A fin de establecer que organizaciones civiles puedan participar en programas de prevención y atención integral contra las adicciones, como la drogadicción y el alcoholismo, la Comisión de Participación Ciudadana, aprobó la reforma al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organismos de la Sociedad Civil.

El diputado Arturo Santana Alfaro, presidente de la comisión dijo que se trata de ayudar a resolver el problema de drogadicción que aqueja a unos 100 mil niños y jóvenes y que registra un crecimiento en su consumo del 20 por ciento y 5 por ciento en bebidas alcohólicas, además de la existencia de 25 mil infantes y adolescentes sicarios.

Mencionó que a través de pláticas en escuelas se orientará y se ayudará a que este sector tome conciencia del grave problema que implica pertenecer a una banda del crimen organizado y ser traficante de drogas, en virtud de que crece el fenómeno de “niños y jóvenes sicarios”.

De hecho, explicó, las organizaciones de la sociedad civil tendrán libertad para replicar modelos exitosos como el de Alcohólicos Anónimos, así como innovar y proponer otros esquemas.

Así, se da legitimidad a que los recursos que sean aportados por las organizaciones de la sociedad civil -previamente registradas ante el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol)- puedan ser debidamente comprobados para evitar el uso indebido de dinero público otorgado por el Gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, puntualizó.

“Estamos facultando legalmente a las organizaciones de la sociedad civil en un tema que resulta hoy por hoy de suma importancia, toda vez que en los últimos años ha crecido de manera exponencial el consumo de drogas”.

Aclaró que no se contrapone ni empalma con las facultades que tienen el Gobierno federal o los gobiernos estatales. Se trata de que las organizaciones de la sociedad civil coadyuven en un problema con graves efectos, sobre todo en sectores vulnerables como los jóvenes.

Es momento de que organizaciones de la sociedad civil puedan coadyuvar, porque lo cierto es que las organizaciones gubernamentales no están a la altura de los requerimientos, no pueden atender el problema de drogadicción y alcoholismo no sólo de niños y jóvenes, sino también adultos.

Hay una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en asuntos de adicciones; sin embargo, otras no han podido avanzar en esa labor por el asunto de comprobación de gastos en los recursos que se aplican.

Así, con la reforma, dijo, las organizaciones aplicarán sin temor recursos para ayudar a que cada vez más jóvenes puedan ser rehabilitados, sobre todo por los momentos de violencia, de tantas muertes que tenemos.

La idea es que las organizaciones de la sociedad civil rescaten los espacios públicos que nos ayuden a construir el tejido social, sin contraponerse con las facultades que por ley tiene el propio Estado, el Gobiernos federal, así como los estatales y municipales, reiteró.

Los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana aprobaron por unanimidad la reforma de las diputadas Tomasa Vives Preciado y María de Lourdes Reynoso Femat (PAN), que se espera llevar al Pleno para su aprobación de la Cámara de Diputados.

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