• Endeudamiento de gobiernos locales asciende a 262 mil mdp: Damián Peralta.

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recibió el Análisis del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2009, denominada “Funciones de Desarrollo Social y Estados y Municipios” referente a los programas de salud, educación, combate a la pobreza, seguridad, infraestructura y su impacto a nivel estatal.

En el informe presentado por el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, se precisa que en 2009 el gasto federalizado ascendió a 929 mil 167.8 millones de pesos, de los cuales, el 40 por ciento, es decir, 375 mil 717.3 mdp, fueron participaciones fiscales de libre administración hacendaria y no pueden ser fiscalizados.

La diputada Esthela Damián Peralta, presidenta de la Comisión de Vigilancia, destacó que la rendición de cuentas por parte de los estados no fue mejor a la de otros años, ya que tienen nuevos problemas y uno de los más serios se refiere a la deuda, que asciende a 262 mil millones de pesos con cargo a los recursos federales.

En este tema, dijo que es importante conocer si el Sistema Nacional de Fiscalización contempla auditorías transversales que permitan identificar los resultados de todos los estados y el D.F. en materia de deuda.

“El asunto es la cantidad de recursos con que cuenta un estado para pagarla”, precisó.

Reconoció que algunos estados tienen conflictos para operar, según la ley de coordinación fiscal, los recursos que se transfieren en materia federal.

En su oportunidad, la diputada Marcela Guerra (PRI) señaló que la deuda pública del gobierno federal ha llegado a niveles “tremendamente insospechables”, que incluyendo los pasivos contingentes, PIDIREGAS y otros puntos, llegó a 49 por ciento del PIB nacional.

Indicó que se debe revisar integralmente el sistema de deuda pública, la Ley de Deuda Pública y las leyes de coordinación fiscal, en cuanto al Ramo 33 se refiere.

A su vez, el diputado Daniel Gabriel Ávila Ruíz (PAN) dijo que se debe replantear el sistema de coordinación fiscal actual “o definitivamente comprometernos como diputados a legislar estrictamente en temas de transparencia y rendición de cuentas de los recursos federales que ejercen los estados, los gobernadores y los municipios”.

Es inadmisible, refirió, que año con año se tenga la misma conversación de las “diversas, frecuentes y concurrentes irregularidades que por interpretación errónea de la ley o conscientemente cometen funcionarios públicos”.

La diputada María Martínez Peña (Nueva Alianza) señaló que las auditorías correspondientes a los entes vinculados con la funciones de desarrollo social son de la mayor importancia, dadas las características de pobreza, desigualdad y marginación que ha presentado el país de manera casi permanente.

Afirmó que el análisis del informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta pública 2009 debe contribuir a elevar la calidad de la fiscalización superior y hacer más eficiente su gestión en función de la demanda ciudadana de conocer los resultados de la gestión pública, la forma en que se ejercieron los resultados derivados de su contribuciones y el nivel de cumplimiento de objetivos de algunos programas.

El diputado José Narro Céspedes (PRD) manifestó su preocupación porque en la crisis de 2009 no se siguieron los lineamientos que definió esta legislatura sobre el gasto presupuestal.

Además, dijo que en las auditorías de educación, salud, política social, todos los indicadores en general se han profundizado en un desempeño negativo o que ha gravado esos problemas.

“A pesar de los señalamientos año con año, las observaciones o recomendaciones no han sido atendidas y vemos un crecimiento muy grave”. Señaló que según el informe, en los estados y municipios se mantienen prácticas recurrentes de irregularidades en la recepción y administración de los recursos federales que se reflejan en una elevada cuantificación monetaria de las observaciones que ascienden a 40 mil 650.4 millones de pesos”.

Al presentar su informe ante integrantes de las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de Desarrollo Social, Vivienda y de la Función Pública, Juan Manuel Portal Martínez, indicó que en 2009 el gasto federalizado ascendió a 929 mil 167.8 millones de pesos, de los que 40 por ciento, 375 mil 717.3 mdp, fueron participaciones fiscales de libre administración hacendaria y no pueden ser fiscalizados.

Dijo que el gasto federalizado representó el 30 por ciento del gasto neto total del sector público presupuestario y que 553 mil 450.5 mdp (59.6 por ciento) correspondieron a recursos cuyo destino está condicionado a los fines que establece su normativa y son fiscalizados por la ASF.

Explicó que en la revisión de la Cuenta Pública 2009 se obtuvieron recuperaciones por seis mil 742.1 millones de pesos que sumados a lo recuperado en el periodo 2001-2008, en lo que concierne exclusivamente a fiscalización del gasto federalizado, asciende a 21 mil 982 mdp.

Agregó que la fiscalización superior de los recursos públicos destinados al Grupo Funcional Desarrollo Social, se aplicó a 38 entes públicos, a los cuales se les practicaron 104 auditorías, que representan el 11 por ciento del total de las realizadas a la Cuenta Pública 2009. Se efectuaron 30 auditorías de desempeño, 10 especiales, 43 financieras y de cumplimiento, así como 21 de inversiones físicas.

Las revisiones en educación, dijo, se complementaron con 33 auditorías al fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y con 31 revisiones al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, así como con 32 auditorías al Fondo de Aportaciones para los servicios de Salud y 32 acuerdos de coordinación del Seguro Popular.

Por lo que hace a las auditorías efectuadas a dependencias y entidades públicas, se emitieron mil 9 observaciones que generaron mil 407 acciones: 620 recomendaciones, 408 recomendaciones al desempeño; 4 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 65 solicitudes de aclaración; 247 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria; 55 pliegos de observaciones y siete denuncias de hechos, éstas últimas que se generaron y systentaron con el auxilio y aplicación de auditorías forenses.

En materia de educación, informó que en términos de proporción del PIB, México dedica un porcentaje notable para educación (6.9%), sin embargo la calidad sigue siendo baja, de acuerdo a criterios internacionales de evaluación.

Además, casi la cuarta parte de los estudiantes de educación básica asistió a escuelas incompletas (nueve por ciento) o multigrado (15 por ciento) y que 80 por ciento de los profesores no contaron con acreditación de su actualización profesional.

Dijo que los recursos para capacitación del personal docentes no se aprovecharon totalmente, pues no se devengaron 212 millones de pesos, en poder de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Añadió que de las cuentas públicas de 1998 a 2009, se practicaron auditorías al 92 por ciento de las instituciones públicas de educación superior, estatales y federales, y se observó que persisten deficiencias como la falta de entrega oportuna de recursos federales y estatales a las universidades por parte de los gobiernos de los estados y la escasa vigilancia de la Secretaría de Educación Pública de convenios de apoyo financiero.

En materia de salud, aunque el gasto se incrementó, presenta problemas de cobertura y calidad del servicio, agravados por los pasivos laborales de jubilaciones y pensiones.

Dijo que en 2009 los sistemas de seguridad social atendieron al 61 por ciento de los 107 millones de mexicanos; el Seguro Popular al 29 por ciento; los seguros médicos del sector privado al 1 por ciento y el 9 por ciento restante quedó pendiente de incorporarse en algún esquemas

Señaló que en 2009, año en que se hizo frente a la Influenza AH1N1, la auditoría al Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades determinó que 8.3 millones de dosis se distribuyeron sin contar con el dictamen de COFEPRIS relativo a su potencia, calidad e inocuidad; mientras que 4.8 millones de dosis, al cierre de la auditoría, no habían sido liberadas por el órgano regulador.

En ese año, el IMSS registró un patrimonio de 74 mil 669 millones de pesos, pero “si se considera el total de su pasivo laboral devengado a valor presente, su saldo alcanzaría un monto negativo de 1.6 billones de pesos”.

En tanto, el ISSSTE registró un déficit de 11 mil 49 millones de pesos, que superó 35 por ciento al registrado en 2008, es decir ocho mil 134 MDP y que el monto del valor presente de las obligaciones totales del ISSSTE en 2009 fue de 282 mil 426 MDP, 63 por ciento más que en 2008, que fue de 173 mil 277 millones de pesos.

Por lo que hace al Seguro Popular, de las 31.1 millones de personas afiliadas, el 98.4 por ciento (30.5 millones) se encontraba en el régimen no contributivo y el 1.6 por ciento (0.5 millones) en el pago de cuotas familiares, por lo que sus egresos en 2009 (55 mil 886 MDP), fueron sufragados con recursos provenientes del erario federal, lo que representara a futuro una presión adicional a las finanzas públicas.

En cuanto a Asistencia Social, dijo que el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, que atiende los componentes de educación, salud y alimentación, en 2009 tuvo un ejercicio de 46 mil 698 millones de pesos, que representaron 20 por ciento de los 236 mil 37 mdp erogados en la superación de la pobreza.

Se beneficiaron 5.2 millones de familias, 23.6 millones de personas; el 47 por ciento de 50.6 millones de mexicanos en situación de pobreza patrimonial.

El aumento del gasto en dicho programa se acompaña de mayor concentración de recursos a nivel federal, del total de los recursos ejercidos en 2001, el Gobierno federal participó con el 56 por ciento y en 2009 se incrementó a 79 por ciento.

Concluyó que es necesario fortalecer la calidad del gasto federalizado mediante la reforma del marco jurídico y de un nuevo esquema de coordinación entre el gobierno federal, las entidades federativas y municipios para abatir inercias perjudiciales para el manejo de recursos.

Propuso expedir una “Ley General de Presupuesto y Gasto Federalizado” en la que se regule la distribución de competencias y coordinación de los tres órdenes de gobierno en materia de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de dicho gasto. Además, mejorar el marco jurídico que regula la aplicación, ejercicio y destino de los fondos.

Sugirió reforzar facultades para que las instancias de control y fiscalización del ámbito federal y local sancionen el incumplimiento de los gobiernos y corrijan deficiencias.

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