencia del titular de Aduanas y del secretario de Gobernación para que expliquen el ingreso de las armas provenientes de Estados Unidos, dentro del operativo Rápido y furioso. A nombre de la Comisión de Vigilancia le solicitamos a la ASF que este asunto de las aduanas no se quede sin fiscalizar en este año”.

Durante su presentación, el auditor superior, Juan Manuel Portal Martínez, señaló que al cierre del ejercicio de 2009, la Secretaría de Hacienda autorizó reasignaciones presupuestarias por 4 mil millones de pesos provenientes del ramo general 23, a diversas dependencias, entidades y fideicomisos, sin que existieran compromisos de aplicación inmediata, cuyo fin era mostrar un equilibrio presupuestario y no reflejar subejercicios.

Por otra parte, refirió que a pesar de que el gobierno federal ha establecido una estrategia de disminuir la deuda externa, en el ejercicio fiscal de 2009 se detectó que creció 8 por ciento en comparación con la de 2008 hasta alcanzar un 43 por ciento del PIB.

“Considerando estos dos conceptos, la deuda bruta del Sector Público Presupuestario a 2009 representó el 43 por ciento del PIB, contrario a lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional que la deuda pública de los países emergentes se mantenga en un rango de 25 a 30 por ciento del PIB”.

Abundó que en este rubro no fue incluida en el monto total de la deuda bruta del Sector Público Presupuestario la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuyos pasivos contingentes por Pidiregas ascendieron a 323 mil millones de pesos y el pasivo del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), no reconocido como deuda pública, por 755 mil millones de pesos.

En este sentido, planteó a los legisladores evaluar la pertinencia de asumir como deuda pública los pasivos del IPAB, para que sean administrados directamente por la Secretaría de Hacienda.

Por otro lado, refirió, las obligaciones laborales del gobierno federal constituyen un riesgo para las finanzas públicas, toda vez que no se cuenta con reservas suficientes para cumplir con ellas. A lo anterior, “deben agregarse las contingencias derivadas de los pasivos laborales de las empresas paraestatales, universidades públicas y gobiernos estatales y municipales, no cuantificadas en su totalidad.

El auditor superior mencionó que en 2009 el gasto neto presupuestario ascendió a más de 3.1 billones de pesos y que el gasto programable representó el 79 por ciento de dicho monto. “A su vez, el gasto corriente contribuyó con el 75.1 por ciento”.

Por lo que toca a los resultados de seguridad pública, Portal Martínez dijo que se identificaron insuficiencias respecto a los registros que integran el Sistema Nacional de Información y no se verificó, por parte del secretariado, el incumplimiento de los convenios de coordinación dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“En lo que concierne al gasto federalizado, mismo que se otorga mediante dos vías de financiamiento, el FASP y el SUBSEMUN, la ASF determinó limitaciones e insuficiencias de operación, así como irregularidades en el ejercicio de los recursos de ambos fondos”.
Se refirió también a la Iniciativa Mérida, de la que dijo, en la revisión se encontró que la entrega de equipo por parte del gobierno de Estados Unidos, ha sido parcial y se observa la carencia de registros sobre la capacitación recibida, además de que no todas las instituciones involucradas han establecido indicadores para evaluar el impacto de la delincuencia organizada, y aquellas que cuentan con éstos carecen de los resultados de su aplicación.

“Esta situación no permite medir el impacto del equipo y la capacitación recibida y no hay un control confiable para conocer el estado real del cumplimiento de los compromisos establecidos”.

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