La Comisión de Justicia aprobó un dictamen que adiciona el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada con el propósito de evitar el fraude procesal y obligar a declarar a los familiares de un indiciado por delitos de delincuencia organizada.

El presidente de esta comisión, diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, afirmó que las adiciones aprobadas repercutirán en el abatimiento de la impunidad.

Mencionó que el cinco por ciento de las bandas de delincuencia organizada comete el 60 por ciento de los secuestros, “¿por qué? Por la alta impunidad, la falta de eficacia de las corporaciones policiacas dedicadas a investigarlos, a la falta de eficacia y de preparación técnica de los Ministerios Públicos, de las policías constitucionales encargadas de perseguirlos.

“Esto favorece la impunidad y la multiplicación de los delitos de alto impacto”.

Entrevistado al término de la reunión de trabajo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Benítez Treviño explicó que el artículo 18 constitucional exime de la obligación de declarar, en materia de delincuencia organizada, a la esposa, esposo, hijos, parientes colaterales hasta el cuarto grado, a los parientes por afinidad y a los que tengan una relación profunda de respeto o amistad con las personas que son señaladas como presuntos responsables.

Sin embargo, “el artículo 16 constitucional establece que por delincuencia organizada se entiende la reunión de tres personas o más en forma habitual para delinquir; estamos descubriendo que las bandas de delincuencia organizada las integran familias”, lo cual entorpece la investigación, la averiguación previa.

“Favorece la impunidad de delincuentes, de bandas de narcotraficantes o dedicadas al secuestro, al robo de vehículos, al narcomenudeo o a otro tipo de delitos graves”, puntualizó.

Se busca incluir en el capítulo Falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro simule un acto jurídico, un acto o escrito judicial o altere elementos de prueba y los presente en juicio, o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, imponiendo de seis meses a seis años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa. Si el beneficio es de carácter económico, se impondrán las penas previstas para el delito de fraude.

Además, establece como improcedentes las excepciones previstas en los incisos a), b) y c) del artículo 400 del Código Penal Federal, así como las previstas en el artículo 243 del Código Federal de Procedimientos Penales, ambas relativas al parentesco, cuando se trate de delincuencia organizada.

Se propone adicionar el numeral 248 Ter del Código Penal Federal, así como los numerales 6 Bis y 41 Bis a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Durante la reunión, también se aprobó un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Procuraduría General de la República a efecto de que la dependencia a su cargo inicie las averiguaciones previas respecto a los hechos violentos sucedidos los días 1 y 12 de febrero en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, protagonizados por la delincuencia organizada, a fin de que se proceda a la detención de los líderes y operadores de las organizaciones criminales responsables de dichos eventos.

Además, que comunique de manera pública si actualmente en dicha dependencia se realiza alguna investigación respecto a funcionarios del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia, todos del estado de Jalisco, o sus parientes, que pudieran estar vinculados con las organizaciones criminales responsables de los sucesos violentos de las últimas semanas.

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