A fin de reorientar la política salarial en el país y reducir la pobreza alimentaria, el diputado Ricardo Ahued Bardahuil (PRI) propuso reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo octavo transitorio, a fin de establecer un subsidio para la nivelación del salario mínimo.

Lo anterior, nivelaría el salario de la población ocupada, cuya posición laboral sea de subordinada y remunerada, y asalariadas, que obtengan entre uno y hasta tres salarios mínimos, para que puedan adquirir la canasta alimenticia recomendable.

El esquema fiscal elegido es un subsidio que permitiría ampliar el poder de compra de este estrato de trabajadores ocupados y, simultáneamente, no aumentará el pago de las prestaciones a la que estos asalariados por ley están obligados a cubrir por el goce de sus conquistas laborales, puesto que la base sobre la cual recae el salario base de cotización permanecerá constante.

La población beneficiada serán los 15 millones 478.8 mil trabajadores remunerados y subordinados y que son asalariados, de los que 3 millones 543.3 mil perciben hasta un salario mínimo, 6 millones 149.67 mil reciben hasta dos salarios mínimos y 5 millones 785.96 obtienen hasta tres salarios mínimos.

Para la población ocupada que sea subordinada y remunerada, y que forme parte de los asalariados que ganan hasta un salario mínimo, el subsidio por trabajador será de 23.23 pesos diarios; para los que ganan hasta dos salarios mínimos se estimó en 11.62 pesos diarios; y los que ganan hasta tres salarios mínimos será de 7.74 pesos diarios. Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Elimina la Sedesol

El diputado Antonio Benítez Lucho (PRI) propuso reformar la Ley de la Administración Pública Federal y la Ley General de Desarrollo Social, con el efecto de eliminar a la Sedesol y traspasar todas sus facultades de manera definitiva a los órganos homólogos en los estados y los municipios.

El legislador señaló que con esta propuesta las entidades federativas y los municipios podrán planear y ejecutar los programas de desarrollo social de acuerdo con los diferentes entornos y sus necesidades; sin la duplicación de funciones en el aparato administrativo. Se envió a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Desarrollo Social.

Recaudación fiscal

La diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz (PAN) propuso una reforma al artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de que se destine dentro del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal un programa rentable de recaudación fiscal.

Lo anterior, para que los municipios se vean en la disposición de generar recursos por ellos mismos, sin necesidad de esperar las dos fuentes principales de ingresos para los municipios. Se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Medición de la línea telefónica

El diputado Óscar González Yáñez (PT), a través de una reforma al artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, propone que se implemente un dispositivo de medición en cada línea telefónica que permita al usuario conocer su nivel de consumo en moneda nacional, lo que brindará certeza jurídica y económica de lo que tendrán que pagar. Se envió a la Comisión de Comunicaciones y de Hacienda y Crédito Público.

Herramientas interpretativas a los juzgadores

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) propuso reformar el artículo 20 del Código Civil Federal, con el propósito de ofrecer soluciones y herramientas interpretativas a los juzgadores federales para que resuelvan conflictos entre reglas jurídicas y contradicciones entre principios. Se envió a la Comisión de Justicia.

Asentamientos humanos

La diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz (PAN) presentó una reforma al artículo 61 a la Ley General de Asentamientos Humanos, para que cualquier persona u organización de vecinos, tenga derecho a presentar denuncia ciudadana ante la autoridad competente, sobre cualquier hecho, acto u omisión que contravengan las disposiciones los planes o programas de desarrollo urbano. Se remitió a la Comisión de Desarrollo Social.

Mexicanos nacidos en el extranjero

El diputado Ovidio Cortazar Ramos (PAN), a través de una reforma a la fracción V en el inciso A del artículo 30 de la Constitución, propuso que sean considerados como mexicanos la segunda generación de los hijos de mexicanos nacidos en el extranjero, contemplando su nacionalidad por consanguinidad, a efecto de que gocen de las garantías y derechos que otorga la Constitución. Se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Personas con discapacidad

A través de una reforma al artículo 2 de la Ley General de Educación, la diputada Nely Edith Miranda Herrera (PRI) busca que las personas con discapacidad tengan acceso a recibir educación en cualquiera de los niveles, por lo que no se les prohibirá de este derecho por razones de déficit funcional o sensorial.

Asimismo, el Estado proveerá las condiciones de accesibilidad y disfrute pleno de los servicios educativos, promoviendo acciones sustantivas, de sensibilización y sociabilización, para garantizar de manera plena su integración social. Se envió a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Protección a hijos de asegurados o pensionados

La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena (PAN), a través de una iniciativa que reforma la Ley del Seguro Social, impulsa que se brinde protección integral a todos los niños y los adolescentes hijos de los asegurados o pensionados.

Con la propuesta se busca asegurar que los hijos de los asegurados y pensionados menores de 18 años tengan acceso a los servicios médicos y de maternidad, cumpliendo así con lo previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Carta Magna y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turnó a la Comisión de Seguridad Social.

Aumentar penas al delito de desintegración de cuerpos humanos

Se aumentarán penas a quien incurra en delitos considerados graves como el de desintegrar cuerpos humanos, con plena ausencia del respeto por la vida y la dignidad humana, propuso el diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza (PAN) a través de la iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 280 del Código Penal Federal y adiciona el inciso 37) a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

A quien viole las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones se le sancionaría con prisión de cuatro a quince años y con 180 a 360 días multa, especificó. Se turnó a la Comisión de Justicia.

Posteriormente se levantó la sesión y se citó para el martes 29 de marzo de 2011, a las 11:00 horas.

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